El señor Roa

El país, con espanto y faltando solo nueve días para la segunda vuelta presidencial de 2022, conoció los escabrosos ‘petrovideos’ revelados por la revista SEMANA, en los que se evidenciaron las oscuras estrategias que usó la campaña del Pacto Histórico para ganar la presidencia de la república. En uno de ellos, Sebastián Guanumen, hoy premiado con el nombramiento como embajador en Chile, ordenó “correr la línea ética” para desprestigiar con mentiras a los oponentes de Gustavo Petro.

Al parecer, “correr la línea ética” fue una estrategia generalizada y que se habría materializado también en el manejo administrativo y financiero de las cuentas de la campaña electoral del “cambio”. El protagonista y directo responsable de ese capítulo es el gerente de la campaña, Ricardo Roa, quien recibió como premio, después del triunfo, la presidencia de Ecopetrol.

La ponencia del pliego de cargos presentado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, de más de 300 páginas, expone cómo esa campaña omitió registrar gastos por 2.150 millones de pesos, divididos en los siguientes rubros: pago del Movistar Arena para la celebración del triunfo de la segunda vuelta el 19 de junio de 2022, pago de los testigos electorales, pago del servicio de transporte aéreo, aporte del sindicato de la USO y la triangulación de donaciones entre Fecode y la Colombia Humana, entre otras omisiones.

Los registros están. Las facturas, recibos de pago, aportes y las fotos como evidencia de cada hecho, también. Pero el presidente Gustavo Petro, que cree que está por encima de la ley, en su defensa y al estilo guanumenesco, argumentó que el Consejo Nacional Electoral no está facultado para investigarlo y que, por lo tanto, este episodio es otro capítulo del “golpe blando” que le quieren dar.

Y resulta que no. El presidente goza de un fuero especial y con el cual Ernesto Samper se salvó de las investigaciones en su contra por haber recibido plata del cartel de Cali que le permitió ganar la presidencia. Por eso, a pesar de que se demuestre que en esa campaña se violaron los topes financieros, a Petro no le va a pasar nada porque la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que lo investiga, lo va a absolver, como lo hicieron con Samper.

En cambio, el que sí tiene que responder ante la justicia es Ricardo Roa, que gerenció y administró la campaña presidencial y que tampoco está por encima de la ley ni tiene ningún fuero especial. Hay tres opciones. La primera es que el señor Roa es un pésimo administrador, no tiene ni idea de gerenciar y no se dio cuenta de que sus subalternos en dicha campaña (¿su pareja y respectiva familia?) hicieron y deshicieron lo que les vino en gana. La segunda opción es que Roa y su equipo, sabían perfectamente lo que hacían, y por eso contrataron una suerte de tesorera-testaferro para usarla mientras se movían platas de aquí para allá y se recibían aportes y donaciones que, claramente, no estaban permitidos por la ley, y el candidato, o sea Gustavo Petro, no sabía nada de lo que hacía su gerente. Y la tercera opción es que todos sabían lo que estaba sucediendo y decidieron, de común acuerdo, correr la “línea ética”.

Así que el presidente Petro, como diría su vicepresidenta, Francia Márquez, “puede gritar y llorar todo lo que quiera”, pero Ricardo Roa le debe muchas respuestas a los colombianos.

Por ejemplo, ¿por qué no registró todos los gastos del Movistar Arena? ¿Por qué permitió que se efectuaran dos facturaciones por el uso de ese espacio? ¿Por qué no registró el uso del servicio de transporte aéreo para las gentes decentes del “cambio”, como Alfonso Prada, Laura Sarabia y Roy Barreras, entre otros? ¿Por qué no registró el gasto de los testigos electorales? ¿Por qué argumentan que los testigos no son gastos de campaña, pero sí reclaman la reposición de votos sobre ese rubro?

¿Qué pasó con las platas en efectivo que recibió Nicolás Petro y que confesó que, al menos una parte, se usaron en los eventos de “precampaña”? ¿Con qué dinero se financiaron esos 14 eventos en el periodo en el que no se podía hacer campaña, entre el 10 de septiembre de 2021 y el 28 de enero de 2022? ¿Se aprovecharon del vacío en la ley para correr la línea ética?

Si suponemos que Ricardo Roa es un pésimo gerente y condujo al presidente en este lío, ¿por qué sigue en la presidencia de la empresa más importante de Colombia, la cual, bajo su pésima administración, en el primer trimestre del año tuvo una caída en sus utilidades de 29,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2023? ¿Por qué después de conocerse que la pareja sentimental del señor Roa, el joven Carlos Julián Cano, ha recibido contratos y nombramientos en el Estado y por los cuales la Procuraduría le tiene abierta una investigación en su contra por una presunta violación al régimen de inhabilidades por haber faltado a sus funciones como asesor de la dirección del Invías, Ricardo Roa sigue en la presidencia de Ecopetrol? ¿Es que acaso eso no es nepotismo y la evidencia de que ha nacido el feudo Roa-Cano, emulando al feudo López-Lozano?

¿Eso era el “cambio”?

La ley se creó desde tiempos inmemoriales para que aquellos que decidan correr la línea ética sufran las consecuencias de sus actos. Si Ricardo Roa se pasó la ley electoral colombiana por la faja como gerente de la campaña del “cambio”, debe responder ante la justicia y dejar de estar atrincherado en la presidencia de Ecopetrol, un cargo que no tiene responsabilidades políticas y, en cambio, sí le permite ganarse 150 millones de pesos mensuales por administrarla como lo hizo con la campaña. O sea, a las patadas.