Alejandra Carvajal Reyes Columna Semana

Opinión

El Grupo Wagner llega a Colombia

Desorientados por los escándalos recientes, debemos centrarnos en asuntos como la seguridad nacional, cada vez más deteriorada.

27 de junio de 2023

Este fin de semana, el mundo observó atónito cómo un grupo de mercenarios ponía contra las cuerdas al presidente ruso. El grupo paramilitar Wagner, una milicia al servicio de Vladimir Putin, en un acto de rebeldía lo habría desafiado. Las escenas de tanques de combate desfilando por las calles de Moscú son memorables.

Desde Colombia vemos que este es un hecho que ocurre a casi 11.000 kilómetros de distancia, que es lo que separa a Bogotá de Moscú en un vuelo regular. Sin embargo, los mercenarios de Wagner están más cerca de lo que pensamos. De acuerdo con información publicada por la firma de abogados Barnett, Lerner, Karsen, Frankel & Castro, con sede en Washington, pronto estarían en Colombia.

En Venezuela, Wagner está presente desde 2019, año en el que vinieron desde Rusia a proteger a Nicolás Maduro, quien se sintió en grave peligro como consecuencia de las protestas de la oposición en todo el país. Asimismo, han entrenado a unidades de combate élite en ese país.

Como si fuera poco, también este fin de semana, la revista The Economist publicó un informe desarrollado por su Unidad de Inteligencia (EIU), en el que refleja cómo Colombia se encuentra cada vez más cerca de alinearse por completo con Rusia. Es importante recordar que el presidente de la República no ha hecho hasta ahora el primer acto de condena de la invasión de Rusia a Ucrania.

Mientras esperamos que el Grupo Wagner llegue, si no es que ya está aquí, tenemos un fenómeno preocupante en materia de seguridad. La permisividad en aumento por parte del Gobierno con grupos irregulares está afectando gravemente el orden público.

El domingo en Bogotá, durante el encuentro para la “Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana”, uno de los gobernadores, el de Sucre, afirmó que “Estamos a punto de consolidar un para-Estado, un Estado de mafias dominando el territorio”.

La política de ‘paz total’, que hasta ahora ha sido un fracaso rotundo, da la impresión de no molestar al Gobierno en absoluto, y, por el contrario, pareciera que se está cumpliendo a cabalidad un plan para arrinconar a la Fuerza Pública y desmoralizar a la tropa.

Al igual que el gobernador de Sucre, varios de sus homólogos a lo largo del territorio nacional han manifestado que el cese bilateral de hostilidades solo se ha cumplido por parte del Ejército y la Policía, pero que los grupos delincuenciales siguen asesinando, delinquiendo, secuestrando y extorsionando. El Gobierno nacional está al tanto de esto, pero no hace nada. Cada vez es más frecuente oír que en varias zonas del país grupos al margen de la ley, entre los que se encuentra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, están hostigando a la ciudadanía para que vote por sus candidatos en las elecciones de octubre.

Incluso hay noticias de registradores municipales que empiezan a irse del país por temor a represalias.

Frente a este fenómeno, el Gobierno pareciera neutral, cuando su deber es tomar partido en favor de la ciudadanía. El ministro de Defensa les da palmaditas en la espalda a alcaldes y gobernadores, diciéndoles que tranquilos, que ya se hará algo. Lo cierto es que la situación de orden público y seguridad nacional cada vez está más desbordada.

Retomando las palabras del gobernador de Sucre, en las que hace alusión a un para-Estado: ¿no será más bien esa la finalidad de Petro y sus amigos?, ¿será que quieren un para-Estado para Colombia?

Otro fenómeno que preocupa es la instrumentalización de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas por parte de organizaciones al margen de la ley. Podrían, en un futuro, de continuar así, convertirse en las Wagner criollas, con una serie de estímulos y prerrogativas que ya pueden observarse en leyes importantes como el Plan Nacional de Desarrollo.

Por fortuna Colombia aún cuenta con unas instituciones sólidas y con una sociedad civil que defenderá a ultranza la democracia y el Estado de Derecho. En la movilización del pasado martes brilló un propósito común, como lo es el salvaguardar a nuestras instituciones y el bienestar de los ciudadanos. Miles de colombianos estamos dispuestos a hacerlo, incluso con la vida.

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