“El narcotraficante número 82”

Si ‘Gomorra’, el libro de Roberto Saviano [2006] dejó al descubierto las estructuras de poder de los clanes mafiosos surgidos en Sicilia, nos retrató su modus operandi y la manera como ese pulpo del narcotráfico y el crimen organizado extendió sus tentáculos a lo largo de muchas décadas a esa otra estructura de poder representada por el Estado italiano, ‘El narcotraficante No 82’, de Sergio Camargo [2008], confirma lo que ya el país conoce desde la década del ochenta: que el presidente 115 que gobernó Colombia durante 8 años está embadurnado de narcotráfico de pies a cabeza, aunque él lo niegue. 

Saviano, como sabemos, fue perseguido por la ‘Cosa Nostra’, obligado a salir de su patria y sentenciado a muerte. Durante muchos años estuvo bajo estricta vigilancia de las autoridades de su país y, desde entonces,  el Ministerio del Interior italiano ha tenido que destinar varios millones de euros para preservarle la vida. Sin embargo, si es cierto, como lo ha expresado Sergio Camargo, que las amenazas contra su integridad física no han tenido las repercusiones que sí tuvieron en Europa las llevadas a cabo contra el periodista italiano, una edición de su libro [El narcotraficante No 82: Álvaro Uribe, presidente de Colombia] no se le permitió la circulación en 2008 y los pocos ejemplares que se encontraban en las librerías, almacenes y quioscos de revistas del país fueron retirados misteriosamente y desaparecidos por miembros  encubiertos de la Policía y el DAS.

Lo que cuenta Camargo en su libro es apenas la punta de un gigantesco iceberg que deja ver aspectos no tan desconocidos del expresidente. Por ejemplo, que en 1991 el hombre figuraba --al lado de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y otros miembros de los carteles de Medellín y el Valle del Cauca-- en una lista elaborada por el Consejo de Estado de los EE.UU. En realidad, la lista era un ornigrama, como el que elaboran las autoridades de los delincuentes más buscados, en el que podía verse al futuro presidente ocupando el puesto 82 de esa estructura.

Camargo profundiza en la estrecha alianza macabra entre prestigiosos políticos, militares y empresarios del país. En su reportaje habla de un poco más de 1300 integrantes de estas organizaciones que, ante la presión de gobiernos como el de Cesar Gaviria, se dedicaron desde el Congreso de la República a crear leyes que ayudaran a los miembros de los carteles de la droga y les evitara ser extraditados. De ahí el surgimiento del recordado eslogan de Pablo Escobar Gaviria en el que afirma que “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”.

En este mismo sentido, la presentadora y examante del otrora rey de la cocaína, Virginia Vallejo, ha afirmado en su libro ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’ [Debate, 2007] que lo que se produjo en Colombia no fue una simple complicidad de amigos sino una asociación de criminales que tenía como objetivo tomarse por asalto la institucionalidad del Estado. 

Lo anterior coincide con la indignación de Juan Gossaín [13-04-2010], cuando en una editorial de noticias RCN Radio leyó apartes de un documento de 166 páginas decomisado   por la Fiscalía General de la Nación en las oficinas del DAS en Bogotá en el que afirma que las ‘chuzadas’ o interceptaciones ilegales de teléfonos a políticos, periodistas y opositores del gobierno Uribe, era en  realidad una organización criminal de espionaje que tenía como objetivo no solo acabar con la democracia del país, sino el asesinato selectivo de personajes importantes para producir confusión en la sociedad y señalar de los hechos a la izquierda desarmada, llevar a la cárcel a todo aquel que se les opusiera y criminalizar la opinión.

Con respecto a esto, el reconocido periodista español José Manuel Martín Madem, quien fuera corresponsal en Colombia de varios medios internacionales de noticias y autor de varios libros, entre ellos ‘Colombia feroz’, ha dicho para una cadena de televisión que Álvaro Uribe Vélez ha sido el único presidente de América Latina acusado formalmente de  financiar su campaña electoral apoyada por las mafias del narcotráfico, de comprar literalmente el Congreso de la República de su país para conseguir su reelección, de utilizar los Servicios Secretos [léase Departamento Administrativo de Seguridad,  DAS] para hostigar a su opositores políticos y defensores de los Derechos Humanos. Así mismo, nos recuerda que  durante su largo mandato violó sistemáticamente la Constitución Política de su país con conocimiento de causa al entregar a los Estados Unidos unas bases militares sin la aprobación del legislativo. 

En resumen, reflexiona el periodista español, en América Latina no ha habido un mandatario tan cuestionado, ética y moralmente, como el colombiano Uribe Vélez, con tantas y tan graves acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Pero lo peor de todo, concluye, es que, como Pinochet en Chile, profundizó el llamado terrorismo de Estado y dividió al país entre buenos y malos, entre los que eran amigos de la Seguridad Democrática y los que, según Juan Gossaín, eran criminalizados por oponerse a su gobierno.

Para Sergio Camargo, como para Martín Madem, la realidad sobre la vida del presidente 115 de Colombia ha sido tergiversada por un gran número de medios nacionales y extranjeros. Las cientos de denuncias que cursan en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes [encargada de investigar a los expresidentes] y la Fiscalía General de la Nación, han sido minimizadas. Primero porque el órgano investigador del Estado carece de dientes para asumir un proceso de  investigación y juzgarlo. Y, segundo, porque la  Comisión de Acusaciones es un organismo de papel, administrado por muchos de aquellos que le deben favores y lealtad al exmandatario.

La justicia cojea pero llega, reza el adagio. En Colombia, esperamos que el nuevo Congreso le regale un par de muletas y la Fiscalía, entonces sí, pueda levantar la frente y mostrar los dientes, como lo hizo Luis Suárez en el escandaloso partido ante Italia.