OPINIÓN
El presidente Petro no tiene gobernabilidad
Su actuar errático, así como los nombramientos de sus familiares, comprometen la institucionalidad del país.
Las noticias para el presidente Petro cada vez son peores. No solo por el grave estado de orden público que actualmente azota al país, sino porque cada vez más sale a la luz la incompetencia de él y de su gabinete para estar frente al cargo.
A estas alturas nos quedó claro que buena parte de los nombramientos de la Casa de Nariño se hacen a dedo y que, por lo general, ese dedo pertenece a la mano de alguno de los miembros de la familia presidencial.
Las revelaciones realizadas por la revista SEMANA evidenciaron que el hijo del Presidente hablaba con todos los ministros, que algunos de ellos le ofrecían cupos y otros le dieron cargos, como el Director del Sena; que le nombró a un familiar de Musa Bessaile como director seccional en Córdoba, cargo del que fue removido, siendo nombrado subdirector. Ese es un hecho real, que tiene consecuencias penales y disciplinarias que ameritan ser investigadas y sancionadas.
La esposa de Petro, la señora Verónica Alcocer, se sabe, ha hecho varios nombramientos, entre ellos el del bailarín Nerú, el de la vecina Concepción Baracaldo, el del profesor de piano y el de la amiga española Eva Ferrer.
Al bailarín Nerú lo tiene la señora Alcocer de entrenador personal, para que con su baile cautive a las masas en todo carnaval o fiesta popular a la que es invitada. Que la señora baile es algo que debe tenernos sin cuidado, el tema es que lo hace con el dinero de nuestros impuestos. Nerú tiene un contrato con Presidencia por valor de 29 millones de pesos, que podrían ser invertidos en los niños que mueren de hambre en La Guajira, esos que el Pacto Histórico tanto dice defender.
El ICBF es una entidad con la que no se puede jugar. Sin embargo, el Presidente y su señora lo hacen muy a menudo. Las irresponsables declaraciones de Petro sobre la bienestarina cayeron muy mal en el ICBF, pues miles de niños pueden literalmente vivir gracias a esta. Sin ella, morirían.
El presupuesto del ICBF es de 8,5 billones de pesos. El criterio para nombrar a la persona que gerenciaría semejante presupuesto es que era la vecina. Esa es la meritocracia del gobierno Petro.
Igual sucedería con la designación del actual Ministro encargado de Cultura, quien era el director de la academia en la que las hijas de Petro aprendían a tocar piano.
El presupuesto del Ministerio de Cultura es de 83 mil millones de pesos, los cuales serán gestionados por una persona que fue designada a dedo por la esposa del primer mandatario. Ese es el cambio que nos quisieron vender.
Otro nombramiento estrambótico es el de la amiga de la primera dama, la señora Eva Ferrer. Su experiencia para los cargos en los que ha sido nombrada (consejera presidencial, primero para la niñez y luego para la reconciliación, no existe). Otro nombramiento exótico e irregular.
Pero definitivamente la cereza que está en la punta del pastel es el nombramiento de Danilo Rueda, cuota del hermano de Petro, tal y como se le oyó a viva voz a él afirmar en conversaciones telefónicas que se le filtraron a la prensa y que él no ha desmentido. Un tema tan importante para el país está en manos de una persona cuya experiencia en procesos de paz es nula.
Danilo Rueda es un teólogo, que poco o nada sabe de gerencia y que anteriormente no había ocupado cargos públicos. Su gestión hasta ahora ha sido errática y empieza a generar muchas dudas, en especial porque han aparecido denuncias que corroboran que el Pacto de la Picota fue y es una realidad.
En nuestra vida republicana, jamás se había visto que se hicieran leyes a la medida de los delincuentes. Y eso es en lo que se ha convertido la llamada “paz total”, la cual se diseñó para que los capos del narcotráfico queden libres, a cambio de nada.
Si a muchos el proceso 8000 les pareció un escándalo, este es bastante más grave, teniendo en cuenta que puede probarse que el Presidente sí sabía en qué estaba su hermano en sus visitas a las cárceles, de sus diligencias y promesas a los presos de alta peligrosidad. El hermano del Presidente era su delegado, pues claramente dijo en una entrevista a W radio que estaban empezando a tejer una nueva política llamada perdón social, de la cual él tenía conocimiento pleno.
Por cuenta de todos estos nombramientos erráticos, dentro de los que se debe incluir el de Irene Vélez, el de Carolina Corcho, el de Guanumen o el del embajador de Colombia en México, entre otros, está probado que el Clan Petro no sabe gobernar. El Presidente está solo, mal rodeado, peligrosamente se refugia en Twitter para mostrar el poder que tiene con un trino. Pero eso no lo hace un Presidente.
El capataz de la finca, la semana pasada despidió a dos de sus empleadas sin siquiera hablar con ellas, darles las gracias por su gestión, comunicarles las razones de su despido. Las ministras de Cultura y Deporte fueron echadas, y punto.
Sus acciones erráticas; su pelea y desgaste innecesario con las altas cortes y, en general, su desafío a la rama judicial; sus pésimas relaciones internacionales, que no solamente se reducen a Perú y El Salvador, sino a países como Marruecos, así como su poco conocimiento del Estado, están mostrando sus consecuencias.
Petro cuenta con muy pocos ministros buenos, conocedores de sus temas. Está rodeado por un séquito de activistas que han demostrado no saber dónde están parados. La pésima situación de orden público, la economía en mal estado por cuenta de las declaraciones del Presidente, la humillación constante a la que él y su gabinete exponen a las Fuerzas Armadas, hacen que el país le sea a Petro cada vez más ingobernable.
El Congreso ya no le come cuento y quién sabe qué más les ofrecerá. Lo cierto es que el Estado no es ilimitado, como sí lo es el hambre de muchos congresistas, a quienes quizás no pueda satisfacer.
Petro no tiene gobernabilidad. Y de seguir así puede terminar como Pedro Castillo, lo cual no se puede permitir. Invito entonces a todos a que rodeemos al Presidente, así nos caiga bien o mal. La oposición debe seguir cumpliendo su papel y el Presidente debe oírla, como parte del ejercicio democrático que está plasmado en nuestra Constitución.