El costo Colombia

Por: Jorge Humberto Botero

La buena gestión macroeconómica que ha sido tradicional entre nosotros ha permitido que hayamos podido atraer inversión externa para la adquisición de títulos de deuda pública emitidos por el banco central. Ojalá esa fuente se mantenga; ha contribuido a financiar un déficit creciente en las cuentas externas, que proviene de la languidez de nuestra canasta exportadora; y ayudado, al mismo tiempo, a cerrar la crónica brecha fiscal. Que así suceda depende de que las calificaciones de la deuda externa se mantengan, cuestión que algunos analistas ponen en duda. Para atenuar esa contingencia es preciso manejar con gran prudencia la posibilidad, aún no materializada, de que el emisor le confiera créditos directos al gobierno nacional.

Sin embargo, es escaso el flujo de inversión extranjera hacia actividades empresariales. Al menos en los últimos veinte años no recuerdo que se hayan generado ingresos importantes de recursos hacia los sectores manufacturero y agropecuario. La participación de bancos extranjeros en nuestro mercado, que mucho serviría para profundizar los servicios financieros y generar grados mayores de competencia, es bastante menor a la que se registra en otros países de la región. En años recientes se ha observado el retraimiento paulatino de la industria reaseguradora con relación a ciertas modalidades de riesgo. Por último, cabe registrar que no aparecen por parte alguna inversionistas foráneos interesados en financiar, construir y operar carreteras, trenes, puentes, líneas de transmisión y distribución de electricidad y, en general, infraestructura física.

En este último campo el problema predominante consiste en la lentitud y complejidad de las consultas previas con las comunidades tribales. A comienzos de agosto el inventario de proyectos de infraestructura y minería pendientes de cierre era de 2.562; para evacuarlos, a los ritmos con los que se ha trabajado hasta ahora, se requerirían cuatro años. No se si el problema está superado, pero los proyectos de energía eólica en la Guajira, que tanta importancia tienen en la diversificación de la canasta energética, hasta hace pocas semanas se encontraban paralizados por intervención del Procurador General, supuestamente porque no se han realizado los procesos de consulta previa, argumento difícil de creer. El conjunto de empresarios involucrados en esos proyectos son firmas de larga experiencia que no deberían estar dispuestas, y menos todas ellas al mismo tiempo, a omitir unos requisitos que no solo las exponen a sanciones sino también a cuantiosas pérdidas.

Parte de la lentitud en los procesos consultivos obedece a debilidad institucional. El gobierno lo sabe y por eso ha decidido fortalecer radicalmente la capacidad de la dependencia ministerial encargada de tramitar las consultas previas. En el papel, la solución ya fue adoptada mediante la expedición de un decreto que estructura la nueva planta de personal. Esperamos que los cargos ya hayan sido provistos y los nuevos funcionarios se encuentren ejerciendo sus funciones.

Sin embargo, el problema de mayor entidad es otro: la falta de claridad de las reglas de juego sobre las consultas previas. Esta es una situación paradójica pues la Corte Constitucional ha expedido numerosos fallos sin que se produzca certeza normativa. Por eso ha pedido, desde hace al menos diez años, que se expida una ley para que, con fundamento en la jurisprudencia vigente, se regule la materia.

Esta exhortación jamás ha sido cumplida quizás por las complejidades políticas y jurídicas de hacerlo. En efecto:(i)las leyes que regulen esta temática requieren, a su vez, consulta previa. Ese es un proceso complejo que implica ejercicios previos de interlocución con los líderes de las comunidades sobre la metodología para realizarla y los propósitos básicos de la ley; un ejercicio parecido tendría que surtirse con los estamentos empresariales activos en los sectores de infraestructura y minería.(ii) La realización de la consulta como tal con los mencionados actores sociales y, de manera que podría ser simultánea, la búsqueda de respaldo con los distintos sectores políticos. (iii)El trámite de la ley teniendo en cuenta que su aprobación requiere mayoría absoluta de los miembros del Congreso y trámite en una sola legislatura.(iv)La revisión de la Corte Constitucional antes de que la ley sea promulgada.

Los cálculos tentativos que hemos realizado nos permiten afirmar que solo si se comienza el proceso en los próximos días sería posible concluirlo antes de que finalice el actual período presidencial. Ojalá él no deje pasar esta ventana de oportunidad.

Otra dificultad que recientemente ha surgido proviene del Acuerdo de Escazú, un instrumento multilateral cuya incorporación se adelanta en el Congreso. Allí está previsto que cada uno de los Estados suscriptores, en los procesos de interlocución social en temas ambientales, promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda. Esto significa que la definición de los impactos de determinadas intervenciones en la naturaleza no se resolvería, exclusivamente, en el ámbito de las ciencias físicas y biológicas.

Grave error. El debate político sobre la conveniencia de adelantar ciertas intervenciones en la naturaleza solo tiene sentido a partir de dictámenes científicos, no de las tradiciones, mitos y prejuicios que, con frecuencia, se convierten en criterio absoluto de verdad. En eso consiste el fenómeno de la posverdad que tanto daño hace justamente por su falsedad.

El Gobierno debería pensar dos veces si este es el momento adecuado para ponerlo en vigor. ¡Es que la economía está paralizada y necesita la potencia de todos sus motores!

Briznas poéticas. De Ana Blandiana: “En las colinas, el alma / recobra su aliento, / Lo verde le sienta bien, / se revuelca en el pasto reciente / Mitad hierba, mitad aroma, / Respira hondamente, inspira, espira / La primavera pasa a través de ella / Y la libera del miedo”.