El flagelo de la violencia de género, un problema de siempre, en medio del covid

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia de género como todo acto que genera un daño físico, psicológico o sexual, incluido las amenazas de los mismos en privado o en público, así como la privación o limitación de la libertad. Se considera que la violencia se basa en el género, cuando se sustenta en la desigualdad innecesaria, evitable e injusta que se establece entre las personas con base en las normas sociales que determinan lo que se puede ser o hacer según el sexo asignado al momento del nacimiento. Por eso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe designa este tipo de violencia como un problema de derechos humanos; y a su vez, la Organización Mundial de la Salud la ha destacado como un problema de salud pública.

En Colombia, se reconoce que las principales víctimas de la violencia de género son las mujeres, a quienes se las ubica en la posición social con menor jerarquía y mayores desventajas. En lo corrido del año las mujeres han presentado más de 15,400 denuncias por violencia de género. Según reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en enero de 2020 se registró un incremento de 262 casos de violencia de género, comparado con ese mismo periodo del año anterior, en el cual se notificaron 2,636.

Para el mes de febrero se presentaron 3,355 casos de violencia, que implicó 114 casos más frente a ese mismo mes el año pasado y un aumento del 21 por ciento comparado con enero de 2020. Aún no se encuentran disponibles los informes oficiales de las denuncias efectuadas para los meses de marzo y abril, que podrían reflejar el efecto del confinamiento en el hogar. Sin embargo, los reportes sobre las solicitudes de atención por esta causa han aumentado; solo en Bogotá son más de 5,600 denuncias, lo que representa un aumento del 230 por ciento frente a días ordinarios. 

Estos y otros datos sugieren que el confinamiento implica consecuencias diferentes en las mujeres, que representan el 70 por ciento del sector salud y social a nivel mundial, y se encuentran en la primera línea frente al riesgo de la infección por COVID-19. Del mismo modo, la ONU señala, que, con las medidas implementadas en la actual pandemia, han aumentado las cargas de las mujeres frente a las labores domésticas y otros roles como el cuidado de los niños, ancianos y enfermos. Estas actividades representan importantes fuentes adicionales de estrés para las mujeres, que aumenta con las limitaciones económicas, las restricciones de circulación fuera del hogar y la menor disponibilidad de fuentes de apoyo. Bajo estas condiciones los perpetradores de acciones violentas han ganado control y poder, potencializándose los riesgos físicos y psicológicos en las mujeres susceptibles a ser sus víctimas. 

Estas cifras podrían aumentar ostensiblemente si se realizara un análisis de todas las denuncias realizadas en el país, pero con los reportes anteriores se concluye que, paradójicamente, se han presentado más casos de violencia de género que de la infección por COVID-19 entre las mujeres. En efecto, según el Instituto Nacional de Salud a la fecha se han confirmado 7,973 casos de COVID-19 a nivel nacional, de los cuales 3,609 han ocurrido en mujeres. También es importante resaltar que la identificación y confirmación de los casos ha tenido importantes variaciones a nivel territorial, lo que se evidencia en el número de casos reportados por departamento y en la capacidad de seguimiento de los mismos para identificar casos nuevos. Esto, refleja la influencia de factores estructurales y sociales que generan inequidades en acceso, calidad, y capacidad instalada en salud (incluido talento humano), que influencian la denuncia y atención frente a la violencia de género.

Ante esta situación es importante considerar que la violencia de género está determinada por diversos factores, entre otros, las creencias asociadas al problema. En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDS (2015) se indagó por las ideas que podrían favorecer esta violencia, encontrándose una prevalencia significativa de las mismas a nivel nacional en mujeres y hombres: entre el 80 y 82 por ciento percibe que “cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos”; el 39 y 43 por ciento considera que “los hombres de verdad son capaces de controlar a sus parejas”; entre el 37 y 52 por ciento está de acuerdo con que “una buena esposa obedece a su esposo”; el 60 y 63 por ciento considera que “las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta” y, entre el 2 y 3 por ciento indica que “a veces está bien que los hombres golpeen a sus parejas”. 

