El significado de la Constituyente para el sector empresarial

El debate sobre las implicaciones para el sector empresarial de la propuesta de constituyente de Petro aún es incipiente. Si bien por ahora la controversial propuesta del presidente carece de fuerza y viabilidad política, sí logra profundizar la incertidumbre en la economía, politizar más el debate económico que necesita el país y tensionar ideológicamente la relación del Gobierno con el sector privado.

Colombia cerró el 2023 con una caída de más del 25 % de la inversión privada, de más del 13 % en las utilidades empresariales, y con un pálido 0,6 % de crecimiento del PIB. A pesar de esto, el Gobierno nacional optó este año por aumentar la incertidumbre jurídica, política y económica con sus tercas reformas, sus discursos antiempresariales y sus decisiones a favor de la informalidad y de la impunidad.

A pesar de haberlo negado en múltiples ocasiones en el pasado, el presidente buscaría promover una asamblea nacional constituyente para lograr dos fines primordiales: cambiar el modelo económico y asegurar la continuidad del progresismo petrista. Pero el presidente hábilmente disfraza estos fines expresando que la Constituyente se necesita para resolver estructuralmente problemas como el ordenamiento territorial, el cambio climático, la implementación del acuerdo de paz, la reforma agraria, la reforma judicial y, desde luego, las reformas al sistema de seguridad social.

Aunque Petro insiste en que la Constituyente no es respuesta a la parálisis de sus reformas en el Congreso de la República, porque sabe que necesitará de los legisladores para sacar adelante la ley que viabilice la asamblea nacional constituyente, es evidente el interés del mandatario de saltarse el trámite en el Congreso para impulsar una constituyente convocada desde las calles, mediante la presión hostil de la ciudadanía.

En este nuevo ambiente político, es difícil pensar que las empresas, grandes o pequeñas, estarán animadas a comprometerse con el desarrollo socioeconómico del país, menos aún, cuando es previsible que Petro recurra a radicalizar su discurso contra el capital privado para justificar, junto a otras razones, la necesidad de una nueva Constitución. Estamos entonces ante la posibilidad de que el sector empresarial se enfrente no solamente a la presión que ya ejerce el Gobierno, sino también a la pérdida de la legitimidad social que ha ganado en las últimas décadas, por cuenta del capricho proconstituyente del Gobierno nacional.

Es previsible que la propuesta de una asamblea constituyente profundice la polarización entre los sindicatos que apoyan la constituyente y las empresas que se oponen. Mientras que algunos sindicatos podrían ver la asamblea constituyente como una oportunidad para promover sus intereses y derechos laborales, las empresas podrían percibir la propuesta como una amenaza para la estabilidad del entorno empresarial.

Además, las corporaciones globales podrían optar por contener sus inversiones en Colombia, a la espera de una mayor claridad sobre el impacto que la asamblea constituyente podría tener en el entorno empresarial. La incertidumbre política y jurídica resultante de una posible reforma constitucional podría desincentivar, aún más, la inversión extranjera directa en el país.

Por otro lado, es probable que, en este nuevo ambiente, las empresas se distancien de iniciativas petristas que parecían favorables, como la política de reindustrialización, por cuenta de la ideologización proconstituyente que se adueñará de ministerios, hasta ahora técnicos, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La incertidumbre sobre el futuro marco jurídico empresarial podría llevar entonces a las empresas a adoptar una postura más cautelosa en relación con las políticas gubernamentales en general.

Adicionalmente, la propuesta de Petro podría llevar a la suspensión de proyectos conjuntos entre el Gobierno y el sector privado, que hoy ya están avanzando, llevando a que las empresas adopten una postura de espera antes de comprometerse más a fondo. Varios sectores como energía, transporte y telecomunicaciones, entre otros, tiene en la actualidad importantes proyectos con capital privado, cuyos inversionistas comenzaron a hacer consultas para definir si continúan o no.

Y aunque la propuesta de una constituyente ha recibido un rechazo generalizado y la conclusión común sobre sus bajas probabilidades de aprobación por falta de consenso político, el sector privado ha brillado por su timidez para pronunciarse frente a esta caprichosa propuesta del Gobierno nacional. El Consejo Nacional Gremial, que reúne a los principales gremios de empresarios en Colombia, rechazó la idea de una constituyente, catalogándola como “innecesaria” y expresando que la Constitución de 1991 permite adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere la sociedad. A renglón seguido, le pidieron al presidente que construya consensos en torno a las necesidades del país. Pero hasta ahí.

Ningún gremio o empresario con alta representatividad ha alertado al país productivo, que no solamente está conformado por empresarios, sino también por empleados, centros de pensamiento, sindicatos y otros actores del tejido productivo, sobre lo que hay de fondo: el interés por un nuevo modelo económico que llevaría a la refundación socioeconómica de nuestra nación. Es raro que los líderes del sector empresarial no vean que la frustración que vive Petro al no lograr limitar o eliminar la participación del capital privado mediante sus obstinadas reformas en los sectores claves se transformará en su interés revanchista de cambiar el modelo de producción y competitividad del país a través de una nueva constitución.

Es momento entonces de que el país económico, y no solamente el país político, se manifieste contra este inminente riesgo.