Opinión
El poder constituyente y las empresas
Quizás estas razones son las que explican el ambiente de tranquilidad chicha, la ausencia de reacciones contundentes y la inacción del sector empresarial, salvo algunas pocas excepciones.
Petro ha dado un primer gran paso al introducir a la conversación empresarial el proyecto de una reforma constitucional. Veo que los líderes empresariales perciben esa iniciativa con alta improbabilidad por tres grandes razones: porque el Congreso no la aprobaría, porque una ruta alternativa al Congreso sería antijurídica, y porque creen que el Gobierno no tiene el apoyo popular que requiere la colosal idea.
Quizás estas razones son las que explican el ambiente de tranquilidad chicha, la ausencia de reacciones contundentes y la inacción del sector empresarial, salvo algunas pocas excepciones. En otras palabras, muchos gremios, empresas y líderes empresariales tienden a pensar que la reforma constitucional no va a prosperar y que lo que hay que hacer es esperar a las elecciones de 2026 para que Petro se vaya.
Mientras tanto, el Gobierno pareciera avanzar con su plan para lograr una reforma constitucional. Ese plan, intuyo, tiene varios ejes: el jurídico, el político y el social. El primero, claramente, lo lidera el ex fiscal general Eduardo Montealegre, quien reapareció en medios y en escenarios públicos para demostrar que constitucional y legalmente es viable una reforma estructural a nuestra Constitución del 91, sin pasar por el Congreso de la República.
La cabeza del eje político es Álvaro Leyva, que tiene varios encargos: enfrentar al establecimiento político como lo son los partidos y los expresidentes de la República, abrirle camino a la guerrilla como actor legítimo en la discusión sobre una constituyente y lograr aceptación y respaldo de la comunidad internacional. Leyva enarbola el mismo argumento para todos: el Acuerdo de Paz firmado por el Estado con las Farc contiene la opción de una nueva constitución.
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Y el frente social lo lidera Gustavo Bolívar, que tiene el mandato de batir el récord de repartición de subsidios para garantizar el apoyo popular que requiere Petro para refundar la patria.
Entre tanto, el sector empresarial sigue anestesiado, sin ver el riesgo más allá de la reelección presidencial: el cambio del modelo económico. Me refiero a que muchos empresarios me han comentado que no han escuchado que Petro quiera cambiar el modelo económico, pero no advierten que todas las reformas propuestas por el Gobierno apuntan a limitar o extinguir la participación del sector privado en el desarrollo económico, y que -ante el fracaso de algunas de esas reformas por vía legislativa- el Gobierno ha tenido que conformarse con ajustes por decreto. ¿Creen las empresas que el Gobierno va a desaprovechar la eventual discusión hacia una nueva constitución para perennizar sus anheladas reformas?
Coincido con los líderes empresariales en que la probabilidad de que el Congreso apruebe el proyecto de asamblea nacional constituyente es muy baja, considerando las actuales circunstancias políticas. Pero esa situación no detendrá al Gobierno en su campaña por conquistar a todos los legisladores que pueda.
El eventual rechazo del Congreso de la República lo reconoce Petro al enviar a Montealegre a crear ambientes jurídicos de validación de la ruta hacia una nueva constitución, sin la participación del Legislativo, que la misma Constitución del 91 ordena.
Con la idea de que Petro podría hacer una constituyente sin mediación de una ley, pero sí con un control de la Corte Constitucional, a partir de los acuerdos de La Habana, el Gobierno pretende construir una comunidad jurídica que apoye su tesis, quiere reducir la resistencia jurídica de las instituciones del propio Estado, ganar aliados en los medios, y -desde luego- llevar al pueblo a descartar al Congreso y enfocarse en la construcción de un movimiento popular que convoque una asamblea nacional constituyente de forma directa, sin el Congreso a bordo.
Pero, como dije, las empresas creen que la estrategia de saltarse al Congreso no le funcionará a Petro, porque -además de ser una alternativa inconstitucional- el presidente no tiene el apoyo popular que necesita.
Sin embargo, debemos considerar que el apoyo que hoy reflejan las encuestas no es necesariamente el mismo que tendrá el presidente cuando estemos en la recta final de sus pretensiones políticas transformadoras.
Creo que las empresas, para evitar ser asaltadas en su buena fe, deben prever que el presidente contará con la lealtad política de los grupos subsidiados como jóvenes, adultos mayores, comunidades campesinas y comunidades étnicas, entre otros; que las guerrillas condicionarán la libertad política en los territorios a favor de una nueva constitución; que los demás grupos ilegales seguramente apoyarán al Gobierno a cambio de mantener los beneficios que han alcanzado, y que el Gobierno habrá para entonces arraigado, aún más, su narrativa de víctima que le está resultando efectiva en varios segmentos de la población.
A todo este apoyo en la calle, de ciudadanos limpios y grupos al margen de la ley, es a lo que el presidente al parecer denomina “poder constituyente”, que formalmente se define como el poder que surge de la soberanía popular para reformar su ordenamiento político y jurídico. Para ser más claros, Petro quiere llevar al pueblo a exigir una nueva constitución, con reelección incluida, que lleve a la instalación de una asamblea. Para este fin, el Gobierno podría estar considerando a la Universidad Nacional como el epicentro del renacer ciudadano por un nuevo orden constitucional.
Por eso, cuando los líderes empresariales me preguntan qué hacer ante la incertidumbre política que vivimos, no dudo en responder: demostrarle a la gente el valor del sector empresarial, crear tejido social a favor de la inversión, educar a los empleados sobre la importancia de la democracia, invertir en las comunidades, traer líderes sociales a las juntas directivas, introducir estrategias de desarrollo social a los planes de negocio, desarrollar nuevos liderazgos de procedencia popular, meterse a los barrios sin miedo, mejorar acceso y coberturas de servicios en sectores populares, y todo lo que se pueda hacer desde las empresas, para jugar el mismo juego: ¡ganarnos al poder constituyente!
Pero me temo que, desde las empresas, estamos lejos de esa posibilidad… aunque aún podemos construirla.