OPINIÓN
El dilema de la Drummond: la Jep o la justicia ordinaria
“…en la Drummond hoy se discute si los dos ejecutivos se deben acoger a la JEP pues se trata de hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, procedimiento al que se opone su abogado defensor”.
Ha querido la multinacional del carbón Drummond desvincularse vanamente de un hecho que nacional e internacionalmente afectó de manera severa su imagen: ser una empresa patrocinadora de grupos paramilitares; pero la justicia en Colombia no le da tregua.
Tras criticar y desprestigiar la investigación “El Lado Oscuro del Carbón”, que realizó la Organización no Gubernamental PAX sobre el financiamiento de grupos paramilitares en el departamento del Cesar, la Drummond quiso demeritar tales denuncias y negó por todos los medios esos vínculos; sin embargo, recientemente la Fiscalía 251 delegada ante los jueces penales del circuito especializado, acusó, el pasado 16 de diciembre de 2020, a dos altos ejecutivos de la multinacional por concierto para delinquir y delito de lesa humanidad.
La historia es como sigue: a la Fiscalía se compulsaron copias para investigar a los directivos o empleados del Departamento de Seguridad de la multinacional Drummond por financiar y promover la creación del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las autodefensas entre los años 1996 a 2001, en el departamento del Cesar, sede de las empresas carboníferas, a cambio de beneficiarse de la “seguridad” para poder repeler incursiones armadas de organizaciones al margen de la ley como las Farc y el ELN.
A partir de ese momento el frente paramilitar fue dios y ley en la región y una de sus tareas era perseguir a los miembros del sindicato de trabajadores Sintraminaenergética adscrito a la empresa Drummond, además de los múltiples crímenes que cometió en la región contra campesinos y campesinas.
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Es en ese contexto que el grupo ilegal cumplió órdenes y asesinó a los trabajadores Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita el 12 de marzo de 2001, en Valledupar; el primero era presidente y el segundo vicepresidente de la organización sindical Sintramienergética y, por supuesto, empleados de la minera Drummond; los dos mineros que viajan, paradójicamente, en un bus contratado por la empresa, fueron bajados del vehículo y posteriormente asesinados por integrantes del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC a cargo de Jorge 40.
Los dos ejecutivos de la compañía acusados por la Fiscalía 251, Augusto Jiménez Mejía (Presidente de Drummond en Colombia desde octubre de 1989 hasta marzo de 2013) y José Miguel Linares Martínez (gerente jurídico de 1996 a 2000 y vicepresidente de asuntos corporativos de Drummond en Colombia de 2000 a 2006), fueron imputados por fomentar homicidios “en forma sistemática y generalizada” que afectaron “de manera grave la humanidad de la población” tras promover y financiar grupos paramilitares. Ésta acusación fue avalada por el delegado de la Procuraduría General de la Nación.
La providencia del fiscal no deja duda sobre la responsabilidad de los ejecutivos que durante más de una década trabajaron para la Drummond y tras valorar los hechos también decidió declarar el delito contra la humanidad pues se trata del crimen en personas protegidas, en este caso dos sindicalistas asesinados; crimen que además se perpetró en presencia de sus demás compañeros de trabajo con la clara intención de dejar un mensaje de amedrantamiento.
Según la providencia, son evidentes los nexos de la multinacional con los gatilleros del frente Juan Andrés Álvarez y su orgánica financiación durante más de seis años, relación que provocó hechos trágicos y sembró de terror una región que protagonizó sangrientos hechos que dejaron cientos de campesinos asesinados, miles los desplazados y despojados por un “ejército” que comandaba Jorge 40 quien hacía y disponía en complicidad, no solo de la Drummond, sino de las familias vallenatas más prominentes del departamento.
Una vez conocida la providencia de la Fiscalía 251 en la multinacional se prendieron las alarmas y una fuente muy conectada con el caso me contó que en la Drummond hoy se discute si los dos ejecutivos se deben acoger a la JEP pues se trata de hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno, procedimiento al que se opone su abogado defensor.
La Drummond debe saber que a la JEP se llega a contar la verdad y sus dos funcionarios tendrán que hacerlo para hacerse a sus beneficios, aquí no se trata de comprar o pagar testigos; deberían saberlo muy bien pues un contratista muy cercano a la multinacional Jaime Blanco Maya se sometió a la JEP y ahí esta contando realmente qué pasó con el frente Juan Andrés Álvarez comandado por Jorge 40.
Ahora, más allá de lo judicial, ¿el gobierno colombiano habrá tomado nota de esta decisión de la Fiscalía 251? Porque las organizaciones de DD.HH en Europa presionarán a sus países para que no compren el carbón que explora y exporta, desde Colombia, la Drummond.