Este tipo de creencias podrían explicar la apatía y tolerancia social frente a la violencia contra la mujer, y la percepción de que este es un asunto íntimo que debe abordarse en el contexto de la pareja o del hogar, lo cual permite comprender el comportamiento de las personas que observan la ocurrencia de estos eventos y el bajo número de denuncias efectuadas por terceros. A diferencia de lo que ocurre en ciudades como Madrid (España), en donde más de la mitad de las denuncias son realizadas por personas que perciben este tipo de violencia ¿Será que el uso de categorías ambiguas como “violencia intrafamiliar o de pareja” nos están enviando un mensaje erróneo y haciendo voltear la mirada hacia otro lado?

Del mismo modo, si realizamos un análisis en regiones apartadas del país como Chocó, la preocupación es aún mayor. En este departamento son pocas las denuncias por violencia de género, lo cual puede explicarse por los resultados de la ENDS que indican una alta prevalencia de creencias que favorecen el problema y que superan el promedio nacional. Es así como entre los hombres prevalecieron estas ideas con porcentajes muy parecidos en las mujeres: “cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos” (96 por ciento), “los hombres de verdad son capaces de controlar a sus parejas” (63 por ciento); y el 9 por ciento aprobó la idea de que “en ocasiones está bien que los hombres golpeen a sus parejas”, este fue el tercer porcentaje más alto, precedido de Guainía y Amazonas (9 y 10 por ciento, respectivamente). El anterior panorama, aunado a las condiciones socioeconómicas diferenciales a nivel territorial, que influencian la disponibilidad, el acceso a información y a mecanismos de denuncia, podrían explicar la escasez de reportes por violencia de género que se presentan en este territorio. 

Lo cierto es que mientras se hacen esfuerzos desde diversos sectores, para salvaguardar a la población general de un virus externo, la violencia de género avanza como un “virus interno”, que está aumentando su acción en los hogares, que es desde donde principalmente han estado y seguirán estando más expuestas las mujeres bajo un silencio que les roba su poder. A su vez, esto refleja la falta de medidas preventivas frente a este tipo de violencia, que va más allá de atender las denuncias por amenazas. Igualmente, no olvidemos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también sufren las consecuencias de este flagelo siendo testigos o también víctimas. 

Por otro lado, las estrategias empleadas para abordar la violencia de género han estado dirigidas tradicionalmente a las mujeres; pero para eliminar este problema es necesario abordarlo desde diversos ángulos; ya que, a pesar del aumento de las denuncias en los últimos 40 días, los factores que influencian esta acción son variados y complejos. Por lo tanto, mientras se sigue tratando de mitigar la infección por COVID-19, y restablecer la salud de los afectados, urge fortalecer e implementar estrategias integrales para visibilizar, prevenir y eliminar la violencia de género, y atender las particularidades a nivel territorial que complejizan aún más este problema. Además, brindar un soporte integral que permita evitar más casos de feminicidios, que se han triplicado durante el confinamiento, y según el Observatorio de Feminicidios Colombia se ubican en 130, y la meta sería “Ni una menos”.

Asimismo, es necesario implementar estrategias dirigidas a abordar y eliminar las creencias que favorecen la violencia de género, apoyándose en medios radiales, televisivos y redes sociales, entre otros, de acuerdo a las dinámicas de cada territorio. Dirigir acciones de sensibilización a hombres tales como el uso del violentómetro adaptado para que examinen sus interacciones con las mujeres y eviten producir este tipo de violencia. Aprovechar el contacto (presencial, virtual o telefónico) de las mujeres con los servicios de salud para identificar y denunciar los casos. Promover en mayor medida las denuncias por terceros y articularse con farmacias, entre otras entidades, para brindar más opciones de denuncia.

Finalmente, es importante garantizar el acceso a diversos mecanismos de denuncia coherentes con las necesidades de las mujeres en territorios apartados, en donde impera la dependencia económica, son limitadas o inexistentes las entidades para prevenir e intervenir en estos actos, y mucho menos se cuenta con señal telefónica o con aparatos tecnológicos para denunciar desde casa, entre otras particularidades que complejizan aún más este problema. Además, es necesario implementar acciones locales en estos territorios para proteger a las mujeres ayudándoles a reconocer sus derechos y la violencia de género, crearles opciones accesibles a una justicia efectiva y, de este modo, contribuir tanto a la superación de brechas de información como al cambio de los patrones culturales que naturalizan la violencia basada en el género.

Autora principal: Yessyrys Mena Rodriguez, Enfermera, Mg en psicología (Investigación) y Mg en Salud Pública.

Elvia Vargas Trujillo, Psicóloga, Mg en Psicología y Doctora en Metodología de las Ciencias del Comportamiento.