El largo camino del cambio

Hace un año Chile estaba sumido en una de las confrontaciones sociales más fuertes de su historia. El descontento popular llevó a millones de chilenos a protestar en las calles. La chispa que encendió el incendio parece menor: el incremento del costo del pasaje del metro. Pero la inconformidad y la rabia tenían orígenes mucho más profundos, en particular la desigualdad social y la precariedad en la que vive una gran porción de la sociedad.

En una etapa inicial, el Gobierno reaccionó con dureza, reprimiendo las manifestaciones y denunciando conspiraciones internacionales del castrochavismo para desestabilizar el país, tal y como semanas después pasó en Colombia. Hubo disturbios, enfrentamientos y violencia que arrojaron un trágico saldo de más de treinta muertos, miles de heridos y de detenidos.

Como lo señalé hace un año (Pedir perdón y rectificar), el presidente Sebastián Piñera tomó conciencia de la dimensión del malestar colectivo. En un gesto que se debe saludar, pidió perdón a sus conciudadanos y reversó las medidas más controvertidas. Pero fue más allá. Tomó decisiones para responder a las demandas de los manifestantes y propuso un camino concreto para avanzar en reformas de fondo en Chile. Es cierto que lo hizo como último recurso frente a una explosión social que lo había arrinconado y amenazaba con desbordarlo, incluso poniendo en riesgo su permanencia en el poder. No importa, lo relevante es que un presidente conservador, que había descartado a inicios de su segundo mandato la propuesta para hacer cambios de fondo a la Constitución, escuchó, entendió, cambió el rumbo y diseñó una hoja de ruta para establecer una nueva institucionalidad democrática en Chile.

Como lo hicieron en el plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura de Pinochet y marcó el retorno de la democracia, los chilenos se movilizaron y expresaron de manera contundente su decisión de dejar atrás los rezagos institucionales de la dictadura y renovar completamente su democracia. Más del 78 por ciento de los votos apoyaron la idea de convocar una "Convención Constitucional (asamblea constituyente) y rechazaron la propuesta de que el actual legislativo fuera parte del proceso de establecer la nueva Carta Magna. Es la primera vez en su historia que Chile recurre a una asamblea constituyente. Serán 155 constituyentes elegidos por voto popular los encargados de hacerlo. Además, por primera vez en el mundo, se decidió que esta asamblea deberá estar compuesta paritariamente por hombres y mujeres. Esta apuesta por la inclusión tendrá sin lugar a dudas una profunda influencia en el abordaje de los temas, sus prioridades y en el diseño institucional que los plasme. Está aún por verse cómo le darán espacio a las minorías indígenas en la constituyente. Algunos de los temas que seguramente van a ser objeto de debate son el papel y el funcionamiento de las fuerzas militares y de policía, la descentralización y temas de gran calado para la sociedad como la salud, la educación o el aborto.

El camino por recorrer es aún largo. Las elecciones para la Convención Constitucional se realizarán en abril del 2021 y el proceso durará nueve meses, con una posible prórroga por tres meses más. El texto que surja de la asamblea deberá luego ser ratificado popularmente en un nuevo plebiscito a mediados de 2022. Este calendario tendrá consecuencias a nivel electoral. Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para inicios de 2022, o sea con las actuales normas. Es posible que, como en Colombia en 1991, las decisiones de la Convención afecten el mandato de los nuevos legisladores e incluso del nuevo presidente. Son muchos los desafíos que deberán enfrentarse y superarse. El consenso mayoritario surgido alrededor de la necesidad del cambio constitucional se evaporará probablemente para dar paso a la expresión de la polarización creciente en Chile y en el mundo sobre el tipo de sociedad que se quiere construir. La campaña será dura y los debates intensos. Eso no debe soslayar el hecho de que este proceso es el mejor camino para resolver estos dilemas y fortalecer la democracia.

En Colombia la Constitución de 1991 cumplió un cometido similar y, a pesar de las múltiples reformas hechas en estos treinta años, sus pilares siguen estando vigentes y marcan un derrotero hacia un país más solidario e incluyente. La situación, la historia y los problemas son totalmente diferentes a los de Chile. Rehacer nuestra Constitución no es lo que necesitamos. Debemos enfocarnos en hacerla cumplir. Pero lo que sí podemos aprender del proceso chileno es la necesidad de propiciar puntos de encuentro para trabajar de manera consensuada en la construcción de una sociedad mejor. La aspiración de la paz y las reformas sociales que eso implica deberían ser el punto de partida.