¿Un pacto de silencio?

Episol, filial de Corficolombiana de propiedad del grupo Sarmiento Angulo, sí tuvo serias diferencias con Odebrecht, su socia en la Ruta del Sol II, en torno a varios pagos hechos a proveedores entre 2013 y 2015, pero decidió firmar un contrato de transacción confidencial en marzo de 2016, ocho meses antes de que estallara el escándalo de Odebrecht en Colombia en el que ambos se comprometieron a no demandarse. Es decir, las partes convinieron en ‘hacerse pasito’.

El contrato de transacción, de fecha del 11 de marzo de 2016, está firmado por los representantes legales de las partes (Odebrecht tiene el 64 por ciento de la concesión y Episol, el 33 por ciento) y trae varias revelaciones. La primera es que entre septiembre y noviembre de 2015 –es decir, casi un año antes de que estallara el escándalo de los sobornos de Odebrecht– las partes se reunieron en varias ocasiones para “analizar y discutir la pertinencia de varios desembolsos que fueron realizados por la Concesionaria y el Consorcio Constructor a favor de terceros contratistas y proveedores del proyecto, (…), que a juicio de Episol y Corficolombiana resultaban innecesarios para el desarrollo y la correcta ejecución del proyecto” (ver contrato).

Las discusiones habrían sido tan agrias que Odebrecht tuvo que presentarle a Episol-Corficolombiana un informe elaborado por una comisión investigadora, designada por el Comité de Ética, en el que se “analizan las inquietudes planteadas respecto de la procedencia de los desembolsos acerca de cuya pertinencia no se alcanzó un consenso entre las partes”.

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En el contrato ambos lados se comprometen a transigir sus “diferencias presentes” en torno a la estructura de la gobernanza del proyecto y “a las contrataciones y desembolsos realizadas hasta la fecha” y acuerdan no demandarse entre ellos. El contrato es confidencial y obliga a las partes a no divulgar su contenido salvo orden judicial.

El hallazgo de este documento vuelve a poner la lupa sobre una serie de pagos sospechosos que se habrían detectado en la contabilidad del Concesionario Ruta del Sol II y de su constructora, que ni Odebrecht ni Episol-Corficolombiana le han explicado al país (ver columna ‘Aquí no pasó nada’). 

Quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿qué decía el informe del Comité de Ética de Odebrecht que hizo desistir a Episol y a Corficolombiana de denunciar a su socio, pese a que nunca hubo consenso en torno a los “pagos innecesarios” que se detectaron? ¿Sobre qué transigieron? ¿Qué debemos entender por pagos “innecesarios”? ¿Acaso son los mismos pagos irregulares detectados por Jorge Enrique Pizano, el controller de la concesionaria, designado por Corficolombiana para la época de los hechos y por el gerente contractual de la obra nombrado por Episol, Javier Mejía?

(Pizano desde 2012 hizo varios reportes en los que encontró una serie de contratos irregulares que no cumplían el procedimiento de contratación ni de lavado de activos, y que se consolidaron en un gran informe que le fue presentado al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, en junio de 2015; este reporte fue complementado con el del gerente contractual de la obra nombrado por Episol, Javier Mejía, quien detectó otros contratos irregulares que habrían sido pagados por la constructora sin su visto bueno, como lo estipulaba el acuerdo consorcial. Ambos informes los tiene la Fiscalía).

¿Estos “pagos innecesarios”, que motivaron este contrato de transacción hasta ahora desconocido, son acaso los mismos de donde se pagaron los sobornos que hoy tienen en la cárcel a Eduardo Zambrano –uno de los socios de Consultores Unidos–, a Gabriel Dumar –del Consorcio Sion– o a Gustavo Adolfo Torres –de Profesionales de Bolsa–, quienes han sido señalados por la Fiscalía de ser intermediarios de las coimas a políticos como Ñoño Elías, Plinio Olano y excongresistas como Otto Bula, con el propósito de hacer lobby en favor de Odebrecht y de aceitar la campaña presidencial de Santos de 2014?

Si Odebrecht tenía la administración del proyecto y hubo problemas en los pagos a proveedores, ¿por qué esos dineros no fueron reembolsados?… Y si no lo fueron, ¿por qué Episol-Corficolombiana no demandó a su socio mayoritario? Y si no lo demandó, ¿por qué no lo denunció teniendo en cuenta que el Grupo Aval es una entidad bancaria en cuyo capital hay recursos de ahorro público respecto de los cuales los directivos de Corficolombiana y Episol tienen el deber fiduciario de proteger? ¿Por qué el Grupo Aval insiste en presentarse como víctima de Odebrecht cuando tenía un acuerdo de transacción en el que se comprometía a desistir de cualquier reclamación?

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Teniendo en cuenta todo lo que hoy sabemos –de los 50 millones de dólares que Odebrecht habría pagado en sobornos, por lo menos 30 habrían salido de la Ruta del Sol II–, los representantes de Corficolombiana-Episol como los del Grupo Aval tienen el deber moral y ético de explicarle al país si esos “pagos innecesarios” o irregulares corresponden o no a los sobornos.

El país también sabe que el señor fiscal NHM ha sido uno de los más cercanos asesores del Grupo Aval. Igualmente, se conoce que a través de sus distintas sociedades de abogados los asesoró en temas relacionados con la Ruta del Sol II y que además actuó como asesor de Navelena, empresa controlada por Odebrecht. Con base en lo anterior, cabe preguntarse si el doctor NHM redactó este contrato de transacción que huele a pacto de silencio o si lo conoce.

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