El senador Fuelantala denuncia, con cifras y argumentos, la promesa de reforma agraria incumplida por el Gobierno

El 27 de agosto, el senador indígena Richard Fuelantala realizó un debate de trascendencia sobre el modelo agrario y la reforma rural como promesa incumplida del Gobierno Petro. Duró 6 horas y se expresaron todos los partidos.

Fuelantala, luego de resaltar la imperiosa necesidad de una reforma agraria, criticó el lentísimo ritmo que lleva, inquirió por la suerte de 6,8 billones de pesos presupuestados para la compra de tierras y denunció que un porcentaje importante de las adquiridas por $134.000 millones tiene ilegalidades e irregularidades, como lo ratifican la Procuraduría y la Contraloría.

Acusó que el “modelo agropecuario” es igual al de los últimos 30 años, vinculado a los TLC, y reveló que las importaciones agropecuarias son crecientes. Estas fueron de 14,2 millones de toneladas, por 9.598 millones de dólares en 2023, en menoscabo de la balanza comercial agrícola, que con Petro el PIB del agro ha crecido el ínfimo 1,3 por ciento y la pobreza rural es 41 por ciento (Dane).

Se trajeron 6,2 millones de toneladas de maíz, 1,7 de trigo y 1,69 de torta de soya, también 484.950 de residuos agroindustriales, 484.794 de soya en bruto, 248.837 de aceite de soya, 354.603 de cebada, 250.654 de etanol, 169.273 de arroz, 124.547 de carne de cerdo. Y, entre otras más, por 1,9 millones de toneladas, hay 73.148 de lácteos y 168.395 de leguminosas, como fríjol, lentejas, arvejas y garbanzos (Urpa, Fenalce, Dane).

Las compras externas tienen alta penetración del mercado nacional: al sumarse todas las clases de maíz, cubren el 80 por ciento; en cebada, el 97,7 y en trigo, el 99; sin contar aceites ni torta, llegan al 70 en soya; son 4 de los 46 kilos de arroz consumidos por habitante al año y 3 de los 13,5 de carne de cerdo; en leche superan el 15 por ciento de la producción destinada a la pasteurización y en etanol ponen más de dos de cada cinco galones empleados. La soberanía alimentaria quedó en carreta. ¿Qué cultivarán los beneficiarios?

“Van perdidos dos años”, dijo el vocero del Partido Liberal, John Jairo Roldán, al evaluar las malas cifras en la reforma agraria, presentadas por Fuelantala, que, según el contador oficial, van adquiridas apenas 337.114 hectáreas de las 3 millones prometidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ni con la meta ajustada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a 1,5 millones de hectáreas se supera en el 22 por ciento.

Del presupuesto, de agosto de 2022 a marzo de 2024, apenas se ejecutaron $410.723 millones, el 6 por ciento de $6,8 billones, para comprar tierras, ¿Será casualidad que 3 de cada 4 pesos sean en Meta y Vichada, a donde apunta el negocio del petrista catalán-colombiano Xavier Vendrell y su organización Campo Digno?

La opacidad del debate corrió por cuenta del Ministerio de Agricultura y del director de la ANT, Felipe Harman. Las respuestas a los cuestionarios enviados con anticipación fueron tardías e imprecisas, y, peor aún, el listado actualizado de las tierras compradas llegó escasos 30 minutos antes del debate, sin adjuntar nombres de los vendedores. ¿Qué tapará el director Harman? ¿Acaso a testaferros de perpetradores de masacres, a negociantes de baldíos o a intermediarios con sobrecostos, como algunos a quienes les compraron? Grave.

No fue el único proceder indecoroso de Harman. Semanas antes emprendió una campaña, como el autobombo de Lizcano, para “amortiguar” las denuncias, llevó periodistas a Ituango, pagó el domingo anterior una página en El Tiempo y montó costosas campañas de radio con el relato implícito de que todo cambió con su llegada.

¿Servirá para ocultar los 4.494 contratos por servicios, por más de $700.000 al año, lo que representa más de un peso en burocracia por cada uno en compra de tierras, incluida su clientela de Villavo? O ¿a Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal, con dudosas compras de tierras para reubicados y cuentas pendientes por la ejecución de un empréstito de $14.000 millones?

No paró el hostigamiento contra Fuelantala. Como en épocas horrendas de la política, el representante legal del partido Aico, manipulado por el viceministro de Desarrollo Rural, Polivio Rosales, exsenador cuya elección fue anulada por violar el artículo 179 de la Constitución, le quitó horas antes la vocería para intentar silenciarlo.

Gracias a Richard Fuelantala se develó que la reforma agraria está en pañales; que no cambia el destructor neoliberalismo; que tiene manchas peores que las del Incora en 1969 –denunciadas por José Ignacio Vives– y que dieron al traste con el Gobierno de Carlos Lleras; que se viola la ley al cambiar las metas del Plan de Desarrollo y que no se da razón del paradero de los $6,8 billones, destinados para concretarla. ¡Un verdadero desastre!