El naufragio de la educación

La educación de calidad es considerada como una de las máximas características de las sociedades desarrolladas, debido al instantáneo beneficio que esta tiene sobre la desigualdad social y la misma convivencia de una nación. Usando la lógica más básica, se podría afirmar que esta política pública tendría el potencial para unificar a los partidos políticos y así brindarle a la ciudadanía una mejor formación para los jóvenes. No obstante, en el caso colombiano, resultan saltarse esta regla, trayendo la misma polarización y fanatismo que incurre en otro tipo de políticas públicas mucho más polémicas. Irónicamente, quienes desataron la discordia respecto a esta reforma fallida fueron los miembros del Pacto Histórico, cuya falta de palabra y talante democrático llevó al naufragio de la reforma a la educación.

Si bien se ha visto que, en los últimos dos años, la política pública expedida por el Gobierno nacional carece de rigurosidad académica, o por lo menos de lógica y racionalidad, es un hecho que esta reforma tuvo el potencial para ser la excepción. En primer lugar, es urgente que la educación adopte la denominación de derecho fundamental, dejando atrás la “doble titulación” que ostenta junto con la designación de servicio público. Esto se debe a que nuestro bloque de constitucionalidad, el cual incluye al artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, y otros tratados internacionales que le brindan a la educación la importancia de derecho fundamental. A su vez, el artículo 44 y 45 de la Constitución incluye a la educación como parte de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.

Asimismo, es importante precisar que la educación en Colombia ha cambiado las reglas establecidas por la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, esto se debe principalmente a la introducción de nuevas tecnologías y hechos en la historia de la humanidad, como lo es la existencia de la inteligencia artificial y la pandemia del covid-19, que introdujo nuevos métodos de comunicación y enseñanza como la virtualidad o las clases asincrónicas. No obstante, esta pandemia causó grandes daños en nuestro sistema educativo, llevando a la deserción de miles de jóvenes de sus escuelas por factores como la falta de conexión a Internet, herramientas de estudio, motivación y, por supuesto, concentración.

Ahora bien, esta reforma no puede ser una política pública de corte socialista y radical como lo planteaba inicialmente el texto inicial presentado por el Gobierno nacional, por ese motivo la oposición dejó un texto bastante moderado que brindaría mayor bien que una política extremista que podría causar muchísimos daños colaterales. De esta forma, las enmiendas promovidas por este armisticio político, incluyeron puntos como la evaluación de docentes y la inclusión de la formación terciaria, un tipo de formación técnica que favorece mayormente a los jóvenes que buscan entrar al mercado laboral estando preparados pero sin el tiempo de realizar una carrera completa.

Inicialmente, los colectivos petristas se sumaron al gran acuerdo nacional y cedieron en varios puntos para que así se aprobara el proyecto de ley estatutaria. No obstante, esta chispa de espíritu conciliatorio se apagó tras ser presionados por sindicatos como Fecode. No solo creería que esto fue presión, ya que como fue denunciado por la senadora María Fernanda Cabal, presuntamente el líder de Fecode sugirió sobornar a los parlamentarios para cumplir sus objetivos con esta política pública. De esta manera, los senadores de este colectivo afirmaron que las enmiendas antes concebidas estaban en lo incorrecto, debido a razones como el desconocimiento de la autonomía universitaria mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorece a particulares, la existencia de la educación terciaria y las tensiones jurídicas que genera la privatización de la educación, siendo esta un derecho fundamental.

Ahora bien, la reforma planteada por estos colectivos, como tal, posee bastantes problemas, no obstante su principal obstáculo de corte fiscal, un hecho que fue ignorado principalmente por Fecode y el Pacto Histórico. Más de 200 rectores de instituciones educativas le recuerdan al Gobierno sobre la viabilidad fiscal del proyecto, el cual se puede encontrar en un costo superior a 41 billones de pesos anuales para el año 2025, según indica un estudio de la Universidad Javeriana, y estos solamente para cubrir los gastos de los estudiantes de entre 0 a 21 años, dejando de lado los costes estructurales y dotaciones. En ese sentido, si se examina la ponencia, ellos mencionan de manera ambigua y errónea que hay viabilidad fiscal, remitiéndose a un concepto del Ministerio de Hacienda emitido en octubre de 2023, que establece lo siguiente: “No tiene objeciones de tipo presupuestal”, por lo cual la ponencia afirma de manera errónea: “En ese sentido, el proyecto de ley estatutaria no genera costos fiscales adicionales a los ya contemplados en el presupuesto para el sector educación”.

El futuro de esta política pública resulta incierto; no obstante, a la hora de hacer una estimación fundamentada, se sabe que el Pacto Histórico volverá a presentar el proyecto de ley estatutaria en la nueva legislatura, esta vez de manera testaruda, siguiendo los intereses caprichosos de Fecode, dejando de lado a la juventud colombiana para que siga estancada con niveles de educación mediocres y dominada por los sindicatos. Sin embargo, lo que queda claro es que una reforma es necesaria.