El significado de un buen gobierno

Un error que con cierta frecuencia cometemos en Colombia es el de confundir un lema o eslogan de campaña electoral con el significado de un buen gobierno. Una chapa partidista pretendiendo dar un sentido ideológico determinado a un gobierno no supone garantía de uno bueno y no deja de ser una buena intención.

Lo concreto es que la realidad de gobernar es la que determina, más allá de los lemas, si se ha gobernado bien y siempre pensando en la gente.

Por mi experiencia en los diversos cargos que he ocupado por elección popular o nombramiento, considero que lo que marca realmente el derrotero de un buen gobernante a nivel nacional, departamental o municipal no son los diversos rótulos que se coloque, sino que lo fundamental es tener nortes éticos como las cero tolerancias con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y la contaminación ambiental.

Para el caso de la Presidencia de la República de Colombia, debemos agregar a lo antes señalado, la necesidad de contribuir a democratizar las diversas decisiones del Estado concentradas en ese cargo, tanto con la figura del vicepresidente de la República —quien por Constitución solo cumple funciones que le defina el presidente— como con quien haya sacado la segunda votación en las elecciones presidenciales, mucho más cuando las leyes electorales colombianas definen que automáticamente asume el cargo de senador de la República.

Un buen presidente de la República en Colombia, más allá del partido o frente político que lo eligió, es aquella persona capaz de socializar el poder presidencial en igualdad de condiciones con los gobernadores departamentales, los alcaldes municipales y voceros de las comunidades urbanas y rurales de esas regiones, a fin de sumar esfuerzos económicos y mecanismos de control y seguimiento a todos los programas de gobierno que se adelanten.

Mi impresión, y sin ánimo de polémica, es que, en el caso colombiano, ninguno de los presidentes de la República en los últimos setenta años, incluyendo el actual, han desarrollado dicha política democrática.

Otro aspecto que debe caracterizar a un buen gobernante, pasa por el respeto que desde su cargo debe tener con la autonomía de cada uno de los otros poderes del Estado llámese poder Legislativo, Judicial, o con los organismos de control del Estado como la Procuraduría y la Contraloría.

En la idea de gobernar siempre en favor de las regiones y de la gente, y no de sus familiares o de sus áulicos políticos, un buen gobernante a nivel nacional, departamental o municipal debe priorizar siempre la política de diálogo social y no del ordeno y mando, lo mismo que la administración responsable de los recursos públicos rindiendo periódicamente cuentas verificables sobre la ejecución y los logros más importantes obtenidos en su gestión de gobierno. No olvidemos que la rendición pública de cuentas es deber de obligado cumplimiento de todo gobernante, sea de derecha, centro o de izquierda, y un derecho democrático de la población, aun cuando algunas personas no hayan votado a favor del gobernante.

Igualmente, un buen gobierno respeta y hace respetar el derecho de la población a pensar y expresarse de manera diferente, contribuye siempre a la política democrática del desarme de la palabra, como también a la autonomía y acciones de notarios de la verdad de los diversos medios de comunicación.

De modo que, pensando en las elecciones presidenciales en Colombia en el año 2026, invito a las personas a no volvernos prisioneros de las chapas ideológicas de cada uno de los candidatos y candidatas, si no a solicitarles públicamente cómo van a gobernar a Colombia, cómo van a contribuir a un clima de diálogo, respeto y reconciliación nacional.

Pero, ante todo, a tener el valor civil de decir públicamente que en caso de ser elegidos le darán continuidad a todo lo positivo que venga desarrollando el actual gobierno o que hayan desarrollado los anteriores gobiernos, así como también a no darle continuidad a las políticas o decisiones negativas que se hayan tomado. Solo así, es posible construir políticas de Estado en favor de la gente.

En mi opinión, temas como la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico deben revisarse por el nuevo presidente la República que asuma el 7 de agosto del 2026, mucho más cuando en más de 50 años de lucha heroica contra esas actividades ilegales, las inversiones materiales del Estado colombiano y la ayuda de la comunidad internacional, los resultados han sido nulos o escasos en materia de costo-beneficio.

Sin negar la colaboración de la comunidad internacional, en el futuro vamos a tener que pensar en mecanismos nacionales que con el decidido apoyo de los gobernantes regionales y de la gente puedan terminar siendo eficaces para salirnos definitivamente de los remolinos de la violencia y el narcotráfico.