Eliminar las EPS: ¿por qué es una de las peores ideas de Petro?

La designación de Carolina Corcho como próxima ministra de Salud generó una enorme resistencia por parte de la opinión pública. Muchos la consideran una persona radical, con una agenda política por encima de la ciencia. Se hizo verdaderamente célebre hace un par de años cuando se dedicó a difundir fake news para atacar al ministro de Salud y el manejo de la pandemia en Colombia: por ejemplo, dijo que solo hasta el año 2023 Colombia tendría al 70 % de su población vacunada contra el covid-19. Ni Julián Román se atrevió a tanto.

Más de 85 millones de vacunas después y con el país ocupando el puesto 12 a nivel mundial entre los que mejor manejaron la pandemia, podemos concluir que Corcho estaba profundamente equivocada. Pero Petro la premió con el Ministerio de Salud.

Si por algo es conocida la señora Corcho es por su cruzada en contra de las EPS. Para ella, estas entidades son la encarnación de los peores males del mundo. Esto es lo que ha despertado más inquietud en la ciudadanía.

¿Por qué la señora Corcho quiere eliminar las EPS?

Para empezar, todo el relato petrista se puede resumir en la idea de que las EPS “convirtieron el derecho a la salud en un negocio”. Es una media verdad que hay que coger con pinzas, sin demagogias, porque lo contrario a un derecho no es el lucro, sino precisamente la ausencia de ese derecho.

En el año 95, antes de la Ley 100, la cobertura en salud era del 29,2 % en Colombia. Hoy, dicho indicador, que es la puerta de entrada a la garantía del derecho a la salud, bordea el 99,6 %.

El sistema de salud en Colombia no es perfecto, requiere muchos ajustes, pero sí es ejemplar a nivel regional. Gracias a la Ley 100 que lo rige, el país dio un salto impresionante en temas de cobertura y aseguramiento: aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en EE. UU. o Gran Bretaña, las familias no se quiebran económicamente cuando alguno de sus miembros sufre de cáncer. El llamado “gasto catastrófico” está cubierto y cada colombiano paga solo una fracción de lo que valen en realidad tratamientos, operaciones y medicamentos, que en otros países son cobrados plenamente a los pacientes.

Según el BID, los colombianos destinan el 15,36 % de sus ingresos a gastos en salud, mientras que en países tan anhelados para el petrismo como Venezuela, esta cifra llega al 64,33 %.

Decir esto va contra el relato del fracaso, que lleva más de 12 años taladrando a la ciudadanía con la idea de que nuestro país es un infierno donde no se puede vivir. Por ejemplo, y para seguir hablando de la misma enfermedad, en un trino que luego borró, Corcho dijo que “las EPS no tratan el cáncer”. Llegar a ese nivel de opinión delata que la próxima ministra pierde los estribos cuando habla de las EPS y que está dispuesta a ofrecer medias verdades en el tema.

Pero el relato negativo ha hecho mella en muchos ciudadanos. En esa tónica de creer que Colombia es lo peor, muchos consideran que nuestro sistema de salud es terrible. Paseos de la muerte, tutelas para lograr atenciones, baja calidad en atención son hechos que puntualmente existen, pero en ningún caso son habituales como lo quieren hacer ver.

De hecho, algunos son casos aislados y obedecen a que el sistema de salud colombiano tiene muchas tuercas que ajustar: lo que faltan son más hospitales, más personal médico, más industria para que la cobertura no signifique colapso. En eso, las EPS son necesarias.

La propuesta de Petro para nuestro sistema de salud, en cambio, es eliminar de un plumazo las EPS y darles el manejo de toda la cadena a entes territoriales de naturaleza pública. Es decir, que la salud sea manejada, en últimas, por caciques como Roy Barreras. Volveríamos de inmediato al año 1994.

Paradójicamente, esta idea sí que pone en serio riesgo el derecho a la salud de los colombianos. Para empezar, habría una gran incertidumbre sobre toda la cadena en la prestación de los servicios, pues en la actualidad, las gobernaciones, alcaldías y Secretarías de Salud no cuentan con la capacidad técnica ni la infraestructura necesaria para asumir una reestructuración del sistema de salud de tal magnitud. ¿No es más práctico ajustar lo que sea necesario en el modelo de las EPS, que tumbar todo y volver a la tenebrosa época del Seguro Social?

Porque, en últimas, parece que la intención de Petro y Corcho es más ideológica que científica. La Ley 100 es uno de los grandes legados de Uribe y, como tal, es un objetivo a abatir por parte del petrismo más radical. Pero eliminar las EPS es algo más que suprimir el lucro para un privado que presta un servicio: en realidad, es acabar con una de las cosas que funcionan bien en el país.

Esta es una de las ideas de Petro más equivocadas, un error que literalmente nos costará muchas vidas, dolor, corrupción y sufrimiento.