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OPINIÓN
Timochenko: el candidato que ofende
La candidatura confirma nuestros peores temores: que las víctimas no fueron ni son el centro de la negociación y que el presidente mintió varias veces.
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Cuando el 23 de mayo de 2012 el presidente Juan Manuel Santos prometió en un trino que “ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección popular por el Marco Jurídico de Paz”, algunos colombianos respiramos tranquilos. La norma que le otorgaba herramientas al Ejecutivo
para poder negociar con mayor flexibilidad también
imponía límites razonables para restringir la participación en política de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad.
La cerca se fue corriendo con el transcurrir de los meses, y el gobierno pasó de contar con aquel marco a no tener ninguno para poder permitirles de manera irrestricta la participación en política a los miembros del secretariado de las Farc, pese a no haber cumplido sus sanciones.
El silencio fue conveniente. La ambigüedad deliberada. Los negociadores tenían claro, al igual que los legisladores –incluidos los de Cambio Radical que ahora se rasgan las vestiduras–, que la posibilidad de que los miembros de las Farc hicieran política sin ninguna condición estaba pactada. Aprobaron el acto legislativo para la paz sin chistar e incluso aceptaron aplazar las discusiones de fondo para el momento en que se estudiara la ley estatutaria, a sabiendas de que si no se introducían cambios serios en la reforma constitucional, sería muy poco lo que podría lograrse después.
Así las cosas, la candidatura de Rodrigo Londoño, Timochenko, lejos de sorprendernos nos confirma nuestros peores temores: que las víctimas no fueron ni son el centro de la negociación; que el presidente mintió no una, sino varias veces cuando en junio de 2015 le dijo a Claudia Gurisatti en Noticias RCN que “no habría curules gratis para las Farc” o cuando en el debate presidencial de El Tiempo en 2014 sentenciaba que “cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel porque así lo dice la Constitución Nacional y la legislación internacional”.
Lo que de verdad ofende de la candidatura del señor Londoño no es que pueda llegar a ser presidente –por ahora bastante improbable–, sino que él y el resto del secretariado se presenten como candidatos legítimos con todas las gabelas del Estado sin haber aportado verdad y reparación a las víctimas del conflicto, sin haber entregado los bienes que prometieron en su exiguo listado y, de remate, usando las mismas siglas con las que infligieron temor y muerte a millones durante décadas.
Ahora, el señor presidente les pide más generosidad a las víctimas que apoyaron el acuerdo. Como si hubiese sido poca la cuota de dolor que aportaron con sus seres queridos secuestrados, desaparecidos y asesinados. Como si no hubieran sido lo suficientemente generosos acudiendo a La Habana a darles la cara a sus victimarios, participando de actos privados de perdón que no se compadecen con las exigencias de verdad completa y real contrición.
Lo que nos pide Santos no es ya que renunciemos a la justicia maximalista, sino que abandonemos las exigencias mínimas que deberíamos hacerles a las Farc.
La candidatura que ofende, la del señor Londoño o la del temible Timochenko, condenado a más de 400 años de prisión si fuera posible sumar sin límites sus múltiples penas, se convierte, pues, en el más grande desafío al Estado social de derecho desde 1991 y en un papayazo de lujo para que la Corte Penal Internacional pase de las advertencias a la acción, porque si hay algo que transgrede más la obligación suscrita en el Estatuto de Roma de investigar y asignar sanciones proporcionales a la gravedad del delito, eso es permitirle a un violador de los derechos humanos ser candidato presidencial sin arrimarse medianamente a la justicia transicional.
La aspiración de Timochenko indigna y duele, no porque le fuera vetada para siempre la posibilidad de hacer política, sino porque su inmediatez implica impunidad y se erige como la peor bofetada a las víctimas y a las instituciones del país. n