El plutócrata

Alberto Carrasquilla, el próximo ministro de Hacienda de Colombia, es un economista muy destacado. Nadie niega sus grandes cualidades profesionales. Sin embargo -alguien tiene que decirlo-, su paso por la administración pública ha sido bueno para los más ricos y muy malo para los más pobres. Son célebres sus declaraciones diciendo que el salario mínimo en Colombia es “ridículamente alto”, mientras que como ministro de Hacienda, promovió zonas francas especiales y millonarias excepciones tributarias que beneficiaron a poderosos empresarios.

Esa norma de conducta de golpear al débil y favorecer al fuerte quedó retratada en dos decisiones tomadas en un breve lapso y que aquí les voy a contar. Alberto Carrasquilla les quitó un mes de ingresos a los futuros pensionados de Colombia; unos días después firmó un decreto aprobándose para él mismo –y para otros altos funcionarios del Estado– el pago de 16 sueldos al año.

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En el año 2005, actuando también como ministro de Hacienda, Carrasquilla impulsó la eliminación de la mesada 14 para los pensionados. Un sueldo más al año que ayudaba a la subsistencia de los jubilados que son, en su gran mayoría, personas de escasos recursos. Ese pago adicional, que les permitía a muchos viejos llegar al final del mes, fue calificado por el ministro como “inflacionario” y “financieramente insostenible”.

El acto legislativo, que el ministro ideó y empujó con toda la fuerza del gobierno Uribe en el Congreso, es el número 01 de 2005 y ordena que “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año”.

Fue expedido el 22 de julio de ese año. Apenas seis semanas después, el jueves 8 de septiembre de 2005, sin mucho ruido, la Casa de Nariño expidió un decreto concediendo a los ministros y a otros altos funcionarios del Estado una “bonificación de dirección” de cuatro meses adicionales de sueldo al año, pagaderos el 30 de junio y el 30 de diciembre.

El decreto es el 3150 de 2005 y señala que los ministros, los consejeros del presidente, los asesores presidenciales y los secretarios del presidente de la república, entre otros altísimos funcionarios, tienen derecho desde ese día a recibir una bonificación equivalente a cuatro meses de sueldo más gastos de representación.

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La norma, que desde entonces ha sido sucesivamente ampliada para cobijar a más y más altos funcionarios con la generosa prima, dice lo siguiente:

“Créase para los Ministros, Directores de Departamento Administrativo; Viceministros; Subdirectores de Departamento Administrativo; Alto Comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz; Alto Consejero Presidencial; Secretario Privado de la Presidencia de la República; Secretarios de la Presidencia de la República; Consejero Presidencial; Director de Programa Presidencial; Asesores Grados 48 y 47 de la Presidencia de la República; Secretarios Generales de Ministerios y Departamentos Administrativos; Directores Administrativo o Financiero o Técnico u Operativo de Ministerio y Departamento Administrativo; Directores, Gerentes o Presidentes de Establecimientos Públicos; Director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; Director de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, y Directores de Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica, con excepción del Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como prestación social, una bonificación de dirección equivalente a cuatro (4) veces la remuneración mensual compuesta por la asignación básica más gastos de representación, pagadera en dos contados iguales en fechas treinta (30) de junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año”.

El decreto, tan generoso con los miembros del equipo presidencial y los más altos funcionarios del gobierno, tiene la firma del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, del entonces ministro de Hacienda –y pronto reincidente–, Alberto Carrasquilla, y de quien por esa época era el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo.

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No recuerdo a nadie que les hubiera dicho “derrochones” por la autoaprobación de ese bonito privilegio. Para todo el mundo resultó claro que las 14 flacas mesadas de los incómodos jubilados eran “inflacionarias”, en cambio, las 16 de los altos funcionarios eran completamente entendibles y costeables.

Daniel Coronell lee su columna: