El cura predica

El procurador investiga y sanciona unas faltas, pero frente a otras muy parecidas se hace el de la vista gorda. Reclama transparencia en las entidades públicas, pero él mismo ha protagonizado nepotismos cruzados y una de sus más altas funcionarias trabaja en la misma entidad con su hermana y su cuñada.

El procurador destituyó e inhabilitó por 17 años al exdirector del Invías y Coldeportes, Daniel García Arizabaleta, entre otras razones, por cambiar los requisitos de un manual de funciones para que lo pudieran nombrar director de esos despachos.

García era arquitecto y, como esa profesión no estaba contemplada en las exigidas para el cargo, logró modificar el manual de funciones y quedar habilitado.

Esa falta -gravísima en García- no mereció la menor investigación cuando la cometió el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, quien cambió los requisitos de un manual de funciones para ascender a su asesora de confianza.

El cargo era el de 'asesor político' y requería título en Derecho, Ciencias Políticas y afines. Claudia Salgado, la lugarteniente de Moreno y personaje clave en el trámite de la reelección presidencial, era terapista del lenguaje.

Bernardo Moreno, ni corto ni perezoso, cambió los requisitos y desde entonces quedó establecido que para ser asesor político de la Secretaría General de la Presidencia de la República se necesita "Título de Tecnóloga en Terapia del Lenguaje y Audición, profesional en Ciencias Políticas, Derecho o carreras afines…".

El cambio del manual con beneficiaria única era tan claro que la resolución que lo estableció quedó en femenino: "Tecnóloga".

A pesar de las evidencias públicas, el procurador jamás abrió una investigación por este caso. Bernardo Moreno fue destituido años después, pero por las chuzadas. Mientras estuvo en el poder no tuvo que responder disciplinariamente por el cambio -con dedicatoria- de un manual de funciones.

Lo increíble es que el procurador también ha cambiado el manual de funciones de su entidad, no de una forma tan tosca como la de Moreno, pero sí con una beneficiaria igualmente identificable.

Una resolución, la 285, firmada por Ordóñez, modificó el manual de funciones de la Procuraduría General de la Nación para permitir que un contador pueda ser jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

La favorecida con esa decisión es Carmenza Carreño Gómez, una contadora pública que accedió de esta manera al puesto que antes estaba reservado para personas con título profesional en Administración.

La contadora Carmenza Carreño Gómez es la hermana de la doctora María Eugenia Carreño Gómez, procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y una de las funcionarias más destacadas de la administración Ordóñez.

La doctora María Eugenia ha trabajado con Alejandro Ordóñez desde 1993 cuando él era magistrado del Tribunal Administrativo de Santander. Con dedicación lo acompañó también en el Consejo de Estado y ahora en el Ministerio Público.

Las sorpresas no terminan ahí. Las dos hermanas Carreño Gómez, divinamente colocadas en la Procuraduría, tienen otra pariente en la institución. Su cuñada Ángela Patricia Tapias Arenas se desempeña en la Oficina de Control Interno de la entidad.

La doctora María Eugenia piensa que es normal que en una institución tan grande como la Procuraduría terminen trabajando personas de la misma familia. Sin embargo, la cronología de los nombramientos y el cambio de manual de funciones sugiere que una mano generosa animó estas casualidades.

El procurador Ordóñez -que cruzó favores burocráticos con el hoy condenado senador Javier Cáceres y le ha dado numerosas cuotas a magistrados y legisladores- ahora mete en la nómina oficial a dos familiares de su funcionaria estrella.

Total, él sabe cómo funcionan las reelecciones.