El orden de los factores

Carlos Mattos compró primero al juez que iba a tomar la decisión que a él le convenía en el caso Hyundai; después mandó a corromper a los funcionarios encargados del sistema electrónico de reparto para cuando el asunto les llegara y solo entonces –cuando estaba seguro del resultado– presentó la demanda para favorecer sus intereses. Eso es lo que sostiene el fiscal del caso, Daniel Hernández, quien con confesiones y pruebas técnicas reconstruyó la presunta cadena de acciones criminales que tienen en la cárcel a un juez, a siete funcionarios de la administración judicial y a un eminente abogado, mientras Mattos –burlando la orden de captura en su contra– sigue paseándose a sus anchas por España.

Escuche a Daniel Coronell leer su columna:

El fiscal afirma que Carlos Mattos, dueño de la mayor parte de la antigua concesionaria de Hyundai, se reunió en su lujosa residencia con el juez para concretar el soborno: “Ya hay reunión directa con el señor Carlos Mattos en su apartamento por parte del señor Dagoberto (Rodríguez, oficial mayor del juzgado), el señor Carlos Mattos y el señor juez sexto civil del circuito, el señor Reinaldo Huertas; donde ya se concreta la negociación, su señoría. Donde ya se concreta la posición del juez de aceptar los ofrecimientos dinerarios por parte del señor Carlos Mattos a cambio de tomar una decisión favorable a los intereses del ciudadano en la demanda que se presentaría”.

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El contacto entre Carlos Mattos y los funcionarios judiciales lo armó el abogado Luis David Durán Acuña, quien ya aceptó cargos y está colaborando con la justicia. Durán Acuña no era abogado de Mattos en este pleito, su especialidad es el derecho de familia. Durán es un hombre cercano a Mattos y a su organización. Las actas registradas muestran que Durán ha sido miembro de la junta directiva de la empresa de Carlos Mattos.

Curiosamente, Durán ha actuado en esta junta como suplente del ex procurador general de la Nación Jaime Bernal Cuéllar, un reconocido y poderoso penalista que ha pasado calladito en todo este asunto. En la Cámara de Comercio de Bogotá, reposa un documento, firmado por todos los miembros de la junta, aceptando el nombramiento para dirigir la empresa de Mattos.

La investigación de la Fiscalía estableció que el derecho era solo una parte de la actividad de Luis David Durán Acuña: “De manera paralela a su ejercicio profesional alternaba con algún tipo de actividades ilícitas al interior de la administración judicial. Este abogado se prestaba para ayudar a manipular algunos procesos y particularmente para manipular temas puntuales de reparto, para que los repartos de ciertos procesos cayeran en ciertos juzgados”.

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La operación criminal requería de la complicidad de algunos técnicos al interior del Centro de Servicios Judiciales que administra el sistema, que –teóricamente– debe asignar los casos aleatoriamente a través de un computador.

Ese programa fue alterado y accedido fraudulentamente con la participación y complicidad de un ingeniero de sistemas y al menos cuatro funcionarios subordinados. Todos ellos han confesado su participación.

El fiscal Hernández sostiene que el propio juez Reinaldo Huertas y su segundo, Dagoberto Rodríguez, ubicaron a los funcionarios claves para que el sistema automático le asignara el caso de interés para Mattos a su despacho: “Se empieza, su señoría, a tratar de conseguir las personas que tuvieran las capacidades y que estuvieran dispuestas a realizar actividades delictivas y que se pudiera lograr este reparto automático”.

En poder de la justicia hay pruebas de las comunicaciones sostenidas entre varios de los partícipes de estos presuntos delitos, que empezaron cinco meses antes de la presentación de la demanda: “Desde el mes de noviembre se empezaron a percibir por medios técnicos, reu-niones entre el señor Dagoberto Rodríguez, el señor Durán Acuña y el señor Carlos Mattos”.

Al mismo tiempo que avanzaba la comisión del delito buscaban borrar cada pista que pudiera incriminarlos: “Se utilizaron medios técnicos con el fin de mantener oculto este crimen, con el fin de mantener oculta a la sociedad la posibilidad que tiene, o que tuvo, el señor Carlos Mattos de corromper funcionarios públicos para lograr sus intereses personales”.

Los indicios de esta corruptela se conocieron por dos columnas mías tituladas ‘Sobre ruedas’ y ‘El reparto’.

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Buscando callarme, Carlos Mattos, a través del abogado estadounidense Bruce Rogow, me envió una carta el viernes de la semana pasada advirtiendo que me demandará en Estados Unidos por empañar su “good name” y “fine reputation”.

La carta llegó por la mañana. La noche de ese mismo viernes, un juez ordenó la captura de Mattos por estos hechos.