El tsunami Odebrecht

Aunque el expresidente Juan Manuel Santos y varios de sus más cercanos colaboradores han pasado literalmente de agache en el escándalo de Odebrecht, todo indica que se viene un verdadero tsunami bajo la fiscalía de Francisco Barbosa, quien se comprometió a llegar a la verdad de este escándalo. Los polémicos empresarios Eduardo Zambrano y Federico Gaviria iniciaron una nueva etapa de colaboración con la justicia buscando beneficios. Créanme, más de uno tendrá que dar explicaciones en los estrados. Ambos fueron condenados por participar del entramado de corrupción de la multinacional de los sobornos. Conocí que esta semana Zambrano le entregó a la Fiscalía las claves de su celular para que los investigadores tengan acceso a todos sus chats.

Me confirmaron que sus conversaciones con Roberto Prieto son muy comprometedoras. Prieto fue la mano derecha de Santos en sus dos campañas presidenciales y está preso y condenado por hechos que nada tienen que ver con Santos. En las interceptaciones legales a Prieto existen múltiples registros de sus llamadas con Zambrano, quien era de toda su confianza. A través de él, Prieto les enviaba mensajes a los brasileños, incluso para cuadrar las versiones ante los estrados judiciales. Zambrano llevaba y traía, y a su vez Prieto ponía la información en conocimiento de palacio.

Es claro que en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez no quisieron escuchar y actuar. Tenían todas las evidencias, ¿qué secretos revelarán los chats? Mientras tanto, en los últimos días Federico Gaviria hizo unas violentas declaraciones en la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema dentro del caso del excongresista Antonio Guerra de la Espriella, preso por el supuesto grupo Bulldozer dentro del mismo escándalo. Gaviria fue categórico y entregó al magistrado Jorge Caldas un explosivo documento sobre el caso Odebrecht.“... Considero que nada de esto hubiera sido posible sin una directriz y orden del señor presidente de la república, Juan Manuel Santos”.

Gaviria demostró la lluvia de aprobaciones que logró la Ruta del Sol 2 desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2014. Aseguró que incluso algunas decisiones clave se tomaron en medio de las elecciones al congreso o a pocos días de las elecciones presidenciales (reelección de Santos), como ocurrió el 15 de mayo de 2014. Luis Fernando Andrade, como presidente de la ANI, y Eder Paolo Ferracuti, presidente de la concesionaria, firmaron el otrosí número 7, en el que se “cambió el sistema de liquidar la construcción por hitos de 10 kilómetros construidos”.

Todos los cambios se traducían en millonarios beneficios para los contratistas. Federico Gaviria sostuvo ante la Corte que todo se articuló a través del condenado senador de La U Bernardo ‘Ñoño’ Elías, con la colaboración de otros parlamentarios y Otto Bula. Contó además cómo, según él, se destrabó el polémico contrato de estabilidad jurídica que había sido negado. Según el lobista de Odebrecht, la gestión del Ñoño tuvo un apoyo irrestricto durante el “Gobierno del señor Juan Manuel Santos, su grupo de ministros y funcionarios que dieron todas las aprobaciones…”.

Gaviria también se fue de frente contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez. “El señor Néstor Humberto Martínez fue quien estructuró jurídicamente el contrato de estabilidad jurídica… por el cual se benefició económicamente. El cual está demostrado fue ilegalmente otorgado... adicionalmente fue el abogado que se encargó de legalizar los pagos ilegales por parte de Consol, de los contratos simulados a la concesionaria Ruta del Sol 2”.

Gaviria señaló además:“... Ya como funcionario (Néstor Humberto Martínez) aprobó como ministro de la Presidencia el Conpes 3817, sin declararse impedido y finalmente como fiscal general de la Nación desvió y acomodó toda la investigación a su favor para no perjudicarse él y sus protegidos donde estos contratos ilegales fueron catalogados para algunos como delitos electorales y para otros como delitos penales, adicionalmente muchos pagos ilegales no han sido judicializados hasta ahora”.

Varias de estas denuncias las hizo desde 2017 el senador Armando Benedetti. Además de la descripción técnica detallada, Federico Gaviria le pidió a la Corte que la justicia indague sobre las actuaciones de todos y cada uno de los que intervinieron en dichas aprobaciones entre 2012 y 2014. Sobre los exfuncionarios, dijo que se debe saber si hubo “presiones” o “favorecimientos” de parte de Mauricio Cárdenas (ministro de Hacienda), Simón Gaviria (director de Planeación), Cecilia Álvarez (ministra de Transporte), Luis Fernando Andrade (presidente de la ANI) y Sergio Díaz-Granados (ministro de Comercio).

Roberto Prieto debe saber que su situación jurídica puede complicarse en breve. Lo mejor es que, de una vez por todas, diga lo que sabe sobre las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, Odebrecht y la estrategia para tapar la verdad. Al fin y al cabo lo dejaron solo cuando cayó en desgracia y en la cárcel. Mientras tanto, quienes fungían como sus amigos incondicionales disfrutan de la falsa gloria de no haber pagado ante la justicia por lo que hicieron. ¡Prieto, por favor hable!