Buenaventura: vía de menor resistencia para la cocaína

Los narcotraficantes más sofisticados prefieren transportar envíos usando contenedores de carga. Esto se debe a que si se puede subir un contenedor a un buque, en términos generales, el mismo puede enviarse a casi cualquier lugar del mundo con un mínimo riesgo de que sea abierto. En consecuencia, un cargamento de cocaína adentro de uno de esos contenedores pasa por el menor número posible de manos, lo que reduce costos y riesgos de decomiso y traición. Por tal razón, los puertos de contenedores son por tradición uno de los bienes inmuebles más disputados por los narcotraficantes, no solo en Colombia sino en toda la región. Los contenedores de carga son simplemente un buen negocio para los narcotraficantes y les permiten maximizar las ganancias a la par que minimizan los riesgos.

El Gobierno colombiano invierte decenas de millones de dólares y más de una decena de vidas, para combatir el tráfico de drogas en Nariño y Urabá/Chocó, en los extremos superior e inferior de la costa Pacífica. Sin embargo, parece estar prestando mucha menos atención al punto de partida más importante para la cocaína, situado en medio del litoral Pacífico: el puerto de Buenaventura.

Dentro de lo posible, los narcos colombianos ahora prefieren usar plata en vez de plomo, sobornos en oposición a la violencia.  Y la evidencia indica que Buenaventura está sumamente abierta a los sobornos. El último escándalo que llenó las primeras planas fue el caso de la familia Ambuila. Ómar Ambuila, funcionario de la Dian, con un salario modesto, es señalado de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Las cuentas de su hija en redes sociales, posando junto a su Lamborghini, son apenas una evidencia más en su contra. El control del puerto a manos de la mafia ha sido tan evidente que la directora nacional de Aduanas, Claudia Gaviria, se escapó por un pelo de un intento de homicidio en Buenaventura, mientras que el director de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Carlos Buitrago, recibió amenazas de muerte después de intentar hacer una investigación del puerto.

Pero lo que no ha llegado a la prensa es la corrupción en el cuerpo de Policía Antinarcóticos encargado de proteger el puerto de los narcotraficantes.  Cuando InSight Crime realizó una investigación de campo allí en 2018, hallamos que algunos oficiales habían sido destituidos de sus cargos por acusaciones de corrupción y nunca se presentaron cargos. Había acusaciones de que los equipos de buceo de la policía a cargo de inspeccionar los cascos de los barcos, depositaban cocaína, en lugar de retirarla.  Examinamos el sistema que vigila los contenedores que ingresan al puerto: tiene la capacidad de inspeccionar un contenedor cada siete minutos.  Después de invertir un día contando el número de contenedores que son registrados, la realidad demuestra que pasa uno cada 30 minutos.  Con más de un millón de contenedores que pasan por el puerto de Buenaventura, la Policía Antinarcóticos puede, trabajando a plena capacidad cada día del año, registrar solo 74.000 contenedores, lo cual equivale al 8 por ciento del total.  Cualquier narcotraficante asumiría con gusto un 8 por ciento de riesgo de decomiso.  Perder el 8 de sus cargamentos es simplemente el costo de hacer negocios. Sin embargo, la verdad es que quizás apenas el 3 por ciento de los contenedores son inspeccionados realmente. Y esto es solo remotamente efectivo si asumimos que las autoridades portuarias no están en la nómina de la mafia y simplemente dejan pasar contenedores ya “contaminados” con cocaína.

Colombia está bajo intensa presión internacional para que detenga el flujo de cocaína que sale de sus orillas.  La mayoría de los recursos antinarcóticos se destinan contra los sembradores de coca, quienes perciben en promedio US$120 por kilo de base de coca que producen.  O contra los ejércitos ilegales que controlan muchas de las regiones cocaleras, quienes ganan US$500 por cada kilo de cocaína vendido.  Pero los narcotraficantes, quienes logran poner las drogas en un contenedor por medio de Buenaventura, con destino a Europa, ganarán unos US$30.000 por kilo. Ellos reciben una porción mucho menor de la atención y los recursos del Estado.

Buenaventura es un campo de batalla en el tráfico de narcóticos: podría costar menos vidas y dinero, y tener mayor impacto en las ganancias criminales de la cocaína, que castigar a los cocaleros y combatir los ejércitos ilegales en Chocó y Nariño. No estoy diciendo que no deban adelantarse tales acciones, cualquiera que infrinja la ley en Colombia debe afrontar las consecuencias, y el Estado debe tener presencia y control en cada metro cuadrado del territorio nacional. Sin embargo, ¿no se libraría de mejor manera la guerra antinarcóticos destinando mayores recursos para desarticular la corrupción y la infraestructura de la mafia en Buenaventura que desplegando menos de mil efectivos a Nariño?

Es hora de que Colombia cambie sus recursos y su foco: mantener la erradicación y la interdicción, arrestar a quienes infrinjan la ley, pero a la vez dedicar más recursos a perseguir el dinero grueso, aquel que amenaza con socavar la democracia mediante sobornos y corrupción, a la par que financia todos los eslabones de la cadena de producción de la cocaína. Esto tiene la ventaja de tener una mejor lógica comercial, y permitiría al Estado tener mayor impacto con el mismo dinero, golpear mucho más el tráfico de narcóticos, con el beneficio de implementar una estrategia más humana con las comunidades que viven del cultivo de coca. Es un escenario de gana-gana, ¿o no?