El pecado original

No se necesita ser un juez de la república para saber que las conductas de la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, y los dos contratistas investigados por la Fiscalía no son las que uno desearía en la administración de justicia. Con el argumento de que sus funciones carecen de poder jurisdiccional y que a ellos no podría exigírseles en ese sentido un deber de

imparcialidad, algunos intentan defender lo indefendible. Por sus conversaciones los conoceréis y dichos funcionarios cruzaron una raya que los puso de amigos de sus procesados, deslegitimando varias de las actuaciones de la justicia especial de paz.

Cuando Zamora le dice a la contratista July Henríquez, en una de las llamadas aportadas como evidencia en su proceso, que “(…)por qué no nos evitamos problemas y les dices que manden un escrito diciendo sencillamente que por razones de su trabajo, lo que sea, están ubicados en tal parte… Para bajarle un poco a eso porque van a empezar a decirnos que los busquemos”, no cabe duda de que les están ayudando a los ‘ausentes’ del proceso de paz más allá de lo que un funcionario ejemplar debería. Que eso constituya un delito o no es harina de otro costal, pero lo que resulta claro es que se trata de un ‘empujón’ para colaborarle a unos sujetos sub judice que espontáneamente se comprometieron a comparecer ante la JEP y que no lo han hecho hasta el momento ni siquiera con la ayudita de la doctora Zamora y de sus eficientes contratistas.

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¿Qué habrían dicho ciertos sectores políticos –que ahora callan– si una llamada en esos términos se hubiera descubierto durante los primeros momentos de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares? ¿Les parecería normal?

Aunque la presidenta de la JEP, Patricia Linares, diga que se pudo tratar de una asesoría legal y legímita comprendida en el marco constitucional, me pregunto si una llamada igual se habría hecho para “brindarle asesoría” a algunos militares que se acogieron a la JEP o si ese es un beneficio exclusivo para los exlíderes de las Farc, sobre todo para los que más conejo le están poniendo a la paz.

Pero tal vez la culpa no sea exclusivamente de los funcionarios mencionados. La JEP nació con un grave pecado original: siendo un sistema diseñado para favorecer más a los victimarios que a las víctimas, y dentro de los victimarios, definitivamente más a las Farc que a los militares, agentes del Estado o terceros civiles. Otra de las evidencias que parece probarlo se desprende de lo que el exsecretario de esa jurisdicción, Néstor Raúl Correa, le ha confirmado a allegados y a autoridades judiciales, aunque por ahora extraproceso: que su nombramiento surgió de un cónclave y que fue Álvaro Leyva el encargado de notificarlo. ¿Sabremos algún día si hubo una transacción subrepticia en este sentido? ¿Cuántos pactos más se hicieron para definir cuotas burocráticas dentro de la JEP?

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Pues a la Fiscalía, en buena hora, no le parece normal lo que se ha hecho. Como tampoco lo que ha ocurrido con un magistrado de la Sala de Paz del Tribunal Superior de Bogotá a quien por soplarle información a un paramilitar procesado también le abrió una seria investigación.

Me niego a acostumbrarme a que los victimarios se salgan con la suya incluso en diseños transicionales como el de la JEP o el de ‘Justicia y Paz’. Si ya hicimos un sacrificio importante en reducción punitiva, lo menos que tendrían que hacer quienes mataron, violaron, masacraron y pusieron bombas es responderles a las víctimas con sinceridad en el marco de esos procesos de justicia especial. Tener funcionarios cohonestando con esos delincuentes en vez de emplazarlos a responder por sus delitos es francamente inaceptable y el diseño original de la JEP parece haberle dado vuelo a estas prácticas censurables.

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O se produce una revolución silenciosa internamente por parte de quienes sí están trabajando honesta y arduamente en la JEP o, de lo contrario, un buen día la Corte Penal Internacional intervendrá aduciendo que lo que aquí teníamos era un remedo de justicia y no un sistema transicional orientado a proteger a las víctimas, repararlas y contar la verdad. A eso nos exponemos si seguimos como vamos.