El príncipe de Inglaterra

Esta columna no trata sobre el velorio del recién desaparecido príncipe Felipe de Inglaterra, sino sobre la labor de otro príncipe tal vez más conocido, el príncipe Juan, que de acuerdo con la leyenda de Robin Hood, exprimía a sus súbditos con impuestos en el siglo 12, sin tomar las medidas a su alcance que ayudaran a solventar el déficit público.

No nos engañemos, la principal razón de una reforma tributaria es transferir fondos de manos privadas al Estado, para que este cubra el faltante que genera cuando gasta más de lo que recauda. Temporalmente el fisco tiene disponibles otras soluciones, como cubrir el déficit con fondos prestados, pero cuando este endeudamiento se sale de proporciones, seguir acudiendo a fondos de deuda se vuelve demasiado costoso, porque el país pierde el preciado grado de inversión que dan las calificadoras de crédito.

No nos olvidemos, el recaudo de los impuestos depende de que al sector privado le vaya bien, y de ahí surge la mayor contradicción. Si el gobierno sube demasiado los impuestos, los empresarios no tienen incentivos para invertir en nuevos negocios y el recaudo cae así como caen las utilidades de las empresas, los sueldos de los trabajadores y el empleo.

Para limitar los estragos de la pandemia, la prioridad actual debe ser reactivar la economía. Si la economía se reactiva crecen los impuestos porque se genera valor en el sector privado, y el sector público vive de lo que genera el sector privado. Reactivando la economía se crea una espiral ascendente en que el sector privado genera más, y por lo tanto el Estado tiene más de dónde cobrar impuestos, sin que la inversión se caiga.

El problema que tenemos hoy es que, a raíz de las priorizaciones de política pública, a nivel local y central, las políticas del Estado unas veces castigan y otras veces no ayudan a la actividad en el sector privado.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en declaraciones de días anteriores, manifestó que para la atención de la pandemia, el Estado gastó más de $40 billones y dejó de percibir en 2020 $24 billones en impuestos adicionales a los $16 billones de la disminución en recaudo por el impuesto de renta. La ineficiencia de las autoridades y en específico de los mandatarios locales en el manejo de la pandemia, evidente en el ranking en que Bloomberg clasifica a Colombia en el puesto 45 de 53 en el mundo, principalmente por la severidad de los confinamientos, es letal para el sector privado y sus utilidades durante la pandemia.

Dadas estas circunstancias, la mejor medida para suavizar la reforma tributaria la tienen en sus manos los funcionarios públicos, definiendo medidas anticovid sin ignorar los efectos que tienen en la economía. Más de 10 artículos científicos publicados en revistas tan importantes como The Lancet (https://www.pandata.org/a-critical-analysis-of-the-covid-response/) dan fe de los efectos negativos de los confinamientos no selectivos. El impacto de tomar medidas apropiadas, no al son de la popularidad de los mandatarios sino apoyados por un grupo de expertos multidisciplinarios que consideren también su efecto en la economía, ha demostrado ser mucho más eficaz en la mayoría de los países del mundo que la estrategia implementada en Colombia.

A pesar de que un mejor manejo de la pandemia ayudaría a limitar el dolor de la reforma, la propuesta de gravar las pensiones por encima de COP 4.8 millones es absolutamente ético y necesario. Hoy el Estado colombiano, por medio de Colpensiones, subsidia a aquellos que se pensionan con un sueldo de 15 millones con un regalo de aproximadamente mil millones de pesos, lo cual no tiene presentación alguna, sobre todo cuando este gasto representa para el Estado casi el 28 % del recaudo total de impuestos. Por mucho que los beneficiados de ese regalo se quejen, es un paso en la dirección correcta para hacer un país más equitativo, en el cual solo una cuarta parte de las personas en edad de recibir pensión tiene acceso a ella.

Por último, valdría la pena solucionar otro exabrupto de la legislación pública, que castiga duramente al sector privado colombiano: la exención de arancel e IVA para los despachos provenientes desde el extranjero de artículos por menos de USD 200. Esto equivale a legalizar técnicamente el contrabando y pone en desventaja a los productores colombianos de bienes con respecto a los foráneos, para acceder a su propio mercado.

Si bien hoy la situación fiscal en Colombia requiere de una reforma tributaria, es hora de que el peso no solo recaiga sobre la gente del sector privado, sino también que el sector público se comprometa con tomar las medidas para mitigar su impacto. Bueno sería que se comprometan a elevar el nivel de su toma de decisiones, con el fin de que no se acabe con la gallina de los huevos de oro.