El turno es para Argos

En el Ministerio de Agricultura, bajo el gobierno de Petro, parece haber una estrategia que socava la garantía de la propiedad de la tierra en Colombia. Esta estrategia, liderada por la actual ministra de Agricultura, la doctora Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, no es un producto reciente de sus roles en el Gobierno actual, sino que se ha gestado durante muchos años, desde sus tiempos en la Corporación Forjando Futuro, cuando ella asesoraba en temas de restitución de tierras y él era su director.

Este artículo marca la tercera denuncia que presento en esta columna, una serie de alertas sobre lo que está ocurriendo en el Ministerio de Agricultura. Esto resalta la creciente preocupación por la garantía de la propiedad de la tierra en Colombia.

La primera denuncia se centró en la supuesta entrega de más de un millón de hectáreas a los campesinos durante el primer año de gobierno, una proclamación histórica que se demostró falsa. El Gobierno tuvo que reconocer este error.

Además, denunciamos la reglamentación del artículo 61 del Plan de Desarrollo como una estrategia para la expropiación exprés, liderada por Mojica y Vega, y que, creemos, la Corte Constitucional declarará inexequible. Esta política no es necesaria, ya que el gremio ganadero Fedegán puso a disposición tierras suficientes para vender al Gobierno sin necesidad de normas especiales.

Mi experiencia como superintendente de Notariado y Registro me permitió investigar cómo la mayoría de las tierras en Colombia no fueron despojadas mediante violencia, sino a través de argucias jurídicas que incluyen más de 57 formas de despojo jurídico respaldadas por documentos. Esto llevó a recuperar miles de tierras en Colombia en manos de las Farc, paramilitares y delincuentes de cuello blanco durante el gobierno del presidente Santos. Un caso emblemático fue el estudio realizado en los Montes de María, donde la empresa cementera Argos compró tierras de buena fe para un proyecto de reforestación.

Sin embargo, como las dos estrategias anteriores no dieron los resultados esperados, se desplegó un nuevo guion cargado de desinformación y falsedades ante el presidente Petro. Esto parece ser parte de una estrategia más amplia destinada a socavar la confianza en el empresariado y crear inseguridad jurídica en cuanto a la propiedad de la tierra. En respuesta a este guion, el presidente lanzó acusaciones públicas contra Argos, calificándola de despojadora de tierras en los Montes de María. Sin embargo, es fundamental aclarar que estas acusaciones carecen por completo de fundamento y no resisten un escrutinio riguroso.

Es crucial destacar que el presidente omitió un aspecto importante en su discurso, posiblemente debido al guion sesgado proporcionado por los actuales directivos del Ministerio de Agricultura. Esta omisión pone en entredicho, no solo la reputación de Argos, que ha reconocido su error y no debe ser considerada de mala fe, sino también la competencia de los abogados que contrató la empresa para llevar a cabo el estudio de títulos.

Es importante resaltar que Argos adquirió estas tierras a través de una fiducia, pero lo que no se mencionó es que quienes vendieron originalmente las tierras a esta fiducia no eran campesinos necesitados, como se insinuó, sino más bien especuladores de la tierra. Estos individuos no tenían un genuino interés en el bienestar de la comunidad local ni en la reforestación de la región, sino que estaban motivados por ganancias personales. Cuando compraron las tierras a los campesinos originales, omitieron los pasos necesarios para garantizar la autorización adecuada del Comité de Desplazados y utilizaron firmas y poderes que no correspondían a las personas que debían firmar en nombre del Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada de El Carmen de Bolívar. Esta falta de transparencia y autenticidad en la transacción fue un error, pero no de Argos, sino de los mal llamados empresarios que participaron en la compraventa.

La sentencia del tribunal dejó en claro que los problemas que llevaron a la restitución de tierras se originaron en la compraventa anterior a la adquisición de los predios por parte de Argos. El tribunal reconoció que Argos actuó de buena fe, pero también señaló una falta de diligencia en la verificación de los predios adquiridos. Esto es donde la “Debida Diligencia Ampliada en Derechos Humanos” cobra relevancia. Esta práctica implica investigar y evaluar no solo los aspectos legales y financieros de una transacción, sino también su impacto en los derechos humanos de todas las partes involucradas.

Lamentablemente, este paso crucial no se cumplió efectivamente en el estudio de títulos de los abogados contratados por Argos. Detectar esta falla resultó ser una tarea complicada, y por esta razón, el tribunal calificó la actuación de Argos como un error que no fue directamente responsabilidad de la empresa, sino de los abogados que delegó para su estudio.

Sin embargo, es fundamental destacar que cuando Argos se percató de este error en el proceso de adquisición, no evadió su responsabilidad ni trató de encubrirlo. En lugar de ello, la empresa decidió tomar una acción ejemplar. Con total transparencia y enmienda, Argos propuso al gobierno del expresidente Santos hacer entrega de la totalidad de las tierras a una fundación conformada por los campesinos que habían sido los propietarios originales y a quienes se les había pagado por sus tierras.

Esto sucedió en el último trimestre del año 2014, cuando Argos cambió su visión inicial de un proyecto forestal a uno social. Como resultado, Argos donó las 6,600 hectáreas y proporcionó 18 mil millones de pesos en recursos a la Fundación Crecer en Paz. Estos recursos se destinaron a impulsar proyectos productivos en beneficio exclusivo de las familias campesinas locales. En total, el aporte de Argos a esta causa ascendió a cerca de 50 mil millones de pesos, demostrando su compromiso con la comunidad y su disposición a rectificar errores

En resumen, es necesario que los funcionarios informen al presidente de manera completa para evitar que caiga en desinformación. Argos y sus directivos actuaron de buena fe y no se beneficiaron del desplazamiento y el despojo, como estableció la sentencia. La lección clave aquí es la importancia de la Debida Diligencia Ampliada en Derechos Humanos en todas las transacciones comerciales, especialmente en contextos donde los derechos humanos pueden estar en riesgo.