Miguel Angel Herrera.

Opinión

El mensaje de Petro a los inversionistas

Las empresas querían escuchar del presidente un mensaje sobre la seguridad jurídica para las inversiones. Pero lo que escucharon fue el compromiso del Gobierno con sacar adelante sus reformas que, sin excepción, limitan la participación del sector privado en sectores estratégicos para el desarrollo socioeconómico.

Miguel Ángel Herrera
26 de septiembre de 2024

Llegó puntual, saludó con expresiva cordialidad a cada uno de los empresarios, escuchó de forma muy atenta y tomó notas de los comentarios importantes de los representantes de las más grandes corporaciones estadounidenses que estuvieron conversando con él, en un espacio privado, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el lunes pasado.

Sí, estoy hablando del presidente Petro.

Fue claro que el primer mandatario tiene una actitud más amigable con los empresarios, en comparación con la que mostró dos años atrás en una reunión similar convocada por las mismas empresas, en el mismo espacio, también en Nueva York. Pero sus prioridades y posiciones, en los temas de interés estratégico para los inversionistas, siguen siendo los mismos, en general.

Para el presidente, la economía va bien. Sacó pecho con los datos de la inflación y con el crecimiento de algunos sectores productivos. Y no le falta razón, aunque los indicadores no sean del todo atribuibles a las políticas del Gobierno nacional. En agosto de 2022, cuando llegó Petro, la inflación era del 10,84 % y subió a 13,34 % en marzo de 2023, su pico más alto. Desde entonces, ha disminuido gradualmente hasta llegar a 6,12 % en agosto de 2024.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, es cierto que tuvo una recuperación importante en el segundo trimestre de 2024, creciendo 2,1 %, impulsado por las actividades artísticas, la agricultura (10 %) y la administración pública (defensa, salud y educación), aunque sectores como minas y energía, comunicaciones y manufactura se contrajeron fuertemente. Además, el comercio estuvo estancado, y la construcción creció levemente. El presidente fue claro en que la economía está creciendo por donde él quiere que crezca, refiriéndose al sorpresivo, pero muy positivo desempeño del sector agrícola. ¿Y los demás sectores?

Atribuyó el mal desempeño de algunos sectores, como la construcción, a la tasa de interés. Y dejó en el ambiente la idea de que la tasa debe ser una discusión más política que técnica. Hay que recordar que, en agosto de 2022, la tasa de interés del Banco de la República subió de 9 % a un máximo de 13,25 % en abril de 2023, manteniéndose en ese nivel hasta diciembre. Desde entonces, ha ido bajando gradualmente, alcanzando 10,75 % en agosto pasado, en línea con la disminución de la inflación. Dado que la meta es reducir la inflación por debajo del 3 %, el Banco ha sido cauteloso en bajar las tasas, pese a la presión del Gobierno.

Luego el presidente dedicó una buena parte del tiempo al cambio climático como antesala al mensaje clave para los empresarios: la importancia de una transición energética que, según el mandatario, debe ser acelerada en Colombia. Alarmó con el dato de once millones de hectáreas de selva perdidas en el Amazonas por cuenta de los recientes incendios. Advirtió que estamos en un punto de no retorno de la crisis climática mundial. Dejó claro que las inversiones que el Gobierno apoyará son las que desarrollen las energías limpias e invitó —con fuerza verbal— a invertir en “bioeconomía”, que la FAO define como la producción basada en recursos, procesos y métodos que generan bienes y servicios de forma sostenible en todos los sectores económicos.

No hizo referencia al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dando con su silencio tranquilidad a las empresas. Pero sí invitó a mitigar, sin decirlo como tal, el impacto del tratado sobre el desarrollo económico. Resaltó que en Colombia no se debería hablar de “reindustrialización” porque el país nunca se industrializó, haciendo así un llamado para que las inversiones fortalezcan las capacidades de producción industrial del país. Y tiene razón.

Destacó la oportunidad de industrializar la agricultura, cuyos indicadores son muy pobres. Lo justificó no solamente como una estrategia para el desarrollo económico del país, sino como una política clave para reducir el impacto de las economías ilícitas. Y también tiene razón el presidente, pero desconoce que las grandes corporaciones tienen enormes barreras para invertir en territorios donde impera la ilegalidad.

Y a propósito, fue estratégico Petro al evitar el tema del conflicto y su política de paz total. Aunque mencionó que Colombia está superando la violencia, haciendo alusión a la reducción de la tasa de homicidios en el país, ignoró problemas que están afectando progresivamente la confianza inversionista, como el secuestro, la extorsión y los asesinatos de líderes sociales, entre otros. Los secuestros han crecido un 110 % desde 2020. En la primera mitad de 2023, aumentaron un 93 %, alcanzando 290 casos, y la extorsión también ha aumentado, alcanzando 5.016 casos en 2024, en comparación con 3.894 del año anterior.

Las empresas querían escuchar del presidente un mensaje sobre la seguridad jurídica para las inversiones. Pero lo que escucharon fue el compromiso del Gobierno con sacar adelante sus reformas que, sin excepción, limitan la participación del sector privado en sectores estratégicos para el desarrollo socioeconómico. En este contexto, el presidente fue claro en que el país necesita un sistema de salud en el que el Estado controle la prevención de las enfermedades para reducir el gasto en tratamientos costosos, enfocando los recursos en la atención primaria de salud, en la que los privados tendrían poco margen de acción.

No mencionó el presidente otra fuente de inseguridad jurídica para la inversión: la reforma laboral, que es materia de gran preocupación para los grandes empleadores que estaban en la reunión. Preocupación no solamente por el incremento en los costos laborales, sino por el fortalecimiento de los sindicatos, que para las grandes corporaciones implicaría la pérdida de gobernabilidad corporativa sobre sus empresas en Colombia.

Tampoco se escuchó al presidente hablar sobre el sistema democrático en Colombia, que es la principal fuente, junto al Estado de derecho, de la seguridad jurídica para la inversión.

Cordialidad, respeto, serenidad y diálogo, de principio a fin de la reunión, pero sin políticas o propuestas concretas que resuelvan la incertidumbre que sienten muchos inversionistas.

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