El último regalo

En el último día de su gestión, la fugaz procuradora general de la Nación Martha Isabel Castañeda Curvelo decidió absolver de culpas al ex defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, denunciado por acoso laboral por exsubalternos. El nuevo procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se posesionaba el lunes 16 de enero por lo cual las funciones de la doctora Castañeda terminaban el viernes 13.

Ese viernes final la doctora Castañeda firmó presurosamente un auto archivando la investigación disciplinaria contra Otálora por acoso laboral, tratando, de paso, de favorecerlo en la investigación por acoso sexual que aún adelanta –a paso de tortuga– la Fiscalía General de la Nación.

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La doctora Castañeda no tiene logros memorables en la Procuraduría. Como viceprocuradora fue apenas una voz más en el coro de su jefe Alejandro Ordóñez. Los cuatro meses de su ‘palomita’ como procuradora los gastó en fortalecer relaciones y armar alianzas para convertirse en magistrada de la Corte Constitucional, que es a lo que aspira ahora.
Sin embargo, con esta decisión –de último minuto– para favorecer al exdefensor Otálora se asegura un lugar propio en el cuadro de la infamia.

La efímera procuradora no solamente ignoró pruebas e interpretó acomodadamente testimonios, sino que además creó una novedosa doctrina para disculpar el maltrato: “Sin justificar la forma en la que se pudo haber dirigido el Defensor del Pueblo al doctor Juan Manuel Osorio, sobre el cual puede haberse presentado un tono alto en su reclamo (…) no se puede perder de vista que se presentaron algunos hechos que pudieron dar lugar al reclamo”. (Ver Auto1)

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El defensor del Pueblo, cuya principal función es garantizar los derechos humanos, quedó autorizado por la decisión de la Procuraduría a gritar a sus subalternos: “Es evidente que hay una apreciación general del temperamento del doctor Jorge Armando Otálora pero en ningún momento calificable de maltrato laboral, entre otras cosas porque si bien en ocasiones pudo haberse utilizado un tono de voz fuerte, que incluso algunos calificaron de grito, también es cierto que lo hizo dentro de un contexto funcional”. (Ver Auto2)

Son numerosos los testimonios del maltrato de Otálora que la ahora candidata a la Corte Constitucional califica como “temperamento”.

Hernando Toro, quien fuera directivo y decano de los funcionarios de la Defensoría, declaró bajo la gravedad del juramento, que el uso de expresiones ofensivas era parte del ejercicio del poder de Otálora, quien se acostumbró a reprochar a sus subordinados en estos términos: “Estoy mamado de esta mierda (…) Esta hijueputada ya me tiene cansado”.(Ver Testimonio1)

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Daniel Salamanca, abogado y ex auxiliar administrativo del despacho de Otálora, declaró: “Me consta directamente, yo vi violencia verbal a funcionarios de todos los niveles concretamente conmigo. Me consta la violencia verbal conmigo. Me constan gritos”.(Ver Testimonio2)

Juan Manuel Osorio, abogado y ex defensor delegado para las víctimas, recuerda que le dijo: “Ustedes aquí hacen lo que les da la gana, pero esta huevonada se acabó, el que no aprenda se va para la puta mierda, aquí solo aprenden a los putazos o echándolos”.(Ver Testimonio3)

Su antigua secretaria privada Astrid Helena Cristancho, quien también lo acusa de acoso sexual, señala: “En las reuniones con los directivos utilizaba amenazas, que los voy a sacar, que es que ustedes solo entienden a los hijueputazos”.(Ver Testimonio4)
Los numerosos testimonios que muestran que el maltrato de Otálora no era ocasional, producto de un mal momento, sino una conducta reiterada y sistemática, fueron ignorados por la Procuraduría: “Se denota una conducta aislada que si bien no es aceptable desde ninguna perspectiva, tampoco tiene la sustancialidad para dar viabilidad al reproche disciplinario”.(Ver Auto3)

Los chats en los que varios funcionarios mencionan el maltrato que recibieron de Otálora fueron ignorados como prueba por la Procuraduría. También las grabaciones de reuniones en las que insultó a subalternos, argumentando que dichas reuniones, a pesar de ser públicas, no podían grabarse sin la autorización de todos los interlocutores.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar y sus amigos –influyentes a la hora de escoger magistrados de las cortes– han sido muy activos en un lobby a favor de Otálora que también se siente en la Fiscalía.

Las víctimas tienen un último recurso que debe resolver el nuevo procurador y siguen pendientes de la decisión sobre el acoso sexual en la Fiscalía.