El nuevo juego nación-territorio en el sistema de salud

Si bien el Gobierno nacional tiene un gran poder regulatorio sobre el sector salud, los nuevos gobernantes locales, de forma autónoma con sus propias facultades, jugarán un papel crucial en la transformación del sistema sanitario, con reforma o sin reforma estructural. Así, en aquellos territorios que tendrán nuevos mandatarios con visiones política pública en salud diferentes a la caprichosa estrategia reformista del gobierno, el sistema sentirá una sana tensión entre los cambios que por decreto introducirá el gobierno nacional y las decisiones técnicas y administrativas de alcaldías y gobernaciones.

Vamos a ver si Petro respeta la descentralización administrativa que tanto ha promovido de forma general durante su gobierno, y en forma particular en el proyecto de ley de reforma al sistema de salud. Esta descentralización reconoce las particularidades y necesidades específicas de cada región, permitiendo una adaptación más efectiva de las políticas a la diversidad geográfica, económica, cultural y social del país.

En este contexto de tensión territorio-nación, el sector privado en salud está llamado a encontrar su lugar para aportar valor en los dos frentes, priorizando la sostenibilidad del sistema que nunca estuvo tan amenazado. Si bien la llegada de nuevos mandatarios independientes y opositores de la reforma representa una bocanada de aire fresco para las empresas y los gremios en los territorios, el tradicional centralismo regulatorio del sector continuará, por lo que el sector privado no puede descuidar su derecho a participar de los cambios en las regulaciones, pese a que el gobierno nacional no lo facilite.

El sector privado enfrentará dos situaciones. Por un lado, los territorios de partidos independientes y opositores seguramente se convertirán en cercos administrativos y técnicos contra la reforma estructural del gobierno, si es aprobada, o de las decisiones administrativas para su implementación parcial, si fracasa en el Congreso de la República. Públicamente, algunos alcaldes electos ya han dicho que blindarán a sus territorios del reformismo en salud, lo que anticipa la inminente tensión territorio-nación, aparentemente negativa, pero en realidad legítima y democrática si se realiza en el marco de las competencias legales de los dos niveles de gobierno.

Por otro lado, proliferarán de forma inusual nuevos planes de política sanitaria a nivel territorial, con visiones propias de la administración local, en el interés de alcaldes, gobernadores, concejales, asambleístas y secretarios de salud de reducir la incertidumbre que el ambiente reformista ha sembrado en el sector. La oportunidad en esencia es buena, pero significativamente retadora porque pondría sobre los hombros de los nuevos mandatarios el cumplimiento de las expectativas de pacientes y usuarios del sistema.

Los nuevos planes de política sanitaria a nivel territorial están llamados a ofrecer mayor seguridad jurídica, mejor gestión técnica y mejores condiciones políticas para la inversión privada, porque sus líderes fueron elegidos con la promesa de gestionar el sistema de salud sin excluir a empresas y gremios. Es esperable entonces que las discusiones territoriales sobre el modelo de atención en salud, las redes de prestación, las capacidades productivas y competitivas de cada ciudad o departamento, entre otros temas de autonomía territorial, cuenten con la participación del sector privado en beneficio de un sistema que no es viable sin la innovación, producción, conocimiento y recursos financieros de las empresas.

Con la disminución de las perspectivas de aprobación de las reformas sociales del gobierno nacional, por debajo del 50% según JP Morgan (La República, 30/10/23), derivada de la moñona electoral contra el gobierno en la mayoría de las regiones con el más alto desarrollo económico, (Bogotá/Cundinamarca, Medellín/Antioquia, Cali/Valle del Cauca, Barranquilla/Atlántico), las condiciones claramente mejorarán para la participación de la iniciativa privada en la gestión sanitaria a nivel territorial. Empresas y gremios no deberían perder esta oportunidad.

Sin embargo, aseguradores, prestadores e industria están llamados a no repetir los errores del pasado, principalmente por descuidar los territorios vulnerables para concentrarse en aquellos que prometen mejores resultados económicos. Ya hemos aprendido que, en parte, esa situación ha contribuido a que el gobierno nacional de turno justifique el cambio total del sistema por su ineficacia en poblaciones marginadas. La lección es que, independientemente del gobierno nacional que haya, los agentes del sector privado deberían tener una estrategia más eficaz de cobertura, calidad y acceso para grupos vulnerables que no dependa del desempeño económico del territorio. Ojalá, desde luego, concertada con el gobierno nacional y con los gobiernos territoriales.

Quizás por este camino se profundice la proclamada y no alcanzada descentralización de la salud, que el sector privado podría no solamente dinamizar, sino también vigilar para evitar que volvamos por esta vía a caer en las malas prácticas administrativas del pasado, simbolizadas infortunadamente en los famosos y temidos carteles de corrupción territoriales, y que en su momento justificaron la recentralización del sistema. El sector privado, pero también la ciudadanía, no debería confiar ciegamente en los nuevos administradores territoriales, que por ser de oposición o independientes, no son indemnes a las mafias territoriales de contratación y clientelismo.

De ahí la importancia de que empresas, gremios y ciudadanía pro sector privado capitalicen la oportunidad desde el primero de enero del 2024 de participar en los órganos de cogobernanza con las nuevas administraciones territoriales, manteniendo un pie -aunque sea difícil- en las discusiones de política pública nacional, para no dejar espacios que el gobierno nacional llene con sus delirantes promesas ideológicas de transformación del sistema de salud que hoy, más que nunca, valoramos.