![Columna de opinión Marc Eichmann](https://www.semana.com/resizer/v2/LOPKG57GABGX3ICXSN3OBUIRZU.jpg?auth=b43db305c0164c306987efa1727583eac4b1223274d08ffadeb42cde570ed95b&smart=true&quality=75&width=480)
Opinión
El descalabro por omisión
En el debate que se está dando en el concejo de Medellín sobre la venta del 50% remanente de las acciones que tiene EPM en Tigo-UNE, surgieron conclusiones importantes que deben ser resaltadas.
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En el debate que se está dando en el concejo de Medellín sobre la venta del 50 % remanente de las acciones que tiene EPM en Tigo-UNE, surgieron conclusiones importantes que deben ser resaltadas y enmarcadas como marco de referencia para las futuras decisiones que se tomen con respecto a las empresas públicas en Colombia.
Tendencias
En 2013, UNE, la filial de telecomunicaciones de EPM tenía el mismo EBITDA (una aproximación de la caja generada por la operación) de alrededor USD 320 millones que la ETB, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. En otras palabras, eran compañías similares en cuanto a su valor.
En ese año, las juntas directivas de las empresas, nombradas por Aníbal Gaviria como alcalde de Medellín y por Gustavo Petro como burgomaestre de Bogotá, se definieron por estrategias distintas. UNE tomó el camino de conseguir un aliado estratégico privado, Millicom, con experiencia internacional en mercados emergentes como el colombiano, disminuyendo su exposición al mercado de telecomunicaciones y reconociendo que una empresa en la cual hay que hacer enormes inversiones para generar ingresos que están sujetos a la competencia tiene dificultades para generar valor.
Por su lado, la junta de la ETB se decidió por endeudarse en COP 700.000 millones y, sumados a los COP 400.000 millones que recibió por la venta del 25 % de que era dueño en el operador celular Tigo, hizo inversiones multitudinarias en el despliegue de fibra óptica en Bogotá, se metió como operador virtual en el mercado de telefonía móvil y siguió su camino como empresa independiente.
El caso de negocio de fibra óptica no le funcionó a la ETB. La operadora se demoró muchísimo en llenar las redes de clientes y muchos de ellos provinieron de su red de cobre, canibalizando sus propios ingresos. El plan de expansión de fibra óptica fue diseñado por Delta Partners, una consultora española muy cuestionada por los altísimos honorarios que cobró por sus servicios en la alcaldía de Gustavo Petro.
ETB siguió como una operadora local enfocada en Bogotá, sin una real presencia en telefonía móvil por no ser dueño de redes. Los resultados se vieron a futuro. Desafortunadamente, para ella y el patrimonio público de la capital, los intentos de enajenación de las acciones de la empresa distrital realizados bajo el alcalde Peñalosa fueron boicoteados por la oposición y en especial por Claudia López y por los sindicatos de la empresa con que se alió para hacerse elegir. Bajo el mandato de la alcaldesa, la compañía perdió muchísimo valor y como consecuencia, hoy en día, la valoración de la ETB en bolsa es inferior a USD 100 millones.
El negocio de EPM, por su lado, tuvo resultados radicalmente distintos. En 2014, a raíz de la fusión de UNE con Millicom, EPM recibió USD 860 millones y en este momento, después de que los retornos en el sector de las telecomunicaciones se deterioraron, tinía una oferta de Millicom por el 50 % restante de USD 400 millones. Si hace la transacción, EPM recibirá por una operación similar financieramente a la ETB en 2013, alrededor de 14 veces más dinero que lo que vale esta última en la bolsa, eso sin tener en cuenta que EPM recibió la mayoría de los fondos hace más de 10 años.
Desafortunadamente, bajo la ley colombiana pocas veces se responde por los detrimentos de patrimonio público que se causan por omisión. El caso de ETB es una prueba de esto. La alcaldesa López, que tuvo la libertad de nombrar el presidente de la compañía y la mayoría de sus miembros de junta, dirá que fue el mercado, que su alianza con los sindicatos, que resultó en su compromiso de no enajenar la empresa, no fue responsable del descalabro financiero de Bogotá. La evidencia demuestra que no es así, que el patrimonio público representado en la ETB se diluyó por no tomar las decisiones adecuadas en los tiempos adecuados.
Hoy la ETB se enfrenta a dilemas muy serios de liquidez y rentabilidad que ponen en riesgo su existencia. Importante sería que el alcalde Galán le ponga el pecho al asunto y tome las medidas necesarias para retomar la senda de preservación del patrimonio público. Dice el dicho popular que haciendo lo mismo con los mismos, el resultado inexorablemente seguirá siendo el mismo.
(*) El autor de esta columna participó en la transacción de fusión de UNE en 2014.