El duro trasegar de Telefónica en Colombia

Recientemente, Millicom, compañía multinacional que tiene el control de Tigo Une, anunció su intención de adquirir la participación de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones, correspondiente al 67.4 % de sus acciones, por USD 400 millones. De cerrarse esta transacción, este sería el final del paso de la multinacional española por el país y el Estado recibiría aproximadamente COP 800.000 mil millones por su participación remanente.

Telefónica de España ha sido una empresa marcada por la participación del Estado español en ella que, a pesar de que cuenta con solo el 10 % de su capital accionario, ejerce una fuerte influencia en la operadora dada la participación significativa de otras empresas españolas. Para sus directivos y empleados en Colombia ha sido una empresa que paga muy bien en el mercado y en donde rara vez los bonos anuales se han dejado de pagar por debajo del 80 %.

Después de participar en la licitación celular de 1994 con Cocelco y vender su participación, Telefónica entró a Colombia en 1999 con la adquisición del 51 % del capital de Rey Moreno, operación de servicios corporativos de telecomunicaciones que asumió el nombre de Telefónica Data, en una transacción cuyo monto no fue publicado. Sin embargo, su presencia en el país se vería marcada por la compra en 2004 de las operaciones celulares de BellSouth en Latinoamérica por USD 5 mil 850 millones de los cuales aproximadamente USD 1000 millones correspondieron a la filial en Colombia (MOVISTAR).

En 2003, Telecom, el operador nacional público colombiano, entró en cesación de pagos y fue liquidado para darle vida a Colombia Telecomunicaciones, empresa que heredaría el negocio de Telecom, pero a la cual no se le entregaron los activos de esta (redes, etc.). Estos activos terminarían en el PARAPAT, un patrimonio autónomo de propiedad del Estado para respaldar el pago de las pensiones de los jubilados de Telecom que equivalían a COP 4 billones. Colombia Telecomunicaciones le pagaría al PARAPAT el 95 % de su EBITDA anual, que en ese momento era de alrededor de COP 1 billón, por el alquiler de los activos, en especial de sus redes.

Después de un intento infructuoso de vender Colombia Telecomunicaciones a América Móvil de Carlos Slim, el cual, según lo advirtió el contralor general de la época, Antonio Hernández Gamarra, no se realizó ajustándose a la Ley 226 de enajenación de empresas públicas, el Estado colombiano realizó una subasta por el 50 % de la empresa en la que Telefónica capitalizó a Colombia Telecomunicaciones con USD 368 mil millones, para una valoración equivalente de COP 800 mil milones de la empresa pre-capitalización.

Sin embargo, el núcleo de esta transacción no fue el precio con el que se capitalizó por el 50 % Colombia Telecomunicaciones. En la cascada de pagos de la empresa, Telefónica tendría derecho prioritario al 7 % del EBITDA como comisión de gestión hasta el 2010 (aproximadamente USD 28 mil millones anuales, de acuerdo con el EBITDA de USD 400 mil millones de 2005) y de 3 % desde 2010 hasta 2022. Adicionalmente, en segunda escala de prioridad, Colombia Telecomunicaciones tendría que pagar una contraprestación de COP 350.000 millones anuales al PARAPAT por el uso de los activos de 2006 a 2011, y de COP 480.000 millones de 2012 a 2022, sin garantía alguna por parte de Telefónica. Con el pago de esta contraprestación y una gestión adecuada, Telefónica recuperaría su inversión en menos de tres años. En el papel, un negociazo.

La profundidad de los problemas de Colombia Telecomunicaciones y su discutida gestión empezarían a hacerse transparentes hacia el 2011: sus pérdidas de COP 340,000 millones en 2009 y COP 450.000 millones en 2010 le impedirían atender sus obligaciones con el sector financiero y, las del PARAPAT por el alquiler de la infraestructura. El Estado colombiano, dado el riesgo de que la operadora entrara en quiebra y que tuviera que asumir el pasivo pensional, aprobó fusionar Movistar, la operación móvil, con Colombia Telecomunicaciones.

Para realizar esta transacción, la Nación, en ese momento dueña de alrededor del 48 % de la operación fija (Colombia Telecomunicaciones), accedió a capitalizar la empresa fusionada en 3 billones de pesos y asumir el pago del pasivo pensional de TELECOM: como resultado obtendría el 32.4 % de la empresa fusionada que hoy conocemos.

Saquemos cuentas basadas en la propuesta de TIGO que valora la participación del Estado en Colombia Telecomunicaciones en COP 800.000 millones en 2024. El Estado en 2006 tenía una empresa con un EBITDA (2005) de COP 1 billón, lo cual a múltiplo de mercado de 5x correspondía a un valor empresa de COP 5 billones. Restándole los COP 4 billones de pasivo pensional, su valor patrimonial correspondía a COP 1 billón, cifra cercana a la valoración resultante de la subasta de 2006. Recordemos que el Estado en 2006 de ese dinero no recibió nada, ya que el dinero resultante de la subasta se capitalizó en Colombia Telecomunicaciones y que la Nación no ha recibido dividendos significativos de parte de la empresa desde 2006.

Posteriormente, en 2012, la Nación asumió un pasivo de 1.300 millones de euros, equivalente a COP 3 billones para recibir, en promedio, 10 años más tarde, la cuarta parte de lo invertido, es decir COP 800.000 millones. ¿Será que este descalabro financiero tiene responsables o será consecuencia de la evolución del sector en Colombia? ¿Será que parte del problema estuvo en la gestión del pasivo pensional de Telecom, manejado en su momento por Javier Lastra, el cuestionado ex gerente de Afinia bajo la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín? ¿No será, además, que para los accionistas de Telefónica su aventura en Colombia tuvo resultados similares?