El descaro

Los bancos que le prestaron a Odebrecht y Episol-Corficolombiana (Grupo Aval) para construir la Ruta del Sol 2 tienen una deuda a su favor y sin pagar de 1,4 billones de pesos. Lo que el país no sabe es que los bancos pretenden ensillar las bestias antes de traerlas, y que están presionando a la ANI para ver si logran un acuerdo de pago antes de que se conozca la sentencia del Tribunal de Arbitramento, prevista para este 6 de agosto.

Esta sentencia, que debe declarar la nulidad del contrato y tasar el valor de la obra realmente ejecutada, es indispensable para saber con qué plata cuenta el cuestionado concesionario a fin de pagarles a sus acreedores, entre ellos, los bancos. Hacerlo antes es un atajo que nos puede salir muy costoso a los colombianos.

Por este atajo, nosotros con nuestros impuestos –el Estado– terminaríamos pagando la deuda de unos contratistas corruptos o, por lo menos, asumiendo un riesgo crediticio que no nos corresponde. Si esto no es insólito, por lo menos, sí es indignante.

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Desde que estalló el escándalo, a los bancos les han pagado varios billones de pesos. Sin embargo, tienen el temor de que la cifra que todavía se les debe (1,4 billones) quede en el limbo y supeditada a lo que decida el Tribunal de Arbitramento en su sentencia.

Este 6 de agosto sabremos si el tribunal anula el contrato como lo pide la ANI o si acata la posición de Odebrecht y Episol-Corficolombia, que consideran, extrañamente, que este contrato fue lícitamente celebrado. La insólita ‘tesis’ que fue esgrimida por la concesión, en una de las últimas audiencias públicas ante el tribunal, es de enmarcar. Justifica el pago de la coima aduciendo que se trató de un “soborno preventivo” al que se vieron abocados para evitar que otro licitante terminara sobornando al viceministro. Háganme el favor, es decir que lo corrompieron para evitar que otro lo corrompiera y que se escogiera otra oferta menos buena, pues, según ellos, la mejor era la suya.

Esta ‘tesis’ plantearía una especie de ‘corrupción preventiva’ que, según el concesionario, no tiene nada de malo y, por ende, no generaría nulidad del contrato. Solo falta que ahora nos vendan la idea de que hay corrupción buena y corrupción mala, y que, obvio, la de los poderosos es de la buena. Esta ‘tesis’ también la apoyan los bancos, sobre todo aquellos del mismo grupo económico, que, a su vez, es contratista de la obra, para que no sean catalogados como terceros de mala fe perdiendo sus acreencias.

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Si se decreta la nulidad como mandaría, incluso, la lógica, el tribunal debería decir cuáles son las consecuencias económicas de esa decisión y tasar, de una vez por todas, el valor real de la obra ejecutada y, por ende, el valor que el Estado adeuda o no a los contratistas. Si la cifra está por debajo de los 4,5 billones de pesos –como lo sugieren varias pruebas, entre ellas, un peritaje hecho por la interventoría–, el consorcio no tendría plata para pagarles a los bancos, ya que, descontando lo que se les ha pagado, el remanente sería de unos pocos pesos, insuficientes para saldar la deuda del concesionario –no del Estado– con los bancos. Pero si la cifra tasada por las obras ejecutadas es mucho mayor –como lo sugieren los peritajes presentados por Odebrecht y Episol-Corficolombiana–, la plata que se les debe a los bancos estaría asegurada.

Ante tal incertidumbre, los bancos están detrás de que el tribunal sobreestime el valor de la obra ejecutada, a tal punto que están defendiendo los peritajes presentados por Odebrecht y Episol-Corficolombiana, los cuales se basan en un chiste: en la contabilidad de la concesionaria, que como se sabe está llena de contratos ficticios y pagos desviados para coimas y campañas.

Ante tanto albur, los bancos están presionando a la ANI para hacer un acuerdo con el Estado, porque quieren que este pague las deudas que les corresponden a Odebrecht y Episol-Corficolombiana antes de que se produzca el fallo arbitral. Si el acuerdo con los bancos se logra antes de esa sentencia, esta será letra muerta porque los bancos se habrían marchado del problema dejando engrampado al Estado, que nunca fue su deudor. Los paganinis –como siempre– terminaríamos siendo los colombianos, porque podríamos acabar pagando de nuestro bolsillo las coimas que salieron de esa contabilidad ficticia, sobre la que hoy, concesionario y bancos, quieren tasar el costo real de la obra ejecutada.

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Por último: es de esperarse que el Tribunal de Arbitramento decida qué bancos son de buena y mala fe. Así las cosas, deberá definirse si los bancos pertenecientes al Grupo Aval –y que financiaron en un 50 por ciento el proyecto– son o no un tercero de buena fe, y si existe o no un conflicto de intereses derivado del hecho de que el Grupo Aval, controlante de los bancos, es el beneficiario real de Episol-Corficolombiana, empresa que firmó el contrato de la Ruta del Sol 2 junto con su socio Odebrecht, y que hoy sabemos es espurio por cuenta de la coima que ambos pagaron.

Los bancos están en su derecho de exigirles a sus acreedores que les cumplan; lo que sí resulta fuera de toda racionalidad es que pretendan trasladarle esa deuda al Estado, para que seamos los colombianos los que la terminemos pagando o asegurando que los corruptos paguen sus deudas a los bancos. Amanecerá y veremos.