El negocio de la legalización

Oigo con estupor en Semana las palabras de una señora que fue directora del Sena, es decir, que debería estar preparada para saber de qué habla. Dice, o más bien grita, María Andrea Nieto: “Hay un sector de la opinión pública cuyo objetivo, al final, puede ser la legalización de las drogas. Y entonces, a través de las narrativas del odio, lo que hacen es conducir a la gente a que diga, bueno, por favor, ya que somos incapaces de tener fuerzas militares, justicia, pues arrodillémonos (sic) y cedamos a las peticiones de los criminales”...(Nota: Por lo visto ya nadie en Colombia sabe qué es la concordancia gramatical: “Arrodillémo(s)nos”, y así. Quitan eses, ponen eses, más o menos al azar. Todos dicen y escriben: “Se los dije”, como si hubieran dicho varias cosas, creyendo que la letra ese va implícita cuando les han dicho una sola cosa a varias personas. Todos dicen, al revés: a las Farc le prometieron, en vez de les prometieron, como si Farc no fuera un plural... etcétera).

Vuelvo a lo de la droga. Esta señora Nieto, que ha vivido toda su vida sometida al imperio de las drogas ilegales, es decir, “a las peticiones de los criminales” que han corrompido y destruido a Colombia, no parece haberse dado cuenta. Como no parecen haberse dado cuenta tampoco el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa (de “defensa”: qué ironía) Carlos Holmes Trujillo, que insisten contra toda evidencia en que la fumigación aérea de los cultivos de coca es la solución para el problema de la violencia. Como no parecen haberse dado cuenta en el último medio siglo (¡medio siglo!) los sucesivos presidentes y ministros de Defensa que hemos tenido aquí, y que han preferido arrodillarse, ellos sí, ante los Gobiernos de los Estados Unidos que les han impuesto la guerra contra el narcotráfico declarada por ellos. En los últimos tiempos, ya como expresidente y en consecuencia (o “por ende”, como se dice ahora para todo) sin ningún efecto, César Gaviria parece haberse despertado un poco. Y en su segundo gobierno lo hizo a medias y tímidamente Juan Manuel Santos, atreviéndose a afirmar ante la Asamblea de la ONU que la guerra contra las drogas no había sido victoriosa.

Samper, el más cínico o el más astuto, el que compró su presidencia con los dineros del narcotráfico, y que cayó por eso bajo el desagrado del Gran Hermano norteamericano, no vaciló en explicar virtuosamente que si perseguía las drogas (por cuya legalización había abogado 20 años antes) lo hacía movido por la convicción, y no por la coacción. Afortunadamente hay también “sectores de la opinión pública”, como los llama la señora Nieto, más sensatos: que sí se han dado cuenta y entienden que es la ilegalidad de las drogas, y no las drogas mismas, lo que nos ha hecho arrodillarnos ante los criminales, al volverlos ricos y poderosos. Pablo Escobar sería hoy un octogenario pero modesto ladrón de lápidas de cementerios, en vez de haber sido el más pródigo proveedor de cadáveres para los cementerios del país, si no hubiera contado con la prohibición de las drogas, que convirtió su comercio en el mejor negocio del mundo.Así, cursa ya en el Congreso un proyecto de ley presentado por los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, que propone la legalización, sin el permiso previo del Imperio, de la coca y sus derivados, sean té de hojas de coca o clorhidrato de cocaína. Y a la vez hace dos días el diario El Espectador insiste editorialmente en la legalización de la marihuana, antes de que Colombia pierda su acceso al negocio de su comercialización para usos medicinales (y recreativos), que ya es aceptado y próspero en una cuarta parte de los estados de los Estados Unidos.

Pero como ya digo se resisten a la sensatez, sin duda por coacción pero también por insensata convicción, por bobaliconería y por ignorancia, el presidente Iván Duque y su ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Siguen empecinados en la persecución de la droga en dosis usada en los parques y de su planta originaria sembrada en miles de hectáreas en los campos. Explica el senador Marulanda que, dentro de la propuesta de su proyecto de ley, que contempla la compra por el Estado de la cosecha de hoja de coca hoy existente, el costo sería de 2,3 billones de pesos al año. Mientras que el costo de los inefectivos programas de erradicación que hoy se adelantan es de 2,8 billones. Ya en eso habría un ahorro, sin empezar a contar todo lo demás.

Tal vez ese sea el extremo del asunto por el cual hay que empezar: no el de la salud y la paz, que por lo visto no convence a nadie, sino el del negocio.