El verdadero problema: grupos armados ilegales y su relación indisoluble con el narcotráfico

Colombia, con su privilegiada posición geoestratégica, presenta ventajas comparativas como el acceso a dos océanos, su cercanía al Canal de Panamá, más de 15.000 kilómetros de ríos navegables y una enorme biodiversidad. Sin embargo, estas mismas características facilitan la aparición y expansión de uno de los mayores flagelos para la sociedad: el narcotráfico, íntimamente ligado a los GAI.

Desde los años noventa, la simbiosis entre narcotráfico y grupos armados ha sido indisoluble. Con un mercado mundial asegurado de 24 millones de consumidores, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las condiciones para la producción de cocaína en Colombia son inmejorables: clima templado que permite hasta cuatro cosechas al año, mano de obra barata y rutas terrestres y fluviales que favorecen el transporte. Más del 59 % de las hectáreas de cultivos de coca se encuentran en zonas protegidas por el medio ambiente, lo que dificulta aún más los esfuerzos de erradicación.

Los mapas satelitales de la UNODC muestran la concentración de cultivos en regiones estratégicas como el suroccidente colombiano, Norte de Santander (especialmente el Catatumbo) y el Bajo Cauca antioqueño. En estas zonas, el ELN, disidencias de las Farc, grupos de autodefensas, carteles internacionales y bandas criminales disputan el control territorial, aprovechando la debilidad estatal y la ausencia de una estrategia coherente de parte del Gobierno.

La cadena del narcotráfico comprende cinco etapas: cultivo, procesamiento, obtención del clorhidrato de cocaína, almacenamiento y —finalmente— exportación. Cada una de estas fases es ejecutada por grupos diferentes para garantizar el secreto de las operaciones, pero todas están ligadas a un incremento exponencial en las ganancias. Mientras el campesino que cultiva la hoja apenas recibe entre el 1 y el 2 % del valor total del negocio, cuya ganancia de todos modos es muy superior a cualquier otra actividad agrícola formal, el dueño del cargamento puede obtener rendimientos de hasta el 300 %. Esta disparidad resalta lo lucrativo y desigual de esta actividad ilícita.

A su vez, con el poder que les dan el uso ilegitimo de las armas y la falta de control territorial, los GAI hacen el trabajo más fácil cobrando impuestos por la siembra, el transporte de insumos y precursores químicos, por la elaboración de la pasta básica, y finalmente por cada kilogramo de cocaína tipo exportación, lo que representa una actividad altamente rentable. Esto explica por qué en las actuales circunstancias ninguna propuesta para desmovilizarse les parece atractiva, lo mejor es seguir engrosando sus arcas ilegales.

Actualmente, según cifras del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico (CMCON) de la Armada Nacional, se estima que Colombia tiene una bonanza cocalera de 230.000 hectáreas. Esto se traduce en una producción potencial de entre 480 y 1.738 toneladas de cocaína anuales. Estas cifras, que suponen un incremento significativo en la capacidad productiva del país, solo pueden explicarse por la falta de control estatal en las zonas donde se concentran los cultivos y por el debilitamiento de las fuerzas de seguridad.

Es innegable que la Fuerza Pública, especialmente la Armada Nacional, ha tenido un papel crucial en la interdicción marítima, por donde se mueve aproximadamente el 90 % de la coca producida en Colombia, mediante golpes contundentes donde más tiene valor, en un esfuerzo de cooperación internacional con los países que luchan contra este fenómeno; sin embargo, lo que realmente se necesita es un esfuerzo monolítico en todos los eslabones de la cadena. El Gobierno ha sido señalado por enviar mensajes contradictorios que, lejos de fortalecer a las fuerzas de seguridad, han debilitado su capacidad de acción en el territorio.

Aquí surge el debate: ¿es la legalización de la cocaína la solución? Aunque muchos sectores consideran que sí, esta es una decisión compleja que debe ser discutida a nivel internacional. Una medida unilateral de Colombia no solo la aislaría en la comunidad global, sino que pondría en peligro sus relaciones con las grandes potencias.

El Gobierno, por tanto, debe formular una estrategia integral que contemple el desarrollo social de las zonas más afectadas por los cultivos ilícitos, aumentar la presencia de la Fuerza Pública y dotarla de medios tecnológicos avanzados para controlar tanto las rutas de insumos como las de la cocaína procesada. Además, es fundamental intensificar el análisis de las nuevas dinámicas del narcotráfico para anticiparse a las últimas estrategias de los grupos ilegales.

En conclusión, el narcotráfico es uno de los fenómenos más difíciles de enfrentar y el más rentable para los grupos armados ilegales. La actual administración, con su enfoque de negociación y su retórica de paz total, ha creado un ambiente propicio para que estos grupos criminales, empoderados y sin una clara dirección estratégica en las negociaciones, sigan beneficiándose de este negocio ilícito. Si no se toman medidas contundentes y coherentes, el país seguirá siendo rehén de este flagelo, con consecuencias incalculables para la sociedad colombiana.