Opinión
El problema es de hambre
Ya vemos en países vecinos qué pasa cuando el capitán electoral es el que decide quién come gratis. No solo es una amenaza a la democracia, el hambre propicia gobiernos que causan más hambre.
El deterioro social es de tal magnitud que estamos tarde en proponer las reformas estructurales que requiere Colombia. El Dane estima que una familia está en pobreza extrema cuando no logra los 470.000 pesos mensuales para evitar desnutrición, poder comer 2.000 calorías diarias. Antes de la pandemia, en 2019, ya se venía incrementando la pobreza extrema en 15 por ciento, para llegar a casi 4,7 millones de personas consumiendo insuficientes alimentos. La cuarentena llevó algo que iba mal hacia lo grave.
Actualmente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que 8,9 millones de colombianos se acuestan con hambre por falta de ingresos. Por lo menos, 2,7 millones tienen desnutrición crónica, varios meses con hambre. Aun con una leve mejoría en septiembre, el desempleo está en 15,8 por ciento, 2 millones de empleos menos que en 2019. Esto con el agravante de que el desempleo femenino alcanzó 20,7 por ciento, en Colombia cuatro de cada diez hogares son de madres cabeza de familia. Anif estima que la caída de ingreso en los hogares fue de 21,6 billones de pesos, cada vez es más difícil hacer mercado.
El PMA estima que 41 por ciento de los hogares están adoptando estrategias para enfrentar la crisis nutricional: disminuyendo la calidad alimenticia, eliminando cenas, menores porciones, o comiendo menos para alimentar a los menores. Llega un momento en el que no se puede echar más agua a la sopa. Ojalá la idea para cuadrar caja gubernamental no sea ponerle IVA a la canasta familiar, el palo no está para cucharas. Un país que desperdicia el 34 por ciento de la comida producida (9,7 millones toneladas) no puede permitir tanta hambre. Nadie entiende las imágenes de paperos perdiendo su producto, mientras que los niños pasan hambre en sus casas. De manera extraordinaria, el Gobierno debería comprar la cosecha campesina.
Según Rimisp, hasta julio se perdieron 578.000 empleos en zona rural. Con las uñas, Abaco, la red de bancos de alimentos, pasó de alimentar 651.000 personas diarias prepandemia a 1,8 millones actualmente. La conciencia social privada ayuda, pero la fortaleza estatal transforma. Aun con Conpes en camino, esta crisis requiere apoyo presupuestal estatal. La logística para duplicar la entrega actual costaría menos de 10.000 millones de pesos y podríamos ampliar los beneficios tributarios para donaciones. Una ley de seguridad alimentaria efectiva tiene sentido, hasta Italia les prohibió a los supermercados botar comida no vendida. La solidaridad es pilar de la democracia.
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Colombia ya se esfuerza entregando 9 por ciento del PIB en subsidios, significativo si se tiene en cuenta que el sector agropecuario es 6,3 por ciento. Pero los subsidios están tan mal distribuidos que la desigualdad medida por coeficiente Gini no cambia después de entregarlos.
En el régimen de pensiones público, el 1,4 por ciento más rico se lleva 58,6 por ciento de los subsidios. Si el exitoso programa de Ingreso Solidario va a expandirse hacia una renta básica universal, se requiere más eficiencia. Fortalecer la institucionalidad para hacer rendir más los recursos. Un estatuto orgánico de subsidios aumentaría la eficiencia con tecnología, logrando progresividad y evaluación. Los más humildes deben recibir primero, y los prósperos, de último. Al progresar, se debe redestinar al más necesitado. Suena obvio, pero no se hace, se entregan subsidios sin reglas claras. Ya vemos en países vecinos qué pasa cuando el capitán electoral es el que decide quién come gratis.
No solo es una amenaza a la democracia, el hambre propicia gobiernos que causan más hambre. Es mejor entregar ayudas a empresas que subsidios de desempleo. Solo ayudarles a las pymes suena bien, pero es incompleto. No todos los dueños de pymes son de bajo ingreso, ahí no se hace redistribución. Otros factores como intensidad de mano de obra o caída de ingresos complementarían el criterio del FNG en ayuda con deudas empresariales. Si Crepes & Waffles contrata 5.600 madres cabeza de familia, ¿de verdad tiene sentido poner en riesgo esos empleos? Solo porque no es pequeña. Los empleos protegen la sociedad del hambre y frenan el populismo. Todos celebraríamos una expansión del apoyo a la nómina del Programa de Apoyo al Empleo Formal.
En Venezuela, según el PMA, solo 40 por ciento de los hogares comen tres veces al día. Si no queremos acabar como ellos, tenemos que hacer más. Según el Dane, en Colombia ya pasamos de 88,9 por ciento a 68,1 por ciento de los hogares con tres comidas. En parte, el temor al populismo electoral puede explicar los 6.000 millones de dólares de caída en reintegros netos de capital privado este año. Se necesitan reformas más profundas, más ambiciosas, en todos los frentes. Nadie está diciendo que la pandemia es culpa del Gobierno, pero tiene un mandato de reformas que esperamos cumpla. El apoyo nacional siempre va a estar presente para eso. Más grande es más fácil.
