En Colombia, la prioridad es el delincuente

No sé si a ustedes, queridos lectores de esta columna, les sucedió lo mismo que a mí como colombiano esta semana, cuando como resultado de una guerra probablemente relacionada con temas de narcotráfico, fue asesinado en las calles de Medellín alias Pichi Gordo, reconocido como uno de los líderes de la terraza y de la llamada oficina.

Uno esperaría que el presidente de los colombianos expresara su consternación por lo que estaba ocurriendo en la segunda ciudad del país y que ordenara a la diezmada Policía iniciar las investigaciones correspondientes. Pero no, el señor Petro en su cuenta de X escribió: “La muerte de Edison Rodolfo Rojas es un atentado contra el proceso de paz que el Gobierno nacional adelanta con las bandas locales del Valle de Aburrá”. ¿Acaso alguien sabía que el señor Rojas era un gestor de paz?

Lo que ocurrió en Medellín no es más que un ejemplo de muchos otros hechos que están ocurriendo en Colombia como resultado de una política de paz total que hasta ahora solo ha generado permisividad del Gobierno para que los delincuentes hagan lo que quieran dentro de sus territorios.

Como ya he mencionado en varios artículos, nuestras fuerzas militares solo son espectadoras de sus actividades delictivas de narcotráfico y afines, porque sin excepción todos los grupos que están en conversaciones con el Gobierno son narcoguerrilleros o pertenecen a bandas criminales de dichas organizaciones.

Lo que sí es justo señalar es que la lucha contra las actividades de narcotráfico por parte de las Fuerzas Militares y de Policía es muy eficiente con los grupos delincuenciales que están fuera de las conversaciones de paz total. Lo único que esperamos los colombianos es una lucha frontal contra los delincuentes, estén o no amparados por procesos políticos que benefician al gobierno de turno.

El proceso que está llevando a cabo el gobierno del cambio al negociar con organizaciones plantea varias circunstancias y riesgos, cuyas consecuencias difícilmente serán positivas, especialmente cuando se trata de organizaciones con tentáculos extendidos en múltiples países debido a actividades delictivas transnacionales, como el narcotráfico.

Las repercusiones de estas negociaciones con los grupos actuales y los que probablemente se sumen en el futuro son preocupantes:

• Pérdida de autoridad y legitimidad del Gobierno: al negociar con delincuentes y al debilitar las fuerzas militares y policiales, el gobierno del cambio está poniendo en riesgo su autoridad y legitimidad ante la sociedad. Los narcotraficantes ya han percibido la debilidad institucional y la incapacidad del Gobierno para hacer cumplir la ley.
• Inequidad y falta de justicia: las negociaciones con delincuentes pueden conducir a tratos preferenciales o indulgentes hacia aquellos que han violado la ley, como está sucediendo con los participantes en las conversaciones de paz total. Esto aumentará las demandas de tratos preferenciales por parte de aquellos grupos que no han participado en las negociaciones, como el Clan del Golfo y otras bandas criminales, lo que socavará el principio de igualdad ante la ley y erosionará la confianza en el sistema de justicia.
• Fomento de la delincuencia: negociar con delincuentes envía el mensaje equivocado de que la violación de la ley puede llevar a beneficios o concesiones. Existen numerosos ejemplos en Colombia donde negociaciones similares han incentivado más actos delictivos en lugar de disuadirlos.
• Riesgo de corrupción: las negociaciones con delincuentes pueden exponer a funcionarios públicos y líderes a situaciones de corrupción. Ya se han dado varios ejemplos, especialmente en temas relacionados con tierras y beneficios especiales otorgados por el Gobierno a los grupos involucrados en las conversaciones de paz total. Estos favorecimientos debilitan la integridad de las instituciones y fomentan la impunidad.

Negociar con delincuentes plantea desafíos éticos y de gobernabilidad, como lo está haciendo el presidente de los colombianos y sus más cercanos funcionarios, generando efectos perjudiciales en el Estado de derecho y la cohesión social. Es fundamental abordar la delincuencia y el cumplimiento de la ley de manera coherente, fortaleciendo las Fuerzas Militares, de Policía y otras instituciones del Estado.

La justicia y la legalidad deben ser los pilares fundamentales de una sociedad democrática y segura, en lugar de permitir que sean los delincuentes quienes dicten el rumbo de una nueva institucionalidad, con el Gobierno persiguiendo el éxito político a expensas de la seguridad ciudadana.

Por eso, como ocurrió la semana anterior, cuando masivamente los colombianos salimos a las calles para expresar nuestro desacuerdo con la entrega de la institucionalidad y la seguridad a los delincuentes, es importante que la sociedad actúe de varias formas para contrarrestar esta situación:

• Organización ciudadana: es esencial que la población se una en sus comunidades para protegerse mutuamente, tal como lo está haciendo el gremio ganadero. Este esfuerzo debe ampliarse a otros gremios y comunidades, tanto en áreas urbanas como rurales, donde lamentablemente el Estado no está presente. Es crucial que el Gobierno comprenda que su prioridad debe ser la protección de los ciudadanos, y no favorecer a organizaciones delictivas que se amparan en procesos de paz que no conducen a ninguna parte, dado su vínculo con actividades delictivas transnacionales como el narcotráfico.
• Presión constante sobre las autoridades: a través de protestas pacíficas, marchas y participación activa en procesos políticos, es posible que la sociedad ejerza presión sobre las autoridades para que tomen medidas efectivas contra la delincuencia. Esta estrategia ya se ha puesto en marcha y es crucial para garantizar que las autoridades respondan adecuadamente a las necesidades de seguridad de la población.
• Apoyo decidido a gobernadores y alcaldes: es fundamental respaldar a aquellos gobernadores y alcaldes que, manteniendo su independencia del Gobierno central, lideran esfuerzos desde las subregiones para fortalecer la democracia en riesgo. La apuesta del Gobierno central por una política de paz total, que beneficia a los delincuentes, está socavando la institucionalidad. Por lo tanto, es importante identificar y colaborar con las autoridades regionales comprometidas con el bienestar de la sociedad y la lucha contra la delincuencia.