El desastre mexicano… ministro

La pasada semana la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Salud y Bienestar (INSABI), creado por Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que ser sepultado por iniciativa de MORENA, su propio partido, en una sesión a las carreras, tratando de ocultar semejante fracaso.

Duró dos años la aventura reformista mexicana. En un ataque de ideología y de crítica a ultranza sobre lo existente, López Obrador decidió destruir el Seguro Popular, que cubría desde 2001 la población más pobre de México, con un esquema similar a nuestro Régimen Subsidiado. Se creó una nueva estructura completamente desarticulada de lo existente, que nunca pudo operar y, por tanto, responder a la población con los servicios que demandaba.

Los resultados de la aventura populista mexicana son desoladores: Pérdida de cuatro años en expectativa de vida de la población con 30 años de retroceso, supresión completa de protección financiera en salud para el 12 % más pobre de la población, desabastecimiento estructural de medicamentos, pérdida de los recursos públicos destinados para atender la enfermedad por manejos políticos de los recursos de la salud. Se disminuyó el acceso a consulta externa, se bajaron las coberturas de vacunación con recurrentes brotes de sarampión y durante la pandemia hubo un exceso de mortalidad de 750,000 muertes en su mayoría no contabilizadas en las estadísticas.

Lo explica Julio Frenk rector de la Universidad de Miami y uno de los salubristas más reconocidos del mundo. La reforma mexicana fue “creada al vapor, sin un diagnóstico claro, con un discurso ideológico, que lo único que trataba era probar que todo lo que estaba antes, estaba mal, y que con el nuevo régimen vendría la salvación para el país”. Irónicamente, la idea del presidente mexicano era crear un “sistema de salud como el canadiense, como el de Dinamarca, como el Reino Unido”, al final “terminó siendo el modelo cubano y el de Corea del Norte…, restaurando el modelo corporativista que existía hace 30 años”. Ahora la solución de emergencia es llevar millones de personas al seguro social mexicano (IMSS), entidad que no tiene la capacidad instalada para atender los 32.8 millones desprotegidos durante todo el fiasco de la reforma.

Es un anticipo de lo que sucederá en Colombia, si llega a pasar la reforma de salud que el gobierno nacional busca de manera desesperada ambientar políticamente en la calle, en la mayor muestra de irresponsabilidad con la salud de los colombianos; especialmente los más pobres, los trabajadores informales y los pacientes, aquellos que sufren enfermedades crónicas y quienes requieren procedimientos de alto costo. Bien haría nuestro Congreso de la República así como todos los colombianos, en revisar la entrevista:

Nadie puede decir que nuestro sistema de salud no tenga deficiencias y cosas por mejorar. Lo que ha sido evidente es que la reforma presentada es regresiva y lesiva para la población. No es posible remendarla. Eso lo han comprobado tanto los partidos políticos, y lo debería tener claro el propio gobierno; después de tanto esfuerzo y energía invertidos en intentos fallidos de construir algo coherente.

He tenido solo una oportunidad de interactuar con el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevo ministro de salud. Pero, por sus ejecutorias en la Secretaría de Salud de Bogotá tengo el concepto de un médico con oficio y alto perfil político, lo que puede posibilitar el diálogo con el sector salud, que tanto falló en este proceso. Como alcalde de Ibagué ejecutó un programa de atención primaria muy efectivo, que aún arroja resultados importantes en salud.

El ministro Jaramillo tiene dos tareas críticas que marcarán el futuro del sector salud en Colombia. Primera y más importante, es ejercer la gobernanza de un sistema que lleva nueve meses a la deriva en la salud pública, el financiamiento, la disponibilidad de medicamentos; con crisis gerenciales en las entidades adscritas, especialmente el INVIMA y la ADRES. La segunda es decidir qué hacer con la reforma de salud. El caso mexicano nos ha alertado sobre los efectos de reformas politizadas. Así mismo, que la solución tampoco está en crear un nuevo seguro social