Batiendo récords

El sábado pasado se llevó a cabo una inspección por parte de la Fiscalía en la finca de los Pizano, que duró muchas horas y que terminó a las cuatro de la madrugada del domingo. En esa diligencia,en la que participó un nutrido grupo de investigadores de la Fiscalía, no solo se llevaron el tarro de cianuro que fue encontrado en el baño de Jorge Enrique Pizano. También se  llevaron los discos duros que había en los computadores del ingeniero y sus celulares, que contenían toda la información que hoy tiene contra las cuerdas a muchas personas poderosas, entre ellas el fiscal Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, este es un procedimiento a todas luces irregular, pues según algunos abogados con quien pude consultar el tema, la práctica usual y corriente en las inspecciones y allanamientos es hacer una copia de los discos duros para el análisis forense, y no llevárselos.

Es decir, NHM terminó investigando la muerte de quien antes de morir lo señaló de querer montarle un proceso con falsos testigos por otro contrato de Odebrecht para presentarlo como un corrupto y poder así demeritar la validez de sus denuncias que hoy, repito, lo tienen contra las cuerdas.  

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La entrega de esos discos duros y celulares se hizo de manera voluntaria, como me lo confirmó la misma familia, quien accedió a entregar ese material con el propósito de que la Fiscalía tuviera acceso a todo lo que su padre estaba haciendo por sacar la verdad del escándalo de Odebrecht y para demostrar que había ido a pedir ayuda de la justicia norteamericana porque temía por su vida.  

No obstante, en la orden de inspección de esa diligencia, a la que tuve acceso, no se contempla en ningún momento esta hipótesis de la familia (que Pizano dejó planteada y con pruebas en los chats y en los computadores que hoy están en poder de la Fiscalía que maneja NHM).

La hipótesis que sustenta esta diligencia es la de un posible suicidio por problemas económicos. No se mencionan sus denuncias ante los medios ni los audios en los que Pizano lo señala como presunto encubridor, cuando era abogado del Grupo Aval y de Odebrecht; ni se trabaja la hipótesis de que el temor a terminar preso de manera injusta hubiese sido también un móvil que lo deprimió en sus últimos días. En cambio, la orden de inspección sí pide verificar si Jorge Enrique Pizano “se encuentra vinculado a una investigación penal y en caso positivo escuchar en entrevista al titular de la investigación con el fin de conocer la calidad del señor Pizano dentro de la misma”.

La orden también pide que se investiguen los seguros de vida del señor Jorge Enrique Pizano y Alejandro Pizano, y le solicita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi identificar predios/inmuebles a nombre de Jorge Enrique Pizano y su esposa, con el fin de determinar la propiedad y de verificar si existen inmuebles con registros de embargo. En uno de los apartes del documento se piden también los registros financieros de Jorge Enrique Pizano del 2017 al 2018, “a fin de establecer si existe un aspecto de índole económico que hubiese sido determinante para que el señor Pizano Callejas hubiese atentado contra su vida”. En el punto 31 piden “recolectar elementos que permitan información de importancia para la investigación como lo son computadores, USB, discos duros referentes al señor Jorge Enrique Pizano con el objeto de determinar si en ellos se denoten (sic) aspectos que indujesen al mismo suicidio”.

¿La incautación de los discos duros y los celulares que se llevaron de la finca de los Pizano ha sido legalizada ante un juez de garantías? ¿Quién es el encargado de la cadena de custodia para prevenir cualquier alteración de esos documentos? Si iban con la hipótesis de que Pizano se había suicidado con el cianuro, ¿qué tienen que ver los computadores y los celulares con esa premisa?

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Difícil batir este récord que hoy tiene el fiscal Néstor Humberto Martínez: ha podido adelantar la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, pese a que fue el abogado no solo de los brasileños, sino del Grupo Aval, socios en la Ruta del Sol II, de donde salieron a través de contratos falsos, detectados en su momento por Pizano, cerca de 50 millones de dólares en sobornos. Pizano también probó que NHM sabía de esos contratos falsos desde 2013 y que en lugar de denunciar a Odebrecht propuso, como abogado del Grupo Aval, el contrato de transacción que él mismo redactó y en el que las partes acordaron no demandarse entre sí. Por demás, planteó como abogado mantenerlo confidencial, cuando se trataba de empresas cuyas matrices cotizan en la bolsa, y ese hecho constituye información relevante. Hoy investiga un otrosí al que años atrás le dio concepto favorable, cuando fungía como abogado de Odebrecht y del Grupo Aval. También es el responsable de investigar la financiación ilegal de campañas en las que, según declaraciones de Benedetti, que no han sido desvirtuadas, NHM participó activamente recaudando fondos para la segunda vuelta de la elección de Juan Manuel Santos. De manera tardía le tocó revelar que él fue quien redactó el acuerdo de transacción revelado por esta columna en junio de este año; y cuando ya pensábamos que habíamos visto todo en materia de conflicto de intereses, terminó también investigando las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo, Alejandro, pese a que su nombre aparece como pieza fundamental en esa red de presuntos encubrimientos que querían echarles tierra a sus graves denuncias. 

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Darse el lujo de asumir el control de la investigación de Pizano en estas circunstancias tan adversas es un mensaje intimidante y de talante mafioso a quienes quieren contar la verdad de Odebrecht, porque sienta las pautas para que no surjan otros Pizanos. Con razón el procurador delegado, en el concepto que le envió al presidente de la CSJ, le pide que se designe un fiscal con una Fiscalía ad hoc para que de manera independiente investigue todo el caso de Odebrecht, incluidas las muertes de los Pizano.

El abuso de poder de que hace gala el fiscal Martínez Neira es tenebroso y deja en evidencia que Colombia es uno de los países más corruptos del planeta.