Elon Musk no acabó con la salud

Cualquier mentira o elucubración es buena para tapar el desastre inducido por el gobierno al sistema de salud. Afirmaciones temerarias sobre robos, desfalcos o acumulaciones que nunca traen evidencias. Manipulación descarada de estadísticas de PQR y de tutelas. Ataques a médicos especialistas, aseguradoras, operadores logísticos, IPS y farmacéuticas. Y, ahora, Petro se hace la víctima y acusa a Elon Musk de censurarlo en respaldo a multinacionales que se roban los recursos de la salud.

Y el ministro Jaramillo: ¡ahí! Tinterillando ante una Corte Constitucional enredada con trucos y mentiras. Si alguien es responsable directo de la crisis de dispensación que padecen los pacientes en el país, es este ministro, que mezcla la soberbia sin fin, la ignorancia, el prejuicio y la ambición política en un cóctel mortal para los pacientes.

Con la exministra Corcho acometió la desfinanciación del sistema para inducir una crisis sistémica y lo lograron. Retrasaron los pagos de presupuestos máximos ya reconocidos de 2022. Dilataron los reconocimientos de presupuestos máximos de 2022, 2023 y 2024. Desconocieron las proyecciones oficiales del mismo Ministerio respecto de los reajustes requeridos en la UPC y echaron a los técnicos encargados de hacer los cálculos. Finalmente, desviaron el 5 % de la UPC (cerca de 4,2 billones en 2024) para financiar su fantasía politiquera de equipos territoriales de salud. Más de 81.500 contratistas financiados a los municipios con contratos en promedio de 3,3 meses de duración. Un período insignificante en el cual es imposible cumplir con el propósito de que cada equipo de 4 auxiliares de enfermería visite hasta 2.000 familias y hacerles encima un Plan Integral de Cuidado Primario (PICP). Los equipos nunca recibieron apoyo del Ministerio para el registro en el sistema Pisis de los extensos formularios de caracterización. ¿Costo de este chistecito? 1,5 billones solo en 2024. Beneficio para los usuarios: cero.

El desvío de recursos no para allí. Corcho y Jaramillo desviaron recursos de la prestación para llenar las alforjas de politiqueros en todo el país a través del Fondo de Infraestructura Hospitalaria con proyectos ‘chimbos’ de Empresas Sociales del Estado por más de 1,3 billones en lo corrido del gobierno y con un indicador promedio de ejecución inferior al 10 % según informes de la Contraloría.

Sobre los responsables de la crisis no caben dudas. Sobre sus intenciones tampoco. El propósito ha sido controlar la plata de la salud en el sistema general y el Fomag. Enchufan a todo tipo de áulicos que ordeñan los recursos y contratos con restricciones de reconocimiento, retraso de pagos y cambio de proveedores.

Sobre cuándo y cómo le responderán al país, a los pacientes, a los proveedores, los accionistas de las EPS, las IPS quebradas, los médicos y el personal asistencial no hay claridad. Tal vez nunca lo hagan. Nuestra justicia ha demostrado amplia tolerancia para la negligencia criminal de la izquierda cuando gobierna.

Pero hay acciones concretas que todas las fuerzas de oposición deben empezar a discutir y estructurar desde ya para romper la resistencia de los intereses especiales, las barreras jurisdiccionales reales o inducidas y los administradores impuestos por el petrismo. También hay que superar la ruptura de la confianza de los inversionistas y actores de la cadena de valor. Las acciones de salvamento deben combinar el despliegue rápido con la proyección de mejoras estructurales y el control viable y efectivo de los recursos.

Es esencial rehabilitar el control del gasto médico. Debe rechazarse la pretensión de las EPS sobrevivientes de volverse verdaderos intermediarios, como lo pretende la reforma con el esperpento de las gestoras en salud. El aseguramiento debe mantener posición propia, ejercer control del costo y debe respetarse su misión en la definición del riesgo asumido y trasladado a través de la prima. La interferencia, principalmente judicial, en la definición de los planes de atención debe cesar.

El país debe aceptar que el régimen subsidiado es insostenible fiscalmente e implica una indebida dedicación de recursos a poblaciones que deberían asumir una mayor responsabilidad sobre su seguridad social en salud. Cerca de la mitad de los usuarios del subsidiado, que representan el 55 % del total, están indebidamente registrados en el Sisbén y no corresponden a la población objetivo. Deben aportar al sistema de salud, así sea progresivamente, de acuerdo a sus niveles reales de ingreso.

La determinación de la UPC, en todas sus diversas manifestaciones, deberá ser realizada por una comisión técnica actuarial independiente que no dependa del gobierno de turno, que garantice el flujo y el análisis imparcial de los sistemas de información de incidencias y costos y que represente a toda la cadena de valor, pero no se someta a transar intereses especiales. El sistema unificado de registro de atenciones, idealmente asociado a la historia clínica electrónica interoperable de la ley 2015, debe ser implementado aceleradamente e interactuar efectivamente con las bases de datos de la Registraduría.

El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud no puede seguir siendo un mendigo de recursos ni un contratista de fabricantes o farmacéuticas. Debe elevarse a un órgano sólido e independiente de evaluación que defina, sin excepciones, con alcance nacional y capacidad de definición judicial, la pertinencia terapéutica de medicamentos, tratamientos y procedimientos con preeminencia de la eficacia verificada.

Las EPS indígenas deben desaparecer. Sus indicadores generales son desastrosos y dañan los promedios nacionales, al punto que legitiman en parte el discurso demagógico de Petro. Los departamentos con poblaciones marginales y dispersas deberán ser atendidos mediante una sola EPS especializada que concentre el riesgo y otorgue una cobertura diferenciada para responder a la epidemiología específica con una UPC diferenciada.

Finalmente, las UPC diferenciadas pueden desarrollarse de tal manera que el sistema no siga premiando a las EPS que seleccionan, evitan o dilatan la atención de enfermos crónicos, de cáncer o de alto costo y, por el contrario, estimule económicamente a las EPS que atiendan mejor estos casos y reduzcan el costo, la incidencia o las complicaciones.

Ideas hay, pero hay que discutirlas y concertarlas ahora.