El mal endémico de la Contraloría

Se llama Eugene Louis Dodaro. Es el octavo contralor general de Estados Unidos, cargo que fue creado en 1921. Dirige la Government Accountability Office (GAO, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno). Reemplazó a David Walker en 2010 y su período termina en 2025.

La GAO es una agencia adscrita al Congreso y que investiga cómo el gobierno se gasta los recursos del presupuesto y propone acciones para mejorar la gestión pública. Es de bajo perfil, apenas conocida por quienes utilizan sus servicios. Ni hablar de su director, un funcionario de carrera (llegó en 1973 a la GAO). Su escasa exposición mediática contrasta con su enorme influencia. Sus reportes son respetados y adheridos por políticos de ambos partidos. Carece del estigma de la politización, ya que el periodo de los contralores generales es de 15 años, que sobrepasa varios mandatos presidenciales. Por ejemplo, ni George Bush padre e hijo pudieron nombrar a uno.

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Uno de los factores de éxito de la GAO es que no busca resolver todos los problemas ni identificar todas las irregularidades en las entidades, sino que prioriza sus investigaciones en asuntos de mayor impacto y que cumplan con su misión central: una óptima utilización de los limitados recursos públicos y una mayor eficiencia. Sus recomendaciones son prácticas y enfocadas al alcance de la institución que vigila. Cuando desentierra indicios de fraude o actos delictivos, remite esos casos al Departamento de Justicia para que sean los fiscales quienes determinen las responsabilidades penales o civiles.  Que la GAO no sea punitiva en su esencia, no le quita su autoridad. Es más, la empodera.

La GAO no posee una inmensa nómina. Son apenas 2.900 empleados para fiscalizar un presupuesto de 4,4 billones de dólares. La Contraloría General de la República (CGR), en cambio, emplea a más de 4.200 personas en Colombia, para vigilar un monto un tris menor (USD 80.000 millones). La razón de ser de la GAO y la CGR son casi idénticas como reza en la página web de esta última: “La CGR… tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas”.

La GAO goza de tanta credibilidad que un estudio de la consultora Deloitte encontró que 81 por ciento de sus recomendaciones fueron implementadas por las entidades federales (en el periodo 1983-2008). En otras palabras, ha cumplido su mandato de optimizar el funcionamiento del Estado.

Contrasta su medición de éxito con la que aplica la CGR, en la que pululan los anuncios de miles de investigaciones e imposiciones de sanciones. En su rendición de cuentas de esta semana, el contralor general, Edgardo Maya, destacó que en cuatro años hubo 3.360 hallazgos que culminaron en incidencias administrativas, penales y fiscales y 4.250 procesos de responsabilidad fiscal.

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Mientras que la GAO encamina sus esfuerzos hacia un objetivo estratégico –el buen uso de los recursos públicos–, Maya, como sus antecesores, ha centrado su energía en identificar y castigar a quienes no cumplen con su deber. No es una diferencia cosmética ni de estilo, sino fundamental. En términos crudos, la Contraloría en Colombia, hoy y desde hace décadas aplica una política de bodycount para evaluar su desempeño: premia sanciones y condenas a individuos sobre transformaciones institucionales. Es una receta para el desastre.

En vez de “contribuir a la modernización”, esta inquisición produce todo lo contrario: un ambiente adverso a la innovación y al cambio y el riesgo monumental de que justos paguen por pecadores. Señalar culpables puede producir el aplauso de la galería y titulares en los medios, mas la aleja de la misión central de la Contraloría General de la República y su papel en la sociedad. Colombia requiere más de una GAO, discreta y eficiente, que de un contralor general personaje del año. 

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