El difícil arte de gobernar

Para muchos -quizá el grueso de los colombianos- la definición de funcionario público incluye adjetivos como burócrata, ineficiente e incluso corrupto. Para un funcionario público, especialmente si ejerce algún tipo de poder, la mayor carga es demostrar estar libre de ellas. Ejercicio aún más difícil cuando la mayoría de quienes hacen la oposición difícilmente aceptarán virtudes al funcionario, corren tiempos de profunda polarización.

Para el funcionario el día de la posesión es de mayores alegrías. Inmediatamente, librará la batalla para mostrar gestión. Y eso es difícil. El aparato del Estado pareciera estar diseñado contra la ejecución. Si se suman temores a los organismos de control, normas, consultas y vistos buenos, restricciones y rigideces presupuestales, parecería casi milagroso ejecutar obras, planes y programas.

Sin embargo, aun en un país tan legalista como Colombia, es posible ejecutar acciones desde el Estado de manera eficiente. Tiene mucho que ver con el liderazgo de quien está en el cargo de mando y del equipo que lo acompaña. El estilo también importa: existe tanto el líder con talante arrasador, casi maltratador, como quien lidera de manera gerencial. En el primer caso, los subalternos responden por miedo; en el segundo, por respeto, convicción y lealtad a las causas y programas. Al ciudadano el estilo poco le afecta, su interés es que respondan a sus necesidades.

Colombia durante muchos años ha podido consolidar en el Gobierno nacional un contingente de funcionarios públicos honestos y eficientes. La mayor parte de los gobiernos rotaban los altos cargos en las dos o tres capas directivas de las entidades públicas, respetando la base técnica. Quienes llegaban a las altas posiciones para mostrar resultados partían de la base de lo construido para ‘recoger rápido los mangos bajitos’ mientras en el mediano plazo se lograban los objetivos de Gobierno.

Esa lógica cambió completamente con el Gobierno actual. De alguna manera se interpretó que el cambio no era posible utilizando la experiencia de quienes llevaban años en el ejercicio de lo público. En la mayor parte de las entidades nacionales se arrasó “la burocracia técnica” sin entender que la experiencia en lo público no se improvisa. La curva de aprendizaje es larga y casi imposible cuando se reemplazan perfiles técnicos por activistas -usualmente leales a la causa- pero ignorantes sobre la función pública.

Hoy el Gobierno está pagando muy caro esa decisión. El desorden y la falta de gestión ha tocado el fondo de la negligencia y puesto en riesgo la respuesta del Estado. Hacen parecer impracticables los pretendidos cambios.

El fiasco de MinDeporte con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla; el pago triple de nómina a los funcionarios públicos por parte de MinHacienda; la siniestrada licitación de pasaportes de la Cancillería; las inmerecidas colas que tuvieron que soportar los adultos mayores para acceder a un subsidio por imprevisión en el Dapre; la impericia del MinSalud para gestionar vacunas del covid y viruela símica; la incapacidad del alto gobierno para nombrar un director en propiedad para el Invima, son algunos ejemplos notorios de una lista creciente de fracasos que muestran la gravedad del problema.

Para defenderse ante la crítica de los medios y la opinión pública, la estrategia ha sido poner el espejo retrovisor para tratar de tirar hacia atrás las causas. Sin embargo, después de 17 meses de Gobierno es muy difícil que la opinión pública acepte esos argumentos. Esto ha llevado a fisuras dentro del propio Gobierno: Tal es el caso de la mutua evasión de responsabilidades y señalamientos entre el ministro de Hacienda y la ministra del Deporte; así como la guerra abierta y un poco sucia que se observa en el principal medio de comunicación del gobierno: RTVC.

Un escenario inédito se dio la semana pasada cuando el Ministerio de Salud, a quien corresponde la regulación más compleja y especializada, entregó a un juez contencioso-administrativo las funciones protección de los derechos colectivos frente a supuestas irregularidades de las EPS. Acto basado en las declaraciones de una rueda de prensa, sin la mínima rigidez que aportaría un informe técnico. Así, el Gobierno acepta la incapacidad de la Superintendencia del sector para ejercer la inspección, vigilancia y control de los agentes de su sector: El mundo al revés.

De ninguna manera nos deben alegrar los problemas de gestión del Gobierno nacional. Nos deberían preocupar y poner en alerta al Congreso de la República, al poder judicial y los organismos de control sobre las acciones que se deben tomar para encauzar la gestión pública, en un país donde prácticamente todo depende del nivel de ejecución nacional. Y el alto Gobierno tiene que comprender la dimensión del problema: Los ciudadanos ya están sintiendo sus efectos, que van desde los riesgos asociados a la carencia de vacunas para los niños colombianos, hasta los propios de la falta de ejecución de las inaplazables obras que deberían hacerse en los años que restan.