La ley para encarcelar periodistas

Nahún Sánchez y Juan Esteban Mejía son dos periodistas que están corriendo el riesgo de ir a prisión por hacer su trabajo. El primero, tuvo audiencia de formulación de acusación hace no menos de dos semanas. El segundo, fue citado para esa diligencia en octubre de este año. Hay un proyecto de ley que puede empeorar la situación en casos como los de ellos.

En 2011, Juan Esteban Mejía, periodista de Semana, realizó una investigación sobre el médico Carlos Alberto Ramos Corena. El periodista había encontrado que ese profesional había ganado reconocimiento como cirujano plástico en Medellín, cuando su grado era solo de médico general. No obstante, en la edición, revisión y corrección del artículo, el texto fue cambiado e incluyó la afirmación de que “un hombre sin tener título de médico se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más consultados de Medellín”. Tal frase era errada. El médico interpuso una denuncia por injuria y calumnia en la que Mejía terminó empapelado.

Hoy, casi cinco años después de los hechos y más de un año después de que Semana rectificara y admitiera públicamente que esa afirmación no fue hecha por el periodista, la Fiscalía insiste con el proceso y lo ha citado a formulación de acusación.

En 2012, Nahún Sánchez publicó tres notas de opinión en varios medios de comunicación de Norte de Santander. En ellos, Sánchez cuestionaba la gestión del entonces Secretario de Educación de Ocaña, Rafael López. Las críticas se centraban principalmente en que no había claridad en la contratación de la empresa organizadora de las fiestas de fin de año de ese municipio. López denunció al periodista por injuria, calumnia y falsedad. La Fiscalía decidió adelantar el proceso por injuria y acusó a Sánchez hace menos de dos semanas.

Mientras tanto, el Congreso está debatiendo una iniciativa que puede agravar la situación en este tipo de casos. Se trata del proyecto de ley de Contravenciones, que establece unas medidas para el juzgamiento de delitos “menos graves” que serían considerados como contravenciones. Este proyecto de ley fue presentado por el ex Ministro de Justicia, Yesid Reyes y tiene como ponentes a, entre otros, Angélica Lozano, Hernán Penagos y Germán Navas.

Este proyecto de ley no aumenta las penas de los delitos de injuria y calumnia. Tampoco las rebaja. El primero, tiene una pena de entre 16 a 54 meses de prisión; el segundo, tiene un castigo de entre 16 a 72 meses. Se esperaría que este tipo de restricciones a la libertad de expresión sean decididas con las mejores garantías, pero los autores y los ponentes de este proyecto no piensan igual.

Hoy en día, para juzgar cualquier delito, se tiene que pasar por cuatro audiencias. Con esta nueva norma, en el caso de las contravenciones, pasarían a ser dos. Esto, en casos como el de Nahún y Juan Esteban es muy grave. Se estaría decidiendo en muy poco tiempo y con menos garantías sobre castigar a una persona por ejercer su libertad de expresión. En últimas, se podría decir que se le están dando más chances de defensa a alguien que comete un homicidio (que no sería contravención) que a alguien que publica un artículo que no le gustó a un poderoso o a un famoso.

Pero la cosa no termina ahí. En el caso de las contravenciones, los abogados de la víctima pueden actuar como fiscales. Esto significa que los lujosos abogados de firmas de varios apellidos que suelen defender a los políticos y demás personas que denuncian por injuria y calumnia estarían confrontándose directamente con periodistas que muchas veces no tienen cómo pagar su defensa.

La injuria y la calumnia son delitos que, en la práctica, son inútiles. Según contó la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP en su informe anual de 2015, de acuerdo a cifras de la Fiscalía, entre 1998 y diciembre de 2014 se habían presentado 436 denuncias contra periodistas por este tipo de delitos. Aunque es muy raro que haya condenas, los periodistas sí tienen que vivir con la angustia de cargar con el proceso a cuestas, como lo contó el propio Mejía en una columna en El Espectador y tienen que correr buscando ayuda. En muchos casos, aunque se supone que el castigo de estos delitos busca resarcir el honor de las víctimas, eso no termina sucediendo. Los denunciantes terminan siendo calificados como censuradores y los artículos que escribieron en su contra son replicados por todos los medios.

Hay mecanismos más efectivos y menos peligrosos, como la rectificación y la tutela. Por estas vías, son muchos los medios que han tenido que corregir algún artículo o nota porque publicaron información falsa, inexacta o errónea y nadie tuvo que ir a prisión. Por esta y otras razones, son muchos los países que han derogado estos delitos.

La semana pasada, el Fiscal General, Nestor Humberto Martínez, hizo una advertencia sobre este proyecto de ley, relacionada con que esta iniciativa podría derogar la Ley Natalia Ponce y generar excarcelaciones masivas. El problema que cuento en esta columna también debe ser advertido y combatido por el Fiscal. Más aún, los ponentes del proyecto de ley deben arreglar estos errores. Llevar periodistas a la cárcel no debe ser una tarea tan sencilla.

La Vicefiscal, María Paulina Riveros, lideró la formulación de una política pública de libertad de expresión en la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Esa política identifica el uso desmedido de esos delitos como un problema a resolver. ¿Por qué el Fiscal y los ponentes del proyecto de ley no le preguntan a Riveros sobre este tema?

Mejor que eso, ¿qué les parece si en lugar de incrementar las penas de esos delitos hacemos que estos solo sean castigados con multa? Le harían un favor muy grande al país y a la democracia.

Corrección: En la primera versión de esta columna, publicada el 16 de agosto, aseguré que las penas de los delitos de injuria y calumnia iban a aumentar con este proyecto de ley. La fuente en la que me basé fue la base de datos de normas de la Alcaldía de Bogotá (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388). Este es un documento oficial que suele y debe estar actualizado. Sin embargo, en este caso, la información sobre estos delitos está errada. El proyecto de ley no aumenta las penas de esos delitos. Esta actualización no deja de lado los demás problemas señalados en esta columna.

* Asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa. - @EmmanuelVP