OPINIÓN
El peso específico de las bebidas artesanales
Colombia es un país rico en diversidad y eso incluye la oferta de bebidas artesanales y ancestrales que se producen, consumen y comercializan en el territorio nacional.
Hablar de productos típicos como viche, chuchugüaza, cervezas y vinos artesanales; chicha, guarapo, chapil, bushi rom, ñeque, bola de gancho o churro, implica hacer un ejercicio de reconocimiento a la memoria, estimular el respeto por las costumbres heredadas y el patrimonio y abogar por la reivindicación de las comunidades afrodescendientes.
Esta retrospectiva nos invita a reflexionar acerca del potencial de las bebidas artesanales y ancestrales en un país donde, según el Dane, el 84 % de los colombianos entre los 12 y 65 años ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas.
Desde la Federación Nacional de Departamentos tomamos la iniciativa de consolidar los datos departamentales sobre este tipo de productos, motivados por el resultado de una encuesta realizada a las gobernaciones del país. Su aplicación nos sirvió para establecer que el mercado nacional está representado, principalmente, por el consumo de cerveza, seguido por el de licores, que predomina en la zona occidente, y finalmente, por vinos y aperitivos que tienen un mayor consumo en Arauca y Risaralda.
Uno de los datos más relevantes que arrojó la medición es que en 25 de los 31 entes territoriales encuestados hay presencia de bebidas artesanales y ancestrales, aunque solo se comercializan en Arauca, Vaupés, Risaralda y Bolívar. Por su parte, Amazonas presenta un alto nivel de consumo explicado por la densidad de las comunidades indígenas presentes en la región.
Ante esta realidad, los departamentos miran con creciente expectativa la oportunidad que ofrece la producción y comercialización de esos productos como una actividad generadora de empleo. Una condición básica para alcanzar ese objetivo es que disminuya la informalidad y se profesionalice el sector.
Desde una perspectiva económica, también es fundamental analizar el panorama con un enfoque de salud pública porque el 90 % de los encuestados teme por la falta de medidas sanitarias en el proceso de elaboración de bebidas que, aunque tradicionales, no son comercialmente convencionales.
Más allá de esta radiografía, el debate trasciende a un plano legal si consideramos que una bebida alcohólica de origen artesanal, ancestral o tradicional sigue siendo jurídica y técnicamente un licor. Así las cosas, sobre ella debería recaer el Impuesto al Consumo, que es el tributo que actualmente financia la salud, la educación y el deporte. El dato no es menor si destacamos que en Colombia, de acuerdo con Euromonitor Internacional 2018, las bebidas alcohólicas o destilados artesanales se constituyen en una importante fuente de ingresos para los territorios productores y comercializadores, pues se trata de un mercado de más de $205.000 millones.
Es apremiante entonces la necesidad de promover, proteger y reglamentar estos productos con el apoyo del Congreso de la República, en articulación con distintos actores del Gobierno nacional, como el Invima, para adelantar registros sanitarios, y el Dane para expedir certificación sobre el precio de venta al público, además de los entes territoriales, directos interesados.
De cara al nuevo periodo legislativo, urge replantear la discusión abierta, como lo han venido haciendo los representantes a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri y John Arley Murillo, ponentes del proyecto de ley 324 de 2020, que busca reconocer el viche como patrimonio cultural, colectivo e inmaterial del Pacífico, y proteger su producción y comercialización.
Queda claro que no podemos perder de vista la necesidad de que las bebidas artesanales y ancestrales funcionen bajo un marco de legalidad, formalización, regulación, transparencia rentística y promoción de parámetros sanitarios y tributarios responsables. Así facilitarán la generación de empleo que beneficie a las comunidades productoras. Si le damos esa vocación, el sector sumará como una nueva fuente de ingresos y fortalecerá las rentas departamentales destinadas a la inversión social en salud, educación y deporte en los territorios.