El trilema político del sector privado desde el 1 de enero

El primero de enero nació un nuevo desafío político para gremios y empresas interesadas en los asuntos públicos: enfocarse en las nuevas autoridades territoriales, debido a la evidente dificultad de trabajar de la mano del Gobierno nacional, trabajar con los dos al mismo tiempo, o mantenerse en solamente gestionar sus asuntos con el gobierno central.

El fervor inicial empresarial que acompañó la asunción de los nuevos alcaldes y gobernadores se ha topado con una realidad compleja. Las nuevas administraciones quieren mostrar resultados en el corto plazo para asegurar un respaldo continuo de la ciudadanía, lo que representa una oportunidad para el sector privado, pero el látigo de Petro a los territorios que no lo apoyan, empieza a infundir miedo al sector empresarial.

Los empresarios nacionales y multinacionales tienen que descubrir las oportunidades en las que los gobiernos locales son realmente autónomos y caminar con cuidado en aquellos en los que el gobierno central interviene. Pero, además, aun en aquellos temas de clara autonomía local, el sector privado debe actuar con altísima sensibilidad política para evitar reacciones retardativas por parte del Gobierno nacional.

El escenario se torna aún más complejo al considerar la obsesión reformista del Gobierno nacional en el Congreso, con reformas con evidente tufo antiempresarial, como son la reforma pensional, laboral y de salud. Se agregan este año además la reforma al código minero y la reforma agraria, entre otras. ¿Debería entonces el sector privado priorizar su relación con el gobierno central?

Evidentemente, dependerá de cada empresa y sector. Sin embargo, estamos en un punto crucial para muchos proyectos de la agenda radical del Gobierno, mientras que los gobiernos territoriales tendrán un primer año de ajustarse al cargo, establecer prioridades, asegurar recursos y “poner la casa en orden”. Con esto en cuenta, la estrategia parece apuntar hacia mantener sólidas conexiones con el Gobierno nacional, al menos mientras pasa la fase intensa de su agenda radical en el Congreso.

La buena noticia es que los alcaldes y gobernadores podrían saber esperar, porque -proclives en su mayoría a trabajar con el sector empresarial- podrían buscar recursos privados debido a la dificultad de coordinación con el Gobierno nacional para impulsar sus proyectos. O, en otras palabras, no es esperable que los gobiernos territoriales de las principales ciudades y departamentos le cierren la puerta al sector privado, pese a que los empresarios prioricen la relación con el gobierno central.

También podría considerarse un escenario de encuentro entre los intereses del Gobierno nacional y de las nuevas administraciones territoriales: las necesidades sociales desatendidas. Problemáticas como la atención a minorías, la pacificación de los territorios, la economía popular y la protección del medio ambiente, podrían ser puntos de trabajo conjunto.

Otra posibilidad es que el sector privado se apropie de un territorio temático que conecte al gobierno del cambio con las administraciones locales: por ejemplo, mediante la “innovación social” que podría sentar en la misma mesa a los alcaldes y gobernadores -creyentes de la innovación con participación privada-, con ministros y funcionarios del gobierno central que son los dueños de las grandes políticas sociales.

Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Aval parecen querer en esa dirección, con la inversión social anunciada para La Guajira mediante un proyecto cooperación para impulsar el progreso económico y social. La alianza público-privada implica una inversión de alrededor de $ 100.000 millones, enfocada en reducir brechas en la región.

El grupo empresarial se comprometió a trabajar con la comunidad Kaikashi del pueblo indígena wayuu, considerando la cosmovisión y conocimiento ancestral de las comunidades, bajo un enfoque étnico y multicultural, para ayudarlos a superar sus principales problemas sociales.

Claro que está por verse si el generoso proyecto de Sarmiento logra articular política y técnicamente al Gobierno nacional con los nuevos mandatarios de La Guajira, con resultados sociales tangibles en un plazo razonable. Es una prueba ácida tanto para los dos niveles de gobierno como para el grupo empresarial porque el nuevo gobernador es producto de una alianza multipartidista que no es propiamente petrista y, además, el nuevo alcalde ganó con el apoyo de partidos tradicionales con importantes diferencias con el gobierno central.

El proyecto de inversión social es un importante laboratorio para medir la articulación nación-región con financiación privada, pero no es sano que el Gobierno nacional se acostumbre a inversiones millonarias para aceptar trabajar con el sector privado en los territorios.

Las empresas están listas para hacer muchos aportes diferentes a dinero líquido en grandes cantidades para promover proyectos compartidos entre el centro y la periferia. A la mano están las capacidades técnicas, el conocimiento internacional, el acceso a tecnologías de punta, el dominio de procesos de gestión y evaluación, así como la importante experiencia en investigación e innovación, que el Gobierno nacional debería valorar.