Opinión
El debate del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC) en el Congreso
El FEPC no puede seguir paralizado, es un modelo público-privado para paliar las crisis.
La verdad es que la operación de este Fondo, que existe por la Ley 1969 de 2019 (no confundirlo con el Fondo Nacional del Café), es nula para brindar al hogar caficultor un precio interno estable, que atenúe la volatilidad de la cotización internacional, que, en los mercados bursátiles, es definida por algoritmos “inteligentes”, que asignan un ingreso residual e inestable a 25 millones de cafeteros en 52 países.
La estabilidad del precio interno debe ser un bien público del café, pues lo que reciben las 550.000 familias en Colombia no debe seguir sujeto a los vaivenes del mercado. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, además, le amplió al FEPC los mecanismos para promover la gestión de riesgos “de forma previsiva”. No solo actuar en crisis, sino prevenir. La ley original definió que el FEPC se nutriría de medio centavo de dólar de los 6 con los que el productor contribuye por cada libra exportada y por aportes del Gobierno, que al iniciar puso $195.000 millones.
A dicha suma los cafeteros con medio centavo de dólar por libra, en cinco años, le han añadido otros $175.000 millones para que el patrimonio guardado supere los $370.000 millones. Surge una pregunta: ¿es suficiente para atender una crisis profunda ante una superproducción mundial? En meses recientes pasados se vio que alcanza para poco o para casi nada. De ahí que corran en el Congreso de la República proyectos de ley, de iniciativa parlamentaria, que piden aumentar de ese medio centavo de dólar hasta 2 para fortalecer el FEPC. Es un debate esencial para el café y urgente ante la amenaza del Gobierno Petro de tomar por asalto el Fondo Nacional del Café, a donde van hoy 5,5 centavos de dólar del impuesto al caficultor. ¿Correría igual suerte que la UNGRD?
Algunos comentaristas argumentan que reducir esos 5,5 centavos a solo 4 para el tradicional Fondo Nacional del Café pondría en riesgo proyectos de comités departamentales, la asistencia técnica, la investigación y promoción, merma que estiman en cerca de $250.000 millones. Cuenta exagerada: cada centavo de dólar, con una exportación de 11 millones de sacos de 120 libras con dólar a $4.000, equivale máximo a $60.000 millones, lo que para el centavo y medio transferido de más al FEPC sumaría máximo $90.000 millones, lo que significa a 2023, y según datos de la Federación de 2023, menos del 20 por ciento de la inversión que hace en la caficultura.
Lo más leído
¿Cómo subsanar esa reducción? Fórmulas hay de sobra, como aumentar el porcentaje de las regalías por el uso de la marca Juan Valdez que hacen Procafecol y otros concesionarios, que es del módico 5 o 6 por ciento de las ventas; optimizar la gestión de la fábrica Buendía de café liofilizado, cuyos aportes promedio en los últimos diez años apenas superan 120 millones de dólares y, ¿por qué no?, que el Gobierno asuma las 629 pensiones de la Flota Mercante Grancolombiana, que a los caficultores les han costado $1,7 billones desde 2001 (pesos de 2024), que valen $75.000 millones al año, más de un centavo de la contribución cafetera.
El FEPC debe fortalecerse por el mayor valor trasladado de la contribución, pero también la ley determina otras fuentes, como el Presupuesto General de la Nación (que en 2025 no incluye nada), aportes varios públicos y privados, rendimientos de inversiones y el Sistema General de Regalías. Luego de dos años, el Gobierno Petro no ha puesto un peso al FEPC y dejó a los cafeteros al garete, por lo que el Congreso en la discusión presupuestal debería proponer una partida compensatoria al esfuerzo campesino.
La estabilidad se liga a la garantía de compra, que de perderse se aumentarían los abusos como que, en una cosecha de 11 millones de sacos, los productores pierdan $450.000 millones con los comercializadores por compensación de broca; por lo tanto, toca resolver la debilidad de las cooperativas que la facilitan.
Hay casos como el de Risaralda (Coopcafer), que transa solo 15 por ciento de la producción departamental, pero tiene contratos a futuro por cumplir por 9,6 millones de kilos y apenas asegura la entrega de 6,17 millones. Debe, por tanto, sacar $55.481 millones para responder por los 3,4 millones faltantes, cuando los activos apenas suman $49.802 millones. Quiebra sobreviniente para 3.500 socios, cuyos responsables deben conocerse.
El FEPC no puede seguir paralizado, es un modelo público-privado para paliar las crisis, y el Gobierno Petro –en lugar de denostar de las instituciones– debería dejar sentadas las bases para estabilizar los precios al cafetero. ¿Es mucho pedir, ministro Bonilla?
