El gobierno de la DEA

Cuando era presidente, Juan Manuel Santos intentó, aunque sin mucha convicción, cambiar el énfasis de la evidentemente fracasada lucha contra las drogas, proponiendo pasar de la prohibición a una tímida legalización. Llegó incluso a sugerirlo ante la asamblea de las Naciones Unidas. Y, en lo local, sustituyó la erradicación forzosa y violenta de las plantaciones ilícitas, representada por las fumigaciones aéreas con el glifosato de la empresa Monsanto

(hace poco multada estruendosamente por envenenamiento de personas), por el abandono voluntario de los cultivos. Y en la audiencia de este jueves ante la Corte Constitucional reiteró sus argumentos, esta vez –paradójicamente- con mayor libertad que cuando estaba en el poder.

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El sucesor de Santos, el presidente Iván Duque, siguiendo la guía de su “presidente eterno”, quien a su vez sigue la que dicten los gobiernos de los Estados Unidos, toma ahora la postura contraria. La de continuar la llamada “lucha frontal” contra la droga persiguiendo por la fuerza los cultivos ilícitos de coca mediante el regreso a la fumigación aérea con el dañino glifosato, prohibido hasta en Afganistán. Afganistán, país que tiene varios millares de tropas norteamericanas de ocupación y donde el gobierno solo se sostiene gracias a la ayuda económica y militar de los Estados Unidos, pero que ha tenido la dignidad y el coraje de negarse en redondo a rociar sus plantaciones ilegales de opio con el glifosato bendito de Monsanto. Que no se usa en ningún país del mundo, salvo, con toda clase de precauciones sanitarias y de manera manual y en dosis diez veces menos concentradas que las utilizadas contra la coca colombiana, para distintas plantaciones: palma, caña, inclusive café. Pero no se le suelta a la gente sobre la cabeza en nubes tóxicas, como se les quiere hacer de nuevo a los campesinos cocaleros.

Pero es que tanto el presidente Duque como el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, parecen, y a lo mejor son, funcionarios de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Y en calidad de tales gobiernan a Colombia guiados por un único propósito: combatir la producción ilegal de las drogas que los Estados Unidos consumen, pero no producen.

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De ahí viene la fumigación aérea con glifosato de los cocales. Pero también viene de ahí el manejo que, a través del fiscal general, tienen los Estados Unidos de la justicia de Colombia, como lo ejemplifica el uso a troche y moche de la extradición: contra un exguerrillero de las Farc como Jesús Santrich, contra un alto funcionario de la propia Fiscalía como Gustavo Moreno, contra un fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz como Carlos Bermeo. Y de ahí viene asimismo el manejo de las Fuerzas Armadas por intermedio del ministro de Defensa, dedicadas hoy, cuando ya no existe la amenaza guerrillera de las Farc, a combatir las mafias del narcotráfico. Y de ahí viene finalmente, a través del propio presidente Duque y de su canciller Carlos Holmes Trujillo, el manejo de la política exterior del país: frente a Venezuela, por supuesto, como acabamos de verlo con el episodio de Juan Guaidó; pero sobre todo frente a los propios Estados Unidos. Porque para ellos Colombia no existe sino en cuanto productor de droga.

Nos gobierna la DEA. Tal vez nos iría mejor si nos gobernara la CIA, como antes.