Carta abierta al presidente Santos

Señor Presidente Santos:

Respetuosamente, me dirijo a usted a través de esta carta abierta con el propósito de implorarle que declare de manera inmediata el estado de excepción en el departamento de La Guajira -situado en el extremo norte de Colombia-, con la intención inaplazable de detener el genocidio por hambre más grande del mundo actual, del cual es víctima la nación wayúu.

Existe un debate macabro sobre si los niños wayúu muertos de inanición en el transcurso de los últimos años son cinco mil o siete mil. Recuerdo que usted terció y, tratando de tranquilizar al país, se aventuró a sostener que no es más que exageraciones, pues no llegan ni a 300. No se gana nada con minimizar este desastre, que espeluzna. No obstante, suponiendo que el genocidio fuera solamente en la cantidad que usted dijo, pensemos por un momento –para tratar de imaginar el tamaño de este horror- lo que serían esos 300 cadáveres de niños menores de cinco años puestos al mismo tiempo en la Plaza de Bolívar, a la que tienen vista todos los altos poderes de Colombia, que se mantienen de espaldas a este proceso de exterminio de un grupo humano colombiano, sometido a los estragos de la corrupción absoluta, la injusticia y de olvido.

Sin ánimo de debatir las cifras, quiero contarle que, desde diciembre de 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) dictó medidas cautelares para los moribundos niños wayúu, el líder indígena Javier Rojas Uriana y yo hemos contabilizado 110 muertes por inanición de niños wayúu, únicamente en la porción de La Guajira donde habitan las paupérrimas comunidades de esa etnia vinculadas a la Asociación Shipia Wayúu. Respecto de los bebés muertos por la misma causa en el resto de la extensa La Guajira, no hay registros.

Cada una de las muertes comprobadas, por su parte, la doctora Carolina Sáchica las ha reportado minuciosa y documentadamente a la CIDH. Inclusive, le ha avisado a esa alta instancia internacional sobre decenas de niños que, de no recibir atención del estado colombiano, morirían, y, en efecto murieron como animales. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, incluso, llegó a declarar –como si se tratara de un plan de gobierno- que los niños wayúu continuarían muriendo y, ciertamente, eso es lo que sigue sucediendo.

La doctora Sáchica no solamente consiguió las medidas cautelares de diciembre de 2015 para los niños wayúu, sino que este mes logró que la CIDH dictara otras en defensa de las mujeres lactantes y gestantes de esa etnia. Paralelamente, el pasado viernes consiguió que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fallara una acción de tutela ordenando que su gobierno, antes de 48 horas, responda con argumentos de fondo al pedido que ella le hiciera a usted en solicitud de la declaratoria de estado de emergencia en La Guajira por razones sociales, económicas y ecológicas. Es la única manera de frenar el genocidio y acatar las medidas de la CIDH (de obligatorio cumplimiento), las que hasta hoy le han quedado grandes al grupo de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores al que se le encomendó atender este asunto con los wayúu, a quienes de esta manera se les está dando trato –con desprecio- de pueblo extranjero. La mortandad imparable de bebés wayúu y de mujeres gestantes y lactantes es prueba de sobra para afirmar que entidades como el ministerio de Salud y el ICBF han fracasado por completo en La Guajira y a un costo imperdonable: el genocidio.

Lamento informarle, señor Presidente, que las entidades estatales que lo informan sobre La Guajira, le mienten y lo engañan. ¿Sabe usted que los pozos de agua que hace un tiempo viajó a “inaugurar” fueron hechos por la dictadura de Rojas Pinilla, hace casi 60 años? o ¿le han dicho que en Riohacha solamente fluyó agua durante casi todo el día la vez que usted fue a inaugurar el acueducto?

El estado de emergencia -que solamente le compete a usted dictarlo- para frenar el proceso de exterminio de un pueblo indígena, no es para constituir un régimen militar, como se ha dicho, ni para derrocar al corrupto actual gobernador departamental, a un paso de perder el cargo para el que fue elegido fraudulentamente hace tres meses. Sus siete antecesores inmediatos están en la cárcel o a las puestas de ella por ladrones, asesinos y narcotraficantes. Pero esto último es asunto de la justicia ordinaria.

A pesar de las regalías por más de US$2.000 millones que la Guajira ha recibido en menos de 30 años, la mayor parte de los indígenas de esa región del país vive en condiciones absolutamente infrahumanas: sin agua, sin alimentos, sin salud, sin transporte, sin educación, sin justicia y sin democracia, si tenemos en cuenta que esta ha sido raptada por gigantescas y poderosas bandas criminales.

Estoy convencido de que usted debe ser el primer asombrado al saber a ciencia cierta que el exterminio por hambre más grande del mundo actual está ocurriendo, irónicamente, en el único país del planeta gobernado por un Premio Nobel de Paz.