El gobierno que nunca despegó

Jet A es el tipo de combustible usado en las aeronaves civiles para los vuelos comerciales, incluso también se usa en algunas aeronaves militares, otros tipos de combustible usados son los JP-5 y JP-8. Ahora bien, por cuenta del anticipado riesgo de desabastecimiento de este combustible para suplir la demanda interna de los vuelos comerciales nacionales e internacionales, el país se vio sumido en una crisis que, aunque momentánea, mantuvo en vilo el transporte aéreo de pasajeros en distintas partes del territorio nacional generando retrasos, cancelación y afectaciones a los usuarios de este servicio.

Las crisis de abastecimiento de combustible para el transporte aéreo, oportunamente conjurada, dejó entrever que, tal como un avión sin el preciado Jet A no despega, ni puede cumplir con su itinerario, este gobierno no ha tenido el liderazgo y la experticia suficientes en sectores como la economía y el transporte, para asumir de forma adecuada sus competencias y funciones, ratificando con ello una crisis de desgobierno o desabastecimiento de personal idóneo y técnico que aborde las distintas problemáticas de esta Nación.

Obsérvese que los recientes eventos demostraron como los comercializadores desde hace más de diez días anunciaban una crisis de abastecimiento de combustible a raíz de un presunto fallo eléctrico en la refinería de Cartagena (Reficar). En efecto, Ecopetrol confirma falla en Reficar desde el 16 de agosto; por su parte la misma Terpel indica en un comunicado que se presentarán fallas en el abastecimiento de combustible, advertido en muchas ocasiones (en junio, julio y agosto) donde manifestó la notable disminución de la cantidad de combustible JET A1. Como consecuencia de lo anterior, la Aeronáutica Civil autorizó a las aerolíneas la cancelación y reprogramación de vuelos, por su parte el Ministerio de Transporte y Ecopetrol ordenaron la importación de 100.000 barriles de petróleo. La sinérgica de eventos produjo una ola de aumento de tiquetes aéreos afectando correlativamente el bolsillo de los colombianos y, en general, el transporte público aéreo.

Ahora, lo más irrisorio y descabellado que surgió como hipótesis primaria del gobierno para justificar tal circunstancia, fue el aumento del turismo y la reactivación económica, que unido a la alta demanda de vuelos, acabaron con la gasolina. Lo anterior ya no sorprende cuando se trata de justificar la ineptitud. Ahora bien, a expensas de un error propio, el gobierno en su notable complejo de superioridad profesional y técnica, pretende buscar un responsable distinto a él mismo; ya la Superintendencia de Transporte “solicita explicaciones urgentes” a las distintas aerolíneas por la cancelación de vuelos y la Aeronáutica Civil asume una posición distinta al tiempo que Ecopetrol explica que no existe ningún problema con Reficar.

No olvidemos que este gobierno en campaña hizo una promesa de que el turismo reemplazaría al petróleo; hoy día y fruto de aquel delirio de liderazgo mundial-ambiental, el gobierno acusa al turismo de propiciar el escaseo el combustible, tratándose al final, según el mismo, de un boicot de la ultra derecha de este país.

Este contexto referente a energías no renovables y combustibles nos obligan a mirar también la advertencia realizada por Air-e quien anuncia un aumento del 400 % del costo de la energía a los usuarios del servicios en la Costa Caribe colombiana en razón de las negociaciones con las empresas generadoras, dado el aumento en bolsa de la energía estimado en una cifra aproximada de 25 mil millones de pesos. Hasta ahora, se sostiene que sólo se han renegociado el 2.9 % de los contratos, es decir, cuatro de 23 empresas, y éstas últimas no han mostrado interés en la reducción de precios.

Para la búsqueda de la solución, precisamente se apela a la capacidad de liderazgo y apoyo del Gobierno nacional, pero la respuesta es otra que una pauta publicitaria de cinco puntos en donde el primer mandatario manifiesta: que Colombia es el único país de Latinoamérica donde el costo de energía no está regulado por el Estado, dice que a las empresas se les otorga la libertad de fijar las tarifas según el mercado y les permite “especular”, que lamenta que un magistrado del Consejo de Estado “quizás sin leer”, “casi al día siguiente” suspendió el decreto que le permitía regular las tarifas como ordena la Constitución.

Lo anterior deja entrever que la solución, lejos de pasar por una concertación, diálogo o socialización pretende confrontar sin propuestas o alternativas al Gobierno nacional con el sector de los generadores de energía, cuando justamente debería pensarse en crear una comisión interinstitucional del más alto nivel con el sector público buscando concentrarse en la distribución de ganancias, costos de operación y el uso de los recursos recogidos por generadores, transmisores, comercializadores y distribuidores de energía.

En conclusión, este gobierno no puede escudarse en la narrativa engañosa de que estamos frente a un “golpe blando”, desinformación y generación de pánico económico. El “indescifrable” gobierno debería mirar hacia dentro, realizar un ejercicio de introspección, promover el dialogo sectorial, tal como lo hizo adecuadamente con el sector bancario logrando contener —por lo menos hasta ahora— el polémico proyecto de inversiones forzosas; otro buen ejemplo fue el acuerdo logrado luego de muchas dificultades con Thomas Greg para la expedición de pasaportes.

Se debe retomar la vía del diálogo, el presidente debe entender que las expectativas del pueblo son que gobierne, que ejecute, que haga; de nada sirven las inertes confrontaciones y las narrativas del enemigo interno. Ojalá avanzar por fin en el despegue de gobierno aunque, tal como le sucede a los aviones sin gasolina y sin un norte claro, solo nos llevará a poseer una gran nave pero sin el combustible necesario para cubrir la ruta y llegar al destino deseado.