El problema es la dosis máxima, no la mínima

El pasado 16 de agosto fueron capturados por parte del CTI y la Fiscalía dos individuos en Medellín. Les encontraron 28 kilos de marihuana, 386 gramos de cocaína y algo de LSD, una de las drogas semisintéticas de predilección en los estratos sociales más altos de Colombia. Ambos ciudadanos habían sido capturados en más de 44 ocasiones desde 2016 y todas las veces habían obtenido la libertad alegando ser consumidores recurrentes y diciendo que los estupefacientes eran parte de su “aprovisionamiento” para las semanas venideras.

Dos meses antes, el 15 de junio, se realizó un allanamiento de morada en el que se encontró a un individuo en Barrio Antioquia que tenía en su poder 22,1 gramos de cocaína, es decir, 22 veces lo permitido por la dosis mínima. El hombre también quedó en libertad alegando ser un usuario dependiente y afirmando que lo hallado en su hogar no era más que una “dosis de aprovisionamiento” para los días que seguían.

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Ninguna de estas dos situaciones –que se cuentan por montones en todos los municipios del país– habrían podido frenarse con un decreto reglamentario como el que dio a conocer esta semana el gobierno nacional, esencialmente porque ambos hallazgos se hicieron en domicilios privados y no en la calle. Aunque es cierto que se necesita una prohibición para el consumo de drogas en sitios públicos como parques o zonas aledañas a colegios y universidades, tal medida ya estaba contenida en el nuevo Código de Policía o, incluso, en una ley vigente desde 1979 como recordaba el jurista Juan Manuel Charry. Es más, la policía ya cuenta con un protocolo de decomiso y destrucción de la droga incautada y cualquier pronunciamiento reiterando lo que ya estaba establecido por la ley resultaba innecesario.

En cambio, ponerle límites a la dosis de aprovisionamiento, que está fuera de control por la alcahuetería de la Corte Suprema de Justicia que sembró una peligrosa ambigüedad en su jurisprudencia, resulta urgente para tratar de ganarle la guerra al narcomenudeo que azota a ciudades como Bogotá o Medellín. No en vano, desde hace unos meses el fiscal general y alcaldes como Federico Gutiérrez presentaron con entusiasmo un proyecto de ley en esta dirección que, sin embargo, no ha tenido ni siquiera su primera discusión.

Esa iniciativa establece criterios objetivos para diferenciar al jíbaro del consumidor y judicializar a pequeños distribuidores. También fija con claridad el límite para la dosis de aprovisionamiento (dos veces la dosis mínima), de manera que quienes porten más de esta cantidad puedan ser capturados y judicializados prontamente y sin pretextos. La verdad es que la discrecionalidad de los operadores judiciales por la falta de estas precisiones está resultando casi una complicidad con el crimen organizado y eso tiene que terminar.

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Si el gobierno y los congresistas, a los que se les hace agua la boca hablar de la protección de los niños y los jóvenes, quisieran servirle de verdad a este propósito, tendrían que acelerar el trámite de esta iniciativa. La Comisión Primera del Senado alega que no puede asignarle ponente al proyecto hasta que el Consejo Superior de Política Criminal no dé su concepto, pero esa no es una obligación legal y dada la extraordinaria situación de inseguridad pública en la que nos encontramos bien podría comenzar a estudiarlo sin demoras.

Entretanto, el Ministerio de Justicia que ocupa la Secretaría Técnica del Consejo de Política Criminal podría convocar una reunión con mensaje de urgencia y poner este punto de primero en el orden del día si está comprometido en serio en la búsqueda de soluciones realistas.

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Es una lástima que dicho consejo lleve más de un mes sin sesionar –obviamente por el cambio de gobierno–, pero le llegó la hora al Ejecutivo de liderarlo y al Congreso de sacar adelante esta ley, en vez de estar perdiendo el tiempo con normas que aunque tienen impacto popular en el corto plazo son apenas pañitos de agua tibia. El problema, en últimas, no está en la dosis mínima, sino en la necesidad de fijar con claridad una dosis máxima por fuera de la cual se sancione con dureza a quienes la superen para delinquir. En eso consiste el verdadero tatequieto para una situación que nos impacta a todos.