Sexo y poder: ¿Intimidad o interés público?

El 16 de febrero, la FM dio a conocer un video en el que el capitán Ányelo Palacios y el hoy ex Viceministro del Interior, Carlos Ferro, tenían una conversación de alto contenido sexual. Esta noticia, al igual que lo ocurrido hace menos de un mes con la foto del pene del ex Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, trae un debate sobre hasta qué punto pueden meterse los medios de comunicación en la vida íntima de los funcionarios públicos. En ambos casos, el resultado ha sido el de la renuncia de los implicados: Ferro, el General Palomino y Otálora.

Existen muchas personas que consideran que La FM se extralimitó con publicar el mencionado video. Entre algunos argumentos se encuentra que esto afecta a la familia de Ferro y que la publicación tiene un tinte moralista. En últimas, la gente se pregunta si de verdad vale la pena mostrar un video en el que dos personas tienen una conversación sobre sus preferencias sexuales y que da a entender que después se pasó de la palabra a la acción.

Pero no se trata de cualquier video ni de cualquier persona. Se trata de un funcionario público de alto nivel en un hecho que podría estar relacionado con un delito, como es la posible existencia de una red de prostitución en la Policía Nacional. Algo parecido pasa con el caso de Otálora. No se trata de una foto de un pene enviada por mi amigo Javier a su novia. Es el caso de un funcionario público de alto nivel que envía una foto de sus partes íntimas a una subalterna.

El principal asunto se centra en que los funcionarios públicos tienen menos derecho a la intimidad que las personas del común y esto se acentúa aún más entre más alto sea el nivel. Dependiendo de la persona y del cargo que desempeña, habrá asuntos que la sociedad va a tener más interés en conocer. Es posible que a nadie, más allá de la asesora financiera de mi oficina, le interese saber en qué me gasto los viáticos en mis viajes de trabajo. Y algo parecido pasa con temáticas que pueden verse más ajenas a lo laboral. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con el ex Presidente Argentino, Carlos Menem.

En el caso de Menem, unos periodistas publicaron un libro en el que se hablaba de que ese funcionario tendría un hijo extramatrimonial. Como Menem no estaba conforme con la publicación, demandó a los periodistas. Después de los diferentes trámites internos, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra del ex Presidente. La razón para esto es que los funcionarios públicos deciden exponerse a la mirada de la sociedad, caso que se acentúa con los que son elegidos popularmente. En el caso del Presidente, al ser la persona en el cargo de este tipo que es más importante en el país, la posibilidad de invadir su intimidad va más allá de temas oficiales y puede llegar, incluso, a este tipo de asuntos.

Esto no pasa solo porque la persona esté en X o Y cargo. Esto pasa porque las actividades que realizan son de interés público. En cierta medida, en algunos casos, situaciones como las que se han denunciado pueden tener un efecto sobre la forma en que desarrollan las funciones públicas de estas personas o la legitimidad que tienen para poder realizarlas.

En el caso de Otálora, tal y como lo dijo el ex Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales, Luis Manuel Castro, en su carta de renuncia, se trata de la persona encargada de promover y defender los derechos humanos, incluyendo los de las mujeres. Conocer asuntos que pongan en evidencia la forma en que este funcionario trata a las mujeres puede ser relevante para valorar la legitimidad de sus actuaciones oficiales. En el caso del ex Viceministro Ferro, se trata de alguien que tenía dentro de sus funciones las de formular, adoptar y hacer seguimiento a políticas dirigidas a fortalecer el orden público interno, las cuales requieren trabajar de mano con la Policía. La sociedad tiene derecho a saber si este señor tenía algún tipo de conflicto de interés o malas prácticas que pudieran afectar el desarrollo de esa y otras funciones.

Y, por último, está el contexto. Este caso no se da en el momento más tranquilo para la Policía Nacional. Las denuncias sobre una presunta red de prostitución dentro de esa entidad llevan ya un buen tiempo y son muy graves. El video es aportado por alguien que afirma ser víctima. Además, aunque no hay en ningún momento un diálogo del estilo “-Hola, ¿eres de la comunidad del anillo?-Sí- ¡Genial!”, da indicios importantes de que algo puede estar sucediendo. Esto se debe sumar a las declaraciones dadas por Palacios, quien contó los abusos de los que habría sido víctima y por los que declaró que “me daba miedo y temor que me mataran (…) me miro al espejo y me da asco”. De ser cierto, la gravedad no estaría en que los hechos se conozcan, si no en que sean verdad.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que fue el propio Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quién afirmó que este video no solo es una prueba de dicha presunta red de prostitución, sino que “también involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República, en complicidad con algunos oficiales de la Policía Nacional”. El caso es tan grave que no significó solamente la renuncia de Ferro, si no la del Director de la Policía.

Sobre la pregunta de si publicar ese video puede herir susceptibilidades, la respuesta puede llegar a ser que sí. También es cierto que la discusión no se debe centrar en si Ferro es homosexual o no y si eso está bien o mal. La discusión se debe centrar en que lo que revela el video puede ser un hecho importante para la sociedad y que los medios de comunicación tienen el derecho de darlo a conocer. Si se tratara del buen gusto, los periódicos podrían llegar a  estar vacíos y la televisión, la radio y el internet serían pura estática.

Por otro lado, está la ética periodística y la autorregulación de los medios de comunicación. Por ejemplo, hay quienes dicen que el video podía mostrarse editado con el fin de evitar el morbo, como se hizo con la mencionada foto de Otálora. Independientemente de si esa es la solución válida, este caso y otros recientes deben plantear una pregunta sobre qué están haciendo los medios para autorregularse. Más aún cuando son varios los periodistas que han criticado la publicación de la FM.

Como la Constitución y los tratados internacionales prohíben la existencia de entidades del Estado que regulen a los medios, la respuesta frente a extralimitaciones en estos temas siempre ha sido que los medios deben autorregularse.  En Colombia, esto se ha limitado a algunas prácticas de cada sala de redacción. En otros países, como Inglaterra, a raíz de un caso más complicado que ocurrió con un periódico, se promovió la creación de una entidad autorreguladora de los medios escritos, con mecanismos para actuar en casos graves, pero sin la intervención del Estado. Esta no tiene que ser la solución para Colombia, pero queda la pregunta sobre qué se debe hacer.

*Asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa @EmmanuelVP