Y volver... volver... volver

Este Gobierno dedicó los primeros once meses de mandato a ver cómo podía acabar con la JEP, la espina dorsal del acuerdo de paz, pero no pudo. Ahora pretende invertir su mermado capital político –en la última encuesta de Gallup, su favorabilidad es del 29 por ciento– en ver cómo revive la fumigación con glifosato.

La estrategia se lanzó en Londres, hace unas semanas, cuando el presidente y su ministro de Defensa anunciaron que tenían todo listo para reactivar las aspersiones aéreas, incluyendo los complejos protocolos que exige el fallo de la Corte Constitucional. Esta restringió las áreas aptas para fumigación aérea con glifosato y estableció, además, una serie de precauciones que deben ser implementadas entre la población para evitar efectos colaterales, y que tienen que ver con el cuidado del agua, de los alimentos y del ganado.

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Hice el ejercicio de preguntarle a Camilo Romero, gobernador de Nariño, uno de los departamentos escogidos para reiniciar la fumigación con glifosato, si había sido informado sobre los protocolos. Pero, para mi sorpresa, él me respondió que no estaba al tanto de ninguno de ellos y que, si el Gobierno los había adelantado, lo había hecho sin su acompañamiento.

Si esta es la manera como el Gobierno está implementando los protocolos exigidos por la Corte Constitucional, no me imagino el resto.

Otro tema que preocupa es la clase de glifosato que se va a utilizar para reanudar la fumigación. Según el ministro Botero –sí, como no, el mismo que ni siquiera sabe cuánto cuesta fumigar una hectárea con glifosato–, solo están a la espera de que el Consejo Nacional de Estupefacientes les dé la luz verde para echar todo a andar.

No obstante, y aunque la vicepresidenta Ramírez diga que la fumigación con glifosato le produce a uno la misma constipación que 20 vasos de agua, hay científicos que sostienen que lo más toxico del glifosato son sus componentes.

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Tengo información de que la semana pasada la Policía Antinarcóticos compró más de 700 canecas de un tipo de glifosato llamado Cúspide a la empresa Talanu Chemical Ltda., por un costo de 3.000 millones de pesos, en una licitación que no tuvo sino ese proponente.

Lo preocupante es que esta es la misma empresa que en 2012 fue la que le vendió a la Policía Antinarcóticos un glifosato que no se pudo usar porque no cumplía con las exigencias del Gobierno de Estados Unidos: se descubrió no solo que tenía componentes más tóxicos, que eran inflamables, sino que de manera inexplicable las etiquetas del producto habían sido alteradas para hacer creer que el herbicida sí cumplía con todos los requisitos: Ver noticia de El Espectador sobre el caso.

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Esta columna también ha podido establecer que este glifosato, que se le compró de nuevo a esta empresa la semana pasada, es de fabricación china y tiene un componente que no está permitido por ninguna organización mundial de la salud, de nombre nonil fenol etoxilado.

Le pregunto al ministro Botero, que todo lo sabe: ¿es este el mismo glifosato que se va a usar en las fumigaciones aéreas que están anunciando para las próximas semanas en Nariño, en el Catatumbo, en el Putumayo, y que, según sus promotores, es tan peligroso como tomarse una copa de vino? ¿Por qué las licitaciones son siempre de uno? ¿Por qué tan poca transparencia en un tema tan delicado? 

Si es cierto que el glifosato es tan inofensivo como una copa de vino, como lo aseguran varios de sus impulsores, el presidente Duque debería dar el ejemplo y convertirlo en la bebida para ofrecer en sus recepciones del Palacio de Nariño.

Y si cree que es tan inocente, podría pensar en crear una especie de Disneylandia de la lucha contra las drogas, donde fumigar a personas fuera parte del show. Para algo debe servir la economía naranja.

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Los PDET, el modelo de desarrollo pactado en el acuerdo de paz que buscaba sacar de la ilegalidad a los campesinos que padecieron la guerra y el abandono, han sido puestos en el congelador por este Gobierno; la sustitución de cultivos languidece junto con la reforma rural integral y el intento por ordenar la titulación de tierras, piedras angulares del acuerdo de paz. En cambio, la fumigación con glifosato, la criminalización de los cultivadores de coca, el prohibicionismo y el desguace de la Ley de Restitución de Tierras van por buen camino. La implementación del acuerdo era la mejor vía para acabar con los cultivos de coca.

La dedicación de este Gobierno por devolvernos al pasado no tiene límites.