El grave error de la incursión en la embajada de México

Pocas veces ha sucedido algo parecido a la incursión realizada por efectivos de la Policía ecuatoriana a la sede de la embajada de México en Quito para sacar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafel Correa, y conducirlo a una cárcel de alta seguridad.

El señor Noboa, prevalido de su victoria electoral, de su juventud y con el “síndrome de Bukele”, incurrió en un error garrafal, no solo en el ámbito internacional, sino en el interno, dándole argumentos a la oposición para que lo ataquen y se abra la puerta al sempiterno enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que, en última instancia, es definido por los militares y los indígenas. Además, les da oportunidad de acción a los actuales fiscales internacionales: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Es raro que no haya contado con asesores que le hubieran advertido del error o, como sucede en regímenes autoritarios, los que lo hicieron fueron eliminados.

Tal vez el Estado menos indicado para haber actuado así es el Ecuador. Tuvo asilado en su embajada en Londres durante siete años al periodista australiano Julián Assange por el caso de los WikiLeaks, que siguió el mundo entero, hasta que el Gobierno ecuatoriano resolvió suspender el asilo y Assange fue capturado por las autoridades británicas.

De conformidad con el derecho internacional, el Estado asilante es el que resuelve si el asilado es un delincuente común o un perseguido político. El asilo no se concede a los delincuentes comunes. Pero si el Gobierno mexicano, con razón o sin ella, había considerado a Glas un perseguido político, el Gobierno ecuatoriano ha debido respetarlo.

Pero, además, el Ecuador, con la incursión y los actos de violencia contra el personal diplomático que se encontraba en la embajada, ha violado flagrantemente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. No solamente los policías ingresaron como el hombre araña a la embajada, sino que maltrataron al personal diplomático.

En el caso del asilo del líder del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, en la embajada de Colombia en Lima durante cuatro años, Colombia consideró que era un perseguido político. El gobierno de los militares peruanos, por el contrario, sostuvo que Haya de la Torre era un delincuente común.

La embajada fue rodeada con barricadas y con frecuencia se le suspendía el fluido de agua y de luz, pero no se llegó a la incursión. Se comentó que, si se hubiera dado ese caso, se hubiera podido desatar un conflicto armado entre los dos países.

El caso tuvo trascendencia mundial, fue sometido a la Corte Internacional de Justicia y es uno de los más emblemáticos que estudian los internacionalistas.

El expresidente del Perú Alan García también estuvo asilado en la embajada de Colombia en Lima: el, en ese entonces, presidente Alberto Fujimori finalmente autorizó su salida.

Todos los gobiernos latinoamericanos y varios europeos han condenado la incursión. La OEA ha hecho lo propio, no solamente el secretario general, sino que el Consejo Permanente aprobó, prácticamente por unanimidad, una resolución presentada por el embajador colombiano en la OEA, Luis Ernesto Vargas, condenando al Ecuador.

México ha anunciado que someterá el caso a la Corte Internacional de Justicia, donde el Ecuador seguramente saldrá mal librado.

Cada vez son más frecuentes los errores de algunos mandatarios en asuntos de política internacional. Pero, ¡qué le vamos a hacer!, el poder genera soberbia y muchos creen que “su reino no tendrá fin”; pero, todos los reinos, menos el reino de los cielos, tienen fin.